El Tribunal Superior de Justicia de Canarias debe revisar el nuevo sistema de adjudicaciones de viviendas de protección oficial en el Archipiélago, regulado por el Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de VPO de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda.
Tras haber inadmitido una demanda de CCOO, al considerar que el sindicato carecía de legitimación activa para ser parte del proceso, ha sido el Tribunal Supremo, mediante sentencia de julio de 2009, quien ha dado la razón a Comisiones Obreras en casación, con el voto particular de dos magistrados.
De este modo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC debe entrar en el fondo del asunto y decidir si el decreto impugnado por CCOO vulnera artículos de la Constitución española y de otras normas legislativas. El sistema de adjudicación de VPO ahora en entredicho ha pasado a manos de una empresa privada, con la ex jefa de Servicio de Vivienda de Las Palmas de Gran Canaria, Lola López, al frente.
En 2007, Comisiones Obreras planteó un recurso contencioso administrativo por entender que el Decreto 138/2007 contraría los artículos 14, 19 y 139 de la Constitución, por establecer criterios discriminatorios entre españoles y extranjeros residentes legalmente.
A juicio de CCOO, también se vulnera el espíritu de algunos artículos de la Ley de Vivienda de Canarias, así como de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España, así como otras normas.
El Decreto impugnado que debe revisar el TSJC prevé un cupo general y otro especial de adjudicatarios de viviendas. En este último caso establece reservas de viviendas para emigrantes retornados, así como para personas con limitación, movilidad o comunicación reducida, además de mujeres víctimas de malos tratos, mayores y jóvenes.
De otro lado, el Gobierno ha creado dos sistemas de adjudicación, uno de vía directa y otro mediante sorteo. En este último caso, CCOO entiende que la fórmula del sorteo podría introducir criterior discriminatorios contrarios a los principios de justicia, equidad y solidaridad que establece la Ley de Vivienda de Canarias.