LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), ha manifestado este sábado que hay que mandar a los controladores “a la calle y despedirlos a todos” por el daño que están causando no sólo a los pasajeros, sino a la imagen de España y de las islas en el exterior, que consideró vital para el turismo y la economía.
“Hay que poner a los 2.400 --controladores-- en la calle. Hay que hacer lo que hizo Reagan, mandarlos a la calle, despedirlos a todos. La respuesta institucional no puede ser otra que a la calle. El daño que nos están produciendo es irreparable, sólo recuperable con una medida muy contundente del Gobierno del Estado, que marque y se sea noticia mundial”, dijo.
En este punto, Rivero explicó que el ex presidente de Estado Unidos, Ronald Reagan, ya lo hizo en su día al “poner en la calle” a más de 11.000 controladores, y reconoció que aunque tuvieron muchos problemas para reconducir la situación, al final se normalizó “y se acabó con el chantaje de este grupo de privilegiados”.
“Es la oportunidad --agregó-- para que el Gobierno español ponga definitivamente orden en el control aéreo y que se revierta la situación. Tenemos que revertir la situación y ganar de nuevo la credibilidad de un destino turístico tan importante como es España. Es nuestra principal fuente de riqueza en un momento de crisis y necesitamos golpes contundentes para que el que viaje a Canarias tenga la garantía de un Ejecutivo que toma decisiones y que no se deja presionar ni chantajear”.
Respecto a los controladores, el nacionalista comentó que han generado un “caos” de condiciones impredecibles, recordando que en la denuncia que el Gobierno canario ha presentado ante la Fiscalía se exigen medidas penales y que asuman la responsabilidad de los daños económicos que se están produciendo.
Aquí, opinó que la Justicia tiene que trabajar en la vía de investigar si hay un hecho delictivo y en la de la responsabilidad civil pecuniaria “dando el daño que están produciendo a la economía de las islas”.
Sobre las prioridades del Ejecutivo nacional ante esta situación, Rivero entendió que se deberían centrar “lo más urgente posible” en el archipiélago, puesto que las islas no tienen alternativas de transportes como ocurren en el territorio peninsular. “Canarias está conectada con el exterior y dependemos de los sistemas control de otros aeropuertos, pero que nos permitan estar operativos en los ocho recintos aeroportuarios canarios”, matizó.
“ESTO FUNCIONA COMO UNA SECTA”
Asimismo, cuestionado por los movimientos de los controladores canarios (que comenzaron a trabajar y volvieron a dejar sus puestos por las presiones de sus compañeros), hizo especial hincapié en que “esto funciona como una secta”.
“Los controladores canarios --añadió-- dieron un paso responsable hacia adelante abriendo el espacio aéreo y parece que tienen disposición a empezar a ser operativos, pero una orden de su sindicato en Madrid los llevó de nuevo a tener una actitud pasiva y a cerrar el espacio aéreo. Por lo tanto hablamos de un grupo de privilegiados que en estos momentos no merecen sino la repulsa”.
Para Rivero, esta repulsa tiene que ser institucional y ciudadana, aunque señaló que la ciudadana ya la tienen. “No es tolerable ni admisible que quienes ganan más de 200.000 euros anuales tengan un comportamiento tan poco solidario con el resto de la población”, apuntó.
De esta manera, pidió a los controladores que reflexionaran y pensaran sobre las familias completas que están tiradas en los aeropuertos en estos momentos sin saber cuándo ni cómo ni dónde encontraran acomodo en las próximas horas o días.
“VALORO POSITIVAMENTE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO”
El presidente canario valoró positivamente la actuación del Gobierno de España con las decisiones adoptadas a lo largo de las últimas horas, opinando que “van en la línea correcta” y asegurando que “ahora hay que ir a más”.
“Hay que hacer algunas modificaciones en el Código Penal e introducir como delito todo lo que significa que una persona desempeñe un cargo de responsabilidad no cumpla con su obligación y altere el normal funcionamiento de los servicios esenciales. Éste es un servicio esencial y, por lo tanto, es de una gravedad inmensa las decisiones de los controladores”, concluyó.