La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, ha remitido una carta a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias y a la empresa pública Visocan, con el objetivo de paralizar cualquier iniciativa que tenga por objeto el desahucio de las familias teldenses que residen en inmuebles públicos gestionadas por Visocan y que no puedan afrontar el pago correspondiente.
En el escrito, Hernández también solicita que los encargados de las viviendas se dirijan directamente a las familias afectadas transmitiéndoles un mensaje de tranquilidad sobre su situación.
La medida solicitada por la política de Nueva Canarias tiene como destinatarias a aquellas personas que acrediten, con un informe social, que se encuentran en situación de pobreza o exclusión, o de extrema vulnerabilidad y se recoge dentro de la línea de trabajo marcada desde el Gobierno de Telde para garantizar la dignidad de las personas y su acceso a los servicios básicos.
Junto a la misiva, la alcaldesa ha adjuntado un informe confeccionado por una trabajadora social municipal, en el que, además de advertir que “ha ascendido considerablemente el número de familias que no disponen de medios para sufragar sus necesidades básicas, rozando el umbral de pobreza”, se asegura que una gran cantidad de adjudicatarios de viviendas protegidas de promoción pública no pueden hacer frente al pago de las cuotas de los alquileres, la comunidad o el seguro de la vivienda, generándose avisos de orden de lanzamiento.
El citado informe advierte de que la pérdida de la vivienda habitual conlleva “daños irreparables” para las familias.
La comunicación de Carmen Hernández incluye un listado nominativo, que se irá actualizando periódicamente, de casos recientes que se han producido en Telde, a través del Área de Vivienda y Servicios Sociales, lo que permitirá a Visocan poseer de primera mano y al detalle la información de los y las teldenses que se ven amenazados por la pérdida de su vivienda.