El abogado Felipe Campos aseguró hoy que desde la Gerencia de Urbanismo le han ratificado que el pasado lunes se firmó la orden para proceder a la demolición de la parte del gimnasio La Salle que es ilegal. Tanto el abogado como la Gerencia de Urbanismo sostienen que las obras autorizadas y ejecutadas vulneran las determinaciones del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz en vigor, especialmente en lo que se refiere a los retranqueos y separaciones de linderos, que debían ser de cinco metros en cada uno de los casos, la ocupación bajo y sobre rasante, las separaciones entre edificios, edificabilidad, usos, configuración y tratamiento de los espacios libres.
El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, no ha confirmado ni desmentido esta información y se limita a señalar que “efectivamente hay un expediente abierto que puede concluir con este derribo pero en cualquier caso los afectados tendrán siempre la posibilidad de recurrir a los tribunales para defender sus derechos”. La supuesta ilegalidad del edificio no sólo se circunscribe a un aumento de volumen y de la ocupación permitida sino también de los usos. En el PGO de Santa Cruz actualmente en vigor se contempla que este inmueble sólo puede ser dedicado a actividades docentes y no para albergar comercios, oficinas y un gimnasio privado. El negocio va ser explotado por la empresa Innova que actualmente está siendo investigada por supuestamente haber recibido un trato de favor y ser objeto de contratos ilegales por parte de la concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, Ángela Mena tanto en esta corporación local como cuando era asesora en el de La Laguna, por lo que está precisamente imputada en el conocido como caso Innova.
El inmueble se sitúa sobre una parcela de 11.505 metros cuadrados en la que previamente se había construido 8.509 metros cuadrados del edificio original que data del año 1950. Según la denuncia presentada por el letrado y los informes de Urbanismo, la obra no ha previsto separación alguna con respecto a las calles que lo rodean y que debía ser de cinco metros. Este hecho da lugar, a su vez, a que se incumpla con el parámetro de ocupación permitido que no podía ser superior al 40% y que sin embargo llega al 60%. En la revisión del PGO del año 2011 se proponía que la ocupación máxima fuera libre, “con lo cual de forma indebida el plan viene a legalizar a posteriori las obras ejecutadas, que flagrantemente incumple la ocupación permitida, eliminando simplemente el límite del 40%”.
También se incumpliría con la separación con los edificios de su alrededor que no se respeta y de hecho las fachadas que tienen más de 15 metros de longitud se encuentran unidas físicamente a las de los inmuebles vecinos, lo que se quiso solucionar también a través de la revisión del planeamiento. Otro tanto ocurre con los límites de edificabilidad que según la denuncia, “a simple vista se puede comprobar que es muy superior a la permitida por el PGO en vigor”. Según la normativa urbanística actual la parcela debería contar con al menos 115 árboles, aunque la realidad es que no existe ninguno. Otro requisito que quería ser eliminado en el Plan General que se pretendía aprobar el año pasado.
“El PGO no se puede seguir utilizando para amparar obras ilegales”, señaló ayer Campos quien comparó la situación del inmueble con el mamotreto de Las Teresitas cuya demolición se quiere evitar por parte de algunos dirigentes de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) apelando al coste generado en su construcción y el que causaría su desaparición. “No me cabe ninguna duda de en el caso de La Salle es imprescindible demoler la parte del edificio que incumple con las normas urbanísticas y adaptarlo al ordenamiento vigente”, dijo Campos. “Los religiosos que llevan el centro educativo tendrán que ver ahora quién los engañó”, afirma el abogado que asegura tener constancia de que la intención de los promotores es abrir el centro comercial y el gimnasio privado en breve, lo que bajo su punto de vista, “es a todas luces ilegal tanto desde el punto de vista de las obras realizadas como por el uso que se le quiere dar”.
Campos sostiene que ha llegado el momento de decir “basta a la política de hechos consumados” que durante años ha imperado en la ciudad y especialmente durante los mandatos del exalcalde, Miguel Zerolo. “Ahora los responsables de estas ilegalidades tiene que responder ante la justicia y avalar con su patrimonio el daño que se haya podido hacer”, tal y como ocurre con el mamotreo de Las Teresitas a cuyos acusados la Fiscalía les exige que costeen el derribo del edificio de aparcamientos y centro comercial. En este caso la Gerencia de Urbanismo no tendrá que hacer frente a ninguna indemnización ya que no llegó a concederse licencia válida alguna. Campos culpa de lo ocurrido también a los redactores del PGO, el equipo de arquitectos Tabares, Palerm&Senante, a los que acusa de “haber cobrado seis millones de euros para coordinarse con los que incumplían la ley”. El abogado como denunciante de lo ocurrido en La Salle tiene constancia de que ya hay una investigación abierta por la Fiscalía para esclarecer cómo se levantó este edificio que va en contra de la normativa urbanística y se cambió el uso inicial.