La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha pedido a los ayuntamientos de las islas con mayor número de propietarios de inmuebles penalizados por estar ubicados en zonas turísticas que consoliden el suelo por la vía de una ordenanza provisional para poder suspender cautelarmente las sanciones contra ellos.
Este periódico se hizo eco de varios de estos casos en los que una persona con un piso o apartamento en propiedad no podía disfrutarlo libremente al estar ubicado en una zona clasificada como turística y había sido sancionada con una multa económica al no querer cederlo para su explotación turística.
La consejera Jéssica de León ha afirmado este martes en el Parlamento regional que se ha reunido con los alcaldes de los municipios más afectados por esta situación y con los propietarios, para precisar que lo que desea el Gobierno es proceder a la suspensión de las sanciones, por lo que ha propuesto la aprobación de ordenanzas provisionales que podrían estar en vigor en unos cuatro meses.
La consejera se ha referido a este asunto a raíz de una pregunta de la diputada de Vox Paula Jóver respecto a una posible solución frente a las sanciones a los propietarios de inmuebles ubicados en determinados municipios turísticos, que ha cifrado en unas 70.000 personas que pueden sufrir multas de hasta 2.500 euros.
Jéssica de León ha dicho que comparte el enfado de la parlamentaria respecto a esta situación y que en su departamento se han “puesto a trabajar”, pero que se han “encontrado una Canarias caótica en el plano turístico, donde todo el mundo ha mirado para otro lado”.
Ha explicado la consejera que las sanciones por residir en zonas turísticas se aplican en cumplimiento “estricto” de la ley, ya que nunca se ha desarrollado el principio de especialización de las parcelas previsto en las directrices de 2003.
“Ni en la Canarias que tenemos ni en la que queremos el Gobierno puede ordenar el turismo en los municipios, pero tampoco puede pedir que se mire para otro lado si hay infracciones”, ha declarado la consejera.
Por ello ha anunciado que esta será la legislatura de la renovación normativa “empezando por aquellos a los que han atropellado las normas”, y ha enfatizado que todos deben cumplir su trabajo, lo que hará el Gobierno “pero también los ayuntamientos”.
Esto requiere “tiempo, paciencia, cierta dosis de valentía y un Gobierno que mire a los problemas de frente y no esconda la cabeza, como los anteriores”, ha señalado De León.