LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 (EUROPA PRESS)
El juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Telde, Sergio Ruiz, acordó hoy mantener la imputación por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al ex alcalde del municipio grancanario, Francisco Valido (PP), tras prestar éste declaración por la aprobación en 2003 de la permuta de un edificio de Jinámar por terrenos municipales con una empresa del grupo Hermanos Santana Cazorla.
El ex regidor argumentó que había “informes técnicos y jurídicos favorables” de los servicios del Consistorio para la operación y se negó a responder a las preguntas de la acusación particular durante su comparecencia, a la que no asistió ningún representante de la Fiscalía, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Dicha causa tiene que ver con una querella presentada por el actual grupo de gobierno del municipio grancanario, formado por PSC-PSOE, Nueva Canarias y Centro Canario (CCN), contra los políticos del PP y de la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca).
Valido argumentó que las competencias en Urbanismo las tenía delegadas en el ex concejal de Urbanismo, Guillermo Reyes (AFV-Ciuca) --que también compareció hoy ante el magistrado-- y dijo desconocer la tramitación de dicho expediente.
El ex primer edil --también imputado en el 'Caso Faycán' relacionado con el supuesto cobro de comisiones ilegales durante el anterior mandato local-- manifestó que él sólo intervenía cuando se llevaba el asunto a comisión de gobierno o al pleno y que, además, preguntaba al entonces secretario del Ayuntamiento, Jorge Lang-Lenton, si el expediente estaba completo y éste le decía que “todo era correcto”, añadieron las fuentes.
“EFICACIA DE LOS FUNCIONARIOS”
En los mismos términos se expresó Reyes, que se amparó en informes técnicos municipales favorables y, en especial del entonces jefe de servicio, y dijo que se limitó a firmar el expediente, al igual que manifestó que confiaba en la actuación del secretario de la corporación. En este sentido, fuentes judiciales apuntan la posibilidad de que el magistrado cite a declarar a Lang-Lenton para escuchar su versión de los hechos.
Igualmente, cuestionado por el juez sobre la celeridad en la que el Ayuntamiento tramitó en siete días la solicitud de la empresa hasta la resolución municipal, Guillermo Reyes contestó: “No entro ni salgo en cuanto a la eficacia de los funcionarios”.
También prestaron declaración durante la misma jornada la ex presidenta del PP local y ex concejala de Obras Públicas, Contratación y Solidaridad, María Antonia Torres González (PP), principal imputada en el 'caso Faycán', y la ex concejala de Desarrollo local, Pymes, Mujer y Seguridad, María del Carmen Castellano (PP) --imputada en el 'Caso Faycán'--, quienes se negaron también a responder a las preguntas de la acusación particular y se escudaron en informes técnicos favorables. El magistrado les mantuvo las imputaciones a todos.
Por su parte el ex concejal de Policía, Tráfico y Transportes, Carmelo Reyes Rodríguez (AFV-Ciuca) no compareció debido a “un problema en la citación”, no en vano es posible que preste declaración mañana.
Igualmente, se prevé que este viernes comparezcan ante el juez, el ex concejal de Aguas, Saneamiento, Agricultura, Ganadería y Pesca, José Suárez (PP), el ex edil de Economía y Hacienda, Carmelo Oliva (PP) --también imputado en el 'Caso Faycán'--, la ex concejala de Turismo, Raquel León (AFV-Ciuca), y el representante legal de la empresa Hermanos Santana Cazorla SL.
Además, han sido citados como testigos cuatro técnicos municipales, entre los que figura el ex jefe de Servicio de Urbanismo, José Luis Mena, imputado también por el 'Caso Faycán' y en el 'Caso Doramas', así como un arquitecto ajeno al Consistorio.
“OSCUROS INTERESES”
Una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 7 de septiembre de 2007 desestimó el recurso de apelación presentado por Hermanos Santana Cazorla SA contra la sentencia del 5 de marzo de 2007 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital, que anuló la permuta del edificio de Jinámar y un solar de la citada empresa por un grupo de parcelas que suman más de 17.000 metros cuadrados en Marpequeña valoradas en 3,7 millones de euros.
La resolución especificaba que las “premuras” del anterior gobierno PP y AFV-Ciuca para aprobar esta operación “no se explican en razón del interés público que supuestamente justifica la permuta (dotar al barrio de Jinámar de unas dependencias municipales), sino en otros ocultos y no explicados intereses”.
Además, señala que ni a lo largo del expediente ni en el propio acta del acuerdo de la junta de gobierno de 22 de diciembre de 2003, por el que PP y AFV-Ciuca aprobaron hacer un intercambio de propiedades con Iniscan (de Hermanos Santana Cazorla) “existe la menor explicación y menos aún motivación de las razones de la urgencia”.
Añade que “ciertamente resulta sorprendente que el expediente se tramitase y resolviera en el plazo récord de 7 días que median entre la solicitud de la permuta efectuada por Hermanos Santana Cazorla, 15 de diciembre de 2003 y el acuerdo impugnado del 22 de diciembre”.
“Y más sorprendente aún --prosigue-- es que el mismo día en que se hace la solicitud de permuta (el día 15) se emitan sendos informes jurídicos y del negociado de patrimonio”. A ello se suma que el informe de técnico de valoración se realizó el día 12 de diciembre, es decir, antes de que la empresa formulase la propuesta de permuta. No existe ningún documento en que aparezcan las razones de tanta urgencia.
Igualmente, la resolución resalta que no hay ni un documento en el que aparezcan mínimamente detalladas las supuestas razones de urgencia para aprobar la permuta, promovida por el líder de AFV-Ciuca, Guillermo Reyes. Los técnicos valoraron el intercambio de bienes 2 días antes de que la empresa planteara la operación en el Ayuntamiento.