El Consejo Abierto de Vecinos de Castillo de Romeral aportó este jueves parte de la documentación que sostiene el argumento de que el Ayuntamiento está legitimado para precintar las obras. Para los vecinos, el Informe del Servicio Jurídico les da la razón: las obras de la macrocárcel no tienen permiso y el Ayuntamiento puede precintarlas.
Así, el Consejo demuestra que los informes que la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Mari Pino Torres, “decía que no existían”, están bien guardados. El documento en cuestión está fechado el 22 de julio y según los vecinos, fue solicitado por Torres el 18 de julio, a la Asesoría Jurídica Municipal para ser emitido en un plazo de tres días.
En el comunicado enviado por los vecinos se asegura que el Informe del Servicio Jurídico fue emitido por el letrado, funcionario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Úbeda Tarajano.
En el informe se concluye la legitimidad del Ayuntamiento cuando dice: “(?) a través de Disciplina Urbanística, cuantos antecedentes y documentos estime pertinentes, con la posibilidad incluso, de adoptar si fuera necesario las medidas cautelares de precinto y suspensión de las obras que se están llevando a cabo”. “Lo cual viene a corroborar” todo lo que han manifestado el Consejo de Vecinos.