La tercera jornada del primer juicio del caso Unión ha dado el relevo a los testigos citados por parte de la Fiscalía. Durante toda la mañana, el Ministerio Público ha intentado demostrar, a través de sus testimonios, que no existe expediente en la contratación de Batllori ni en el Ayuntamiento de Arrecife ni en Inalsa.
Las defensas, por su parte, han incidido en las posibles contradicciones de los testigos, en desviar la responsabilidad hacia el ex concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, en el caso del Ayuntamiento, o que se podía tratar de un contrato menor. En el caso de Inalsa pretendieron justificar que se podía ser asesor sin tener contrato de ningún tipo, además de intentar sembrar la duda de que la UCO se pudo llevar el expediente. En Inalsa, sin embargo, no hubo registro policial y tampoco hay expediente.
La única fricción entre las defensas ha ocurrido en el momento en que la abogada de Luisa Blanco ha renunciado a que declaren como testigos el interventor y el tesorero del Ayuntamiento. La defensa de Batllori se ha opuesto a la retirada de este testigo, pero tras un receso, y después de que hablaran ambos abogados, también ha renunciado. La declaración de varios trabajadores municipales apuntaba al interventor como funcionario clave para autorizar los pagos a Batllori.
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