SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 (EUROPA PRESS)
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha insistido en que las corporaciones locales han de seguir tomando medidas de austeridad y contención del gasto, así como evitar despidos implementando medidas de flexibilidad interna, movilidad geográfica y reducción de jornadas.
El responsable autonómico, a raíz de una interpelación formulada por el diputado popular Jorge Rodríguez, admitió la situación de “asfixia financiera” por la que atraviesan los ayuntamientos. Por ello, consideró que las corporaciones locales deben contar con un marco legislativo competencial y financiero adecuado, produciendo una actualización y modernización del marco competencial y de las funciones de las entidades locales, así como creando un nuevo sistema de financiación.
Igualmente, opinó que el Gobierno que surja tras las próximas Elecciones Generales debe impulsar “con urgencia” una nueva ley estatal de financiación local que cuente con el respaldo del Congreso.
Pese a todo, el consejero sí quiso aclarar que para paliar la situación que padecen los ayuntamientos en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma la aportación del Gobierno a los ayuntamientos sube un 5,8 por ciento y a los Cabildos algo más del 2 por ciento, lo que, en su opinión, “pone bien a las claras el firme compromiso del Ejecutivo hacia las corporaciones locales”.
En resumen, para Hernández Spínola la fórmula que permitirá solventar la actual situación es “evitar la confrontación, buscar el consenso, redefinir el papel de ayuntamientos, cabildos y Comunidad Autónoma en cuanto a su ámbito competencial, modificar el sistema de financiación, fomentar la colaboración interinstitucional bajo los principios de lealtad, cooperación y colaboración, y en definitiva, buscar la eficiencia trabajando con menos recursos”.
Por su parte, el diputado popular Jorge Rodríguez incidió en que la crisis ha hecho que “la primera trinchera” sean los ayuntamientos, dado que se enfrentan a “una situación dramática”. Por ello, consideró que la obligación del Gobierno de Canarias debe ser “la corrección de la situación actual y la ayuda a los ayuntamientos”.