Se necesitaba un mínimo 40 votos a favor, pero la ratificación de los aspectos fiscales del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) ha conseguido la unanimidad (55 apoyos de 55 diputados presentes), como es tradición en Canarias desde que se reformó en 1986.
Y es que, aunque ha habido críticas menores y matizaciones, la parte fiscal del REF que fue aprobada por Real Decreto el pasado viernes por el Consejo de Ministros contiene prácticamente la totalidad de los objetivos que hace dos años y medio marcaron como prioritarios todos los grupos representados en la Cámara regional.
“Hoy es un gran día para Canarias y para los canarios. Hemos hecho un buen trabajo. Y lo hemos hecho entre todos”, agradeció a todos desde la tribuna el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz.
Un aserto que no fue del todo compartido por el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, cuando lamentó que “la sociedad siga desconociendo” la importancia del REF porque ni se la movilizó durante su debate ni se alentó su participación en el mismo.
Combatir el paro
El texto que entra en vigor el próximo 1 de enero tiene un claro objetivo: combatir las altas tasas de desempleo en las Islas. Pero está incompleto pues sólo hace referencia a los aspectos fiscales y los económicos, que requieren de un acuerdo y una negociación específica con el Gobierno de España, aún están pendientes.
Con todo, los portavoces que intervinieron en la sesión extraordinaria del Parlamento de Canarias resaltaron la importancia de los mecanismos aprobados para luchar contra el desempleo.
“Si hay un objetivo prioritario que ha guiado todos nuestros pasos, ese es convertir este REF en el más potente que haya tenido Canarias para generar empleo”, ha dicho González Ortiz, desde la tribuna.
Los distintos intervinientes resaltaron varios de los instrumentos del REF que se han reformulado o creado de forma específica para mantener y crear puestos de trabajo, como el caso de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las nuevas vías para la inversión indirecta con el fin de que pequeñas empresas y profesionales puedan participar conjuntamente en proyectos de terceros de mayor dimensión.
Además, se podrá materializar RIC, hasta un máximo del 50% de la dotación, en la creación de puestos de trabajo sin que necesariamente esté vinculada a la realización de inversiones iniciales siempre que se incremente la plantilla media total de los 12 meses anteriores y se mantenga entre 5 y 3 años.
Al respecto, el portavoz del Grupo Socialista consideró “importante que un instrumento como la RIC se ponga al servicio del empleo”, pero recordó que ésta es “una solución de segundo orden respecto a la propuesta que había defendido el Parlamento de Canarias, la bonificación o reducción de las cuotas de la Seguridad Social”.
También y de cara a potenciar la internacionalización de las empresas, se crea la Deducción por Inversiones en África Occidental, ideada para las pymes, siempre que se creen nuevos puestos de trabajo en Canarias.
Otras de las novedades del REF fiscal radica en la Zona Especial Canaria (ZEC), pues se eliminan los actuales límites de bases imponibles para obtener una tributación de sólo un 4%, siempre que las sociedades garanticen un mínimo de 50 puestos de trabajo.
Todos estos motivos llevaron al presidente del Grupo Popular, Asier Antona, a asegurar que “es hora de que Canarias le diga al mundo que somos una verdadera tierra de oportunidades para invertir”.
Derecho blindado
Sin embargo, salvo los conservadores, el resto de los portavoces incidieron en la necesidad de blindar el REF en la Constitución.
El primero en lanzar la pelota fue el líder de NC, recordando que sistemáticamente todos los gobiernos del Estado han “incumplido” el REF, por lo que el mismo debería estar reforzado en la Carta Magna y en el Estatuto, un aserto que fue defendido por el portavoz nacionalista, José Miguel González.
“Al REF no se le puede conceder una autonomía arbitral en la regulación económica canaria y esta es una reforma que no puede aislarse de nuestro reclamado nuevo Estatuto de Autonomía”, enfatizó el socialista Pérez.
“Este instrumento habrá de quedar blindado de los vaivenes económicos y de las voluntades de los gobiernos de turno. Se trata de un derecho inalterable que habrá de concretarse en el máximo ordenamiento jurídico”, concluyó González Ortiz.