La empresa Videoreport Canarias ha presentado este miércoles un recurso contra el pliego del concurso para las prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de programas informativos de Televisión Canaria (TVC), publicado de forma unilateral por el presidente del ente, Santiago Negrín, a finales de agosto por una cuantía de 144 millones de euros. Videreport Canarias es la actual adjudicataria de los servicios informativos de la cadena pública.
En el recurso, que ha sido elaborado por el despacho jurídico Garrigues, la empresa pide que se suspenda el procedimiento de adjudicación.
Entre otros argumentos, Videoreport Canarias cuestiona la legitimidad del presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, para erigirse en órgano unipersonal de contratación.
En el escrito presentado este miércoles, la empresa recuerda que la Ley 13/2014, que regula el funcionamiento de RTVC y las sociedades mercantiles en ella englobadas, “recoge expresamente en su articulado que un concurso de esas características es competencia del Consejo Rector”, como ya han puesto de manifiesto otros miembros del Consejo Rector y “los representantes de la mayoría parlamentaria”.
La actual adjudicataria de los servicios informativos de la Televisión Canaria detalla en el recurso cómo el pliego cuenta con “decenas de aspectos que generan inseguridad jurídica, además de incumplimientos de aspectos legales y contradicciones entre sus cláusulas”.
El recurso de Videoreport Canarias coincide con la aprobación de una moción, presentada por el PP y respaldada por toda la oposición en el Parlamento de Canarias, que exige que los servicios jurídicos del Gobierno que preside Fernando Clavijo “informen de la legalidad de todas las cláusulas” relativas al concurso para renovar la prestación de los informativos de (RTVC).
Negrín ya avisó el pasado mes de julio en un escrito al Parlamento de que él mismo “en condición de órgano de contratación de TVPC (Televisión Pública de Canarias, S.A.)” iba a proceder a “aprobar” los correspondientes pliegos “y el expediente de contratación”, además de “iniciar el preceptivo procedimiento de licitación y adjudicación”. Y eso ha hecho, pese a que todos los partidos de la oposición (salvo la Agrupación Socialista Gomera) alertaron de que estaba pervirtiendo la Ley con esa decisión.
En el pliego de condiciones del concurso participó, en su tramo final, un abogado vinculado a la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater) y al Grupo Prisa, el tinerfeño Carlos Cabrera. Este letrado sustituyó en esas tareas al catedrático Martín Orozco, que decidió renunciar a su puesto de asesor jurídico externo a raíz de la comparecencia en el Parlamento del presidente de RTVC, Santiago Negrín, que utilizó en varias ocasiones su nombre para avalar las polémicas acciones que ha emprendido en relación con este concurso de 144 millones de euros.