Un superdomingo electoral el 26 de mayo, en el caso de que esa sea la opción que elija Pedro Sánchez tras el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado, podría convertirse en un caos en muchos puntos de votación de Canarias. La aplicación por primera vez de la reforma del sistema electoral isleño obligaría a instalar siete urnas para cada una de las circunscripciones en liza: Parlamento Europeo, Congreso, Senado, ayuntamientos, cabildos insulares y Parlamento regional, del que los electores pueden votar por dos listas, una insular y la otra regional.
Efectivamente, el nuevo sistema electoral canario, que se estrenará el próximo 26 de mayo, contempla dos circunscripciones electorales para el Parlamento regional, que pasará de los actuales 60 escaños a 70. De todos ellos, 61 serán elegidos por las actuales circunscripciones electorales (una urna) a razón de 15 diputados por Tenerife, otros tantos por Gran Canaria; cuatro por La Gomera, tres por El Hierro, y ocho respectivamente por Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, cuya representación crece en un acta por su incremento poblacional tras la última revisión del censo.
En otra urna los electores canarios deben elegir una lista regional de nueve parlamentarios con la que se pretende acabar con uno de los sistemas electorales más injustos del mundo que hasta ahora primaba el factor isla por encima del poblacional. Es lo que se conoce como triple paridad: archipiélago, provincia e isla, y que para algunos expertos no va a suponer un cambio radical en la actual correlación de fuerzas parlamentarias.
En estos momentos los tres diputados obtenidos en la isla de La Gomera por la Agrupación Socialista Gomera del exsenador del PSOE Casimiro Curbelo, alcanzados con tan solo 5.000 votos, inclinan la balanza hacia un gobierno conservador liderado por Coalición Canaria (CC), mientras que Ciudadanos quedó fuera de la Cámara en las elecciones de 2015 a pesar de haber obtenido 52.000 votos.
La reforma del sistema electoral canario se incluye en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que entró en vigor el pasado mes de noviembre y que también incluye la desaparición de los aforamientos para las autoridades autonómicas (parlamentarios y miembros del Gobierno regional). El primer afectado por la desaparición de los aforamientos, pionera en España desde la Constitución de 1978, es el presidente de la autonomía, Fernando Clavijo (CC), investigado por un juzgado de instrucción de la ciudad de La Laguna después de que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazara su causa por pérdida de competencia.
Clavijo está siendo investigado por su gestión al frente del Ayuntamiento de La Laguna en lo que se conoce como el caso Grúas: las ayudas y ventajas concecidas a una empresa concesionaria del servicio de retirada de vehículos de la vía pública actuando siempre en contra de los informes del interventor municipal. La empresa estaba regentada por un grupo de amigos del entonces alcalde de la ciudad, Fernando Clavijo.