Exactamente 80 días son los que han transcurrido desde que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tuvo por presentada, el 11 de abril de 2007, la denuncia del ex técnico de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y ex consejero de la empresa pública Megaturbinas de Arinaga, Francisco Cabrera, contra el presidente del PP canario, José Manuel Soria, por haber mentido ante la comisión eólica del Parlamento de Canarias, hasta el auto firmado y hecho público este viernes, 29 de junio de 2007, que exculpa a Soria de falso testimonio.
Los hechos están recogidos, de manera cronológica, en el auto firmado por el presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, y las magistradas Margarita Varona y Carla Bellini, desde la providencia del 11 de abril, que daba por presentada la denuncia de dos días antes, hasta el auto de este viernes, fundamentado casi en exclusiva en el dictamen del Ministerio Fiscal del miércoles pasado, 27 de junio.
Por medio, el TSJC recoge una serie de comunicaciones y envíos desde el Parlamento de Canarias, desde el 23 de abril al 18 de junio de este año, hasta que ese día se remitió a la Fiscalía la “grabación de audio y video” de la comparacencia de José Manuel Soria ante la comisión eólica, el 19 de enero de este año, con copia certificada de 13 de febrero.
Y durante esos 56 días, el Tribunal Superior requirió del Parlamento, primero, que acreditara la condición de aforado de José Manuel Soria (confirmada el 23 de abril); y después, que acreditara la fecha hasta la que Soria ostentaría su condición de diputado, como titular o suplente de la Diputación Permanente, dado el proceso electoral abierto el 2 de abril (confirmado como titular el 2 de mayo).
Un día después, el 3 de mayo, el TSJC acordó remitir diligencias al Ministerio Fiscal para que emitiera informe sobre la competencia de la Sala y el contenido de la denuncia. Fue el 16 de mayo cuando la Fiscalía respondió afirmativamente a la Sala y ésta solicitó al Parlamento “copia testimoniada de la intervención del Sr. Soria ante la Comisión de Investigación”.
La respuesta de Gabriel Mato, presidente del Parlamento, se produjo el 5 de junio, haciendo constar que “no existían copias testimoniadas de las intervenciones de los comparacientes en las comisiones de investigación creadas por la Cámara, y ofreciendo la remisión inmediata de copia del video y audio de la comparecencia efectuada” por Soria ante la comisión eólica.
El TSJC dio traslado al Ministerio Fiscal de la comunicación del presidente del Parlamento y el 12 de junio, Fiscalía requirió que se recabara de la Cámara la copia de audio y vídeo. En providencia del 13 de junio, se acordó en el TSJC solicitar al Parlamento la grabación “y la misma tuvo entrada el pasado día 18 de junio”.
Ese mismo día, la Sala remitió al fiscal la grabación y en nueve días, el 27 de junio pasado, la Fiscalía del TSJC se pronunció sobre “el examen detallado de toda la documentación aportada con la denuncia interpuesta”, que no permitía al Fiscal “sostener la concurrencia de los elementos típicos que conforman el delito de falso testimonio ante comisión parlamentaria de investigación” reseñado en el Código Penal.