Por motivos desconocidos, los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria utilizaron varias estratagemas para sobrevalorar la parcela del Canódromo en los informes que emitieron en 2000, según se recoge en las conclusiones de la comisión especial de investigación a las que ha tenido acceso este periódico. Las conclusiones serán aprobadas el próximo viernes, día 26, en el pleno municipal, previsiblemente con los únicos votos del PSOE y de Compromiso, las únicas fuerzas políticas con representación municipal que accedieron a formar parte de la comisión de investigación a la que se opuso el PP.
Las conclusiones giran en gran medida alrededor de los criterios aplicados por los técnicos municipales a la hora de valorar la parcela del Canódromo a partir de que la promotora Improcansa y los anteriores propietarios de esa pieza de suelo se dirigieran al Ayuntamiento alegando que había entre ambos una opción de compra que, misteriosamente, no consta en el expediente.
Más de nueve millones de pelotazo
De la lectura del documento, de trece folios de extensión, se relatan las actuaciones de técnicos y políticos del Ayuntamiento tendentes a favorecer la operación urbanística, que supuso un pelotazo de más de nueve millones de euros gracias a las compensaciones otorgadas a Improcansa (luego sustituida por su filial Urbacan) a cambio de ceder una parte de la parcela). En esa cantidad no se incluye, sin embargo, el beneficio que pudo obtener la inmobiliaria por una de las parcelas recibidas como permuta en el barrio de Almatriche.
Los técnicos municipales emplearon varias argucias para inflar el precio del Canódromo. Siempre según las conclusiones, sortearon la ponencia catastral de valores del municipio, en vigor desde el 1 de enero de 1996, alegando que en mayo de 2000 que “estaba desfasada”. Además, los funcionarios adscritos al Servicio de Gestión Urbanística “no tuvieron en cuenta el polígono fiscal número 26”, el correspondiente a la zona del Barranquillo de Don Zoilo alegando que “no se corresponde con la realidad física”.
Sin embargo, la comisión de investigación ha constatado que esos mismos técnicos sí utilizaron posteriormente la ponencia catastral de valores y el polígono fiscal 26 “en varias decenas de informes de valoración de parcelas ubicadas en el mismo polígono fiscal a efectos de su obtención por expropiación, donde sí aplicaron la ponencia catastral de valores de 1995, vigente desde 1996”.
Pero en su empeño por propiciar la operación del canódromo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hizo otros encomiables esfuerzos, como modificar el primer borrador de convenio urbanístico a suscribir con Improcansa después de que la Consejería de Política Territorial pusiera serios reparos a la inclusión de usos residenciales en la parcela. Al aprobar definitivamente en diciembre de 2000 el nuevo Plan General, elaborado bajo el mandato del alcalde José Manuel Soria, Política Territorial no encontraba justificados esos usos residenciales y ordenaba que se eliminaran.
No lo hace del todo el Ayuntamiento, que presenta ante la consejería un requerimiento con algunas “nuevas determinaciones”, particularmente la de un Plan Especial que debía “estudiar las distintas alternativas en orden a establecer la mejor ubicación para la edificación residencial, dando prioridad a aquellas soluciones que representen una mejor ocupación del suelo (...) Los nuevos espacios libres y deportivos resultantes de la ordenación deberán ser, al menos, de 17.000 metros cuadrados”.
Con estas prescripciones, el Ayuntamiento se ve obligado a hacer en noviembre de 2001 una nueva propuesta de convenio con Improcansa, y para mantener los 40.950 metros cuadrados que había comprometido en su primera valoración de mayo de 2000, incorpora nuevas compensaciones en favor de la promotora inmobiliaria: una parcela en Las Torres con 9.180 metros de edificabilidad más “distintas parcelas del sector 13” con una edificabilidad de 16.950 metros cuadrados.
Así evolucionaron las parcelas de Improcansa
Improcansa-Urbacan termina recibiendo aprovechamientos urbanísticos en tres parcelas, según las conclusiones de la comisión de investigación, que relata de este modo la evolución que experimentaron:
- “El 26 de junio de 2002 la parcela 38.1 del Plan Parcial Sector 5 de Las Torres (6.028 m), valorada en 3.042.407,09 euros, fue vendida el 9 de agosto de 2002 por Urbacan a Realia por 7.518.761,40 euros, generando un beneficio de 4.475.354,31 euros.
- Por su parte, las parcelas de Obispo Romo y Henry Dunant, de 1.608,42 m-conocidas como las de El Canódromo- valorada el 27 de diciembre de 2003 en 2.571.656,84 euros, fue enajenada por Urbacan a Realia por 7.052.756,04 euros, obteniendo en este caso una plusvalía de 4.481.099,20 euros.
- Finalmente, en lo que se refiere al aprovechamiento -16.950 m- que se le tenía que atribuir en el Sector 13 de Almatriche, Urbacan cede el mismo a Urbis en escritura de 15 de diciembre de 2003, transmisión a terceros que se les ha autorizado“.