La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no permite que los ayuntamientos canarios, los colectivos sociales, científicos, profesionales o los colectivos ecologistas participen en el proceso de consulta en la evaluación de impacto ambiental del proyecto para realizar perforaciones petrolíferas frente a las costas de Canarias. Según denuncia el Cabildo de Fuerteventura, “sólo autoriza a algunos”.
El proceso de consulta, que se acaba de abrir ahora, permanecerá activo sólo durante 30 días “y tampoco permite que todos los cabildos de Canarias puedan opinar, ni las reservas de la Biosfera, ni los Patronatos de Espacios Naturales, ni los consejos insulares de agua de Lanzarote y Fuerteventura (curiosamente sí el de Gran Canaria), ni los consorcios públicos dedicados a la desalación y distribución de agua”. Eso sí, la mayoría de las consultas están dirigidas a organismos dependientes de la Administración Central, aseguran fuentes dela institución majorera.
“Ya hemos respondido que lo que tiene que hacer el Ministerio es suspender todo este proceso de autorizaciones y hacer caso a lo que reclama la sociedad y las instituciones canarias. No a los proyectos petrolíferos, sentémonos a hablar de proyectos alternativos de energías limpias”, explicó el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera.
El Cabildo señala que de la documentacion aportada por el Ministerio se pueden extraer “muchos datos sorprendentes”. Así, subraya que no se sabe dónde se va a perforar, ya que hay varios emplazamientos, o si se harán con un barco móvil o con una plataforma anclada al fondo.También denuncia que se verterán residuos al mar, que carecen de información detallada sobre la calidad de los ecosistemas afectados y su estado y que no incluyen ni una medida preventiva.
Traje a medida
“Demuestra que se está haciendo un traje a medida de Repsol y sus socias, que ya están especulando en la bolsa con las acciones y las participaciones sobre el mar canario”, resumió Mario Cabrera.
El presidente recordó que todos los ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote, los Cabildos de las dos islas, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias y múltiples colectivos profesionales, sociales, ecologistas, científicos y vecinales han manifestado de forma reiterada su firme oposición a la realización de estos proyectos, reclamando de forma clara y contundente su suspensión definitiva. “En el caso del Cabildo de Fuerteventura esta reclamación ha sido apoyada por el pleno de la institución a través de una docena de acuerdos plenarios adoptados sólo en este último año”, apuntó.
El Cabildo de Fuerteventura, en coordinación con otras instituciones y colectivos, ha presentado también diversas iniciativas de oposición a estos proyectos en el ámbito de las instituciones europeas y ante el propio Tribunal Supremo de España, actualmente en trámite, por lo que considera que cualquier tramitación administrativa al respecto “debe suspenderse ya y no seguir más adelante”, dijo el presidente del Cabildo.