El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Canarias determinará la validez de la licitación por 368.000 euros de 17 puestos de trabajo para el proyecto Ecoáreas Marinas, publicada por la Consejería regional de Turismo e impugnada por la agencia de divulgación científica Oceanográfica. La entidad rechaza que, de todos los empleos ofertados, ninguno exija un perfil especializado en medio ambiente, en turismo o economía. La convocatoria establece que el proyecto precisa de dieciséis dinamizadores y un coordinador de dinamizadores. El objeto del contrato es, tal y como cita la convocatoria, la realización de “un servicio de dinamización participativa y gestión de contenidos web y de redes sociales”. Algo que, según Oceanográfica, “no atiende a criterios de interés general y puede afectar al desarrollo de proyectos futuros, condicionando su credibilidad”. “A nuestro juicio, es una condición imprescindible para un proyecto que pretende intervenir en la planificación de la costa y en su gestión sostenible, así como en generar nuevas áreas marinas para la conservación. Es como intentar abrir un hospital solo con celadores”.
El departamento que dirige Yaiza Castilla ha explicado a esta redacción que la Consejería tiene firmados dos convenios con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y con la Universidad de La Laguna (ULL) para la creación del Consejo Científico de la Red de Ecoáreas en Canarias. Convenios que están en vigor “y a entera satisfacción de las tres partes”. “Los cambios dentro del Consejo Científico forman parte de las dinámicas de las universidades en su labor de asesoramiento del proyecto, pudiendo modificar sus miembros por las demandas de una iniciativa que debe ser sostenible, implementando sus conocimientos en materia de medio ambiente, cultura, turismo, economía, implicación social y gobernanza”, apuntan.
La agencia de divulgación critica que la convocatoria, publicada el 10 de julio de 2020, permaneciera abierta solo hasta el 27 de agosto, por “las dificultades que entraña para realizar gestiones en el periodo vacacional”. Oceanográfica también insiste en que en el pliego técnico, la descripción de los trabajos a realizar por valor de 350.000 euros se resume en dos páginas. El 40% de la puntuación en la licitación es “a juicio de valor” sobre la propuesta técnica presentada, tal y como se especifica en la convocatoria. La memoria debe contar con una presentación, objetivos, estrategias para contactar con agentes y con la ciudadanía y recoger una secuencia de actuaciones e indicadores de evaluación. Por ello, la agencia plantea que la evaluación de este ámbito pueda ser “arbitraria”. El 60% restante se evalúa de acuerdo con la experiencia en procesos participativos y de dinamización de la propuesta, la creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral, la proposición económica, los premios y certificaciones relacionados con el ámbito social y la ampliación del número de Ecoáreas.
Según la Consejería, los criterios que se aplican para el desarrollo de los proyectos desde el Gobierno de Canarias se sostienen sobre los principios de la Unión Europea de transparencia, racionalidad y eficiencia del gasto público. “Lo que implica el uso óptimo de los fondos públicos y la elección de equipos con competencias científicas de primer orden”.
Ecoáreas Mar de Todos es una iniciativa que pretende promover las prácticas sostenibles y responsables en la gestión horizontal del litoral canario. El proyecto está financiado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y por fondos FEDER de la Unión Europea. Hasta el momento, beneficia a ocho zonas costeras del Archipiélago, repartidas por todas las islas. Dos de ellas están en Gran Canaria, una en la playa de Las Canteras y otra en Arinaga. El objetivo es “dinamizar espacios costeros de manera participativa, donde cualquier persona o entidad que utilice el área tenga voz para preservar los valores naturales y fomentar el desarrollo sostenible de un mardetodos”, se detalla en la página web.
Oceanográfica afirma que la idea de este proyecto fue suya. Después, fue adoptada por el Gobierno de Canarias y, según confirma la Consejería, la agencia de divulgación tuvo un contrato para labores de asesoramiento técnico que finalizó en 2018. En una entrevista concedida a este medio en junio de 2019, el gerente de la agencia y licenciado en Ciencias del Mar, Arturo Boyra, afirmó que él y seis científicos más habían abandonado el proyecto por abusos de poder. “Las decisiones empezaron a ser unilaterales y los profesionales han tenido que soportar un trato contrario a cualquier proyecto saludable de colaboración y participación, tornándose irrespetuoso hostil y degradante”. Coalición Canaria, que ocupaba el poder del Ejecutivo autonómico en ese entonces, “no quiso entrar en polémicas”.
Académicos de la ULPGC que formaban parte de la comisión de expertos renunciaron en bloque a su puesto. “Nuestra finalidad era la de ser un comité asesor y especializado, pero no se nos tuvo en cuenta. No nos hicieron caso y no recibían nuestras aportaciones”, subrayó Ignacio Alonso Bilbao, doctor en Ciencias del Mar que formó parte de la plantilla durante un año. Matías González, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, aseguró que la Consejería, dirigida entonces por Isaac Castellano, no quiso abrirse a este enfoque y “camparon las relaciones basadas en violencia psicológica y el control, distorsionando la realidad y el propósito de la iniciativa”.
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