Aguas turbulentas
Si Canarias tuviera delimitadas sus aguas como territorio propio con competencias exclusivas en extracción minera, como sucede en tierra, el ministro de Industria y líder del PP canario, José Manuel Soria, no hubiera podido acelerar las prospecciones en las aguas del Archipiélago pese a la oposición rotunda del Gobierno de la Comunidad Autónoma y la práctica totalidad de las instituciones y sociedad civil majoreras y conejeras.
Esa es una de las aspiraciones que el Archipiélago no ha conseguido a pesar de que en el año 2010 se aprobó la llamada Ley de las Aguas Canarias.
Precisamente, el conflicto de las prospecciones ha demostrado que esa Ley tiene poco contenido efectivo.
Pero ahora el debate histórico se reabre gracias a una iniciativa popular que está promoviendo una Ley de Aguas Archipielágicas Canarias con el fin de “crear una conciencia social para que, cuando se abra la posibilidad de una reforma de la Constitución y se avance hacia un Estado más federal, se apruebe esta legislación”.
Así lo asegura Ángel Cuenca, cabeza visible de la comisión promotora de la iniciativa, que ya circula por las calles canarias para que a la misma se vayan adhiriendo firmas con el objetivo de que sea debatida y aprobada en el Parlamento de Canarias en la legislatura que comenzará en mayo de 2015.
Un texto que deberá ser también incluido en el reformado Estatuto de Autonomía porque, como aseguran los promotores, ni la actual Carta Magna canaria ni la Ley de 2010 satisfacen el objetivo final: “Ser un rchipiélago y no solo una suma de islas separadas por cinco pasillos regulados por el régimen previsto para la Alta Mar”.
Y es que la Ley de Aguas Canarias, aunque delimita históricamente por vez primera las aguas marítimas del Archipiélago, mantiene la soberanía del Estado español, pero con titularidad de competencias al Gobierno de Canarias.
El texto añade que “la Ley carece de contenido jurídico a efectos internacionales”, lo que la convierte en una aplicación unilateral e interna española que no obliga su cumplimiento a terceros Estados.
Ni en las aguas interiores archipelágicas ni en la zona económica exclusiva situada frente a frente con las costas de otros Estados.
Plena autonomía
Por eso, el artículo único de la ley de iniciativa popular es taxativo: “Canarias se dota de plena autonomía internacional asumiendo las competencias necesarias para ser sujeto de derecho internacional firmante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como parte de la misma, según sus artículos 1.2 y 305.1, como requisito previo imprescindible para la consecución de los antes citados objetivos”.
Un texto que pretende “un mar archipelágico con más del doble de superficie” que el actual, “con única frontera establecida 12 millas náuticas más allá del perímetro archipielágico que une los puntos más exteriores de las Islas”, con lo que se 'encierran' las aguas archipelágicas y Canarias consigue “garantizar su continuidad territorial interinsular, soberanía, seguridad y la preservación medioambiental”.
Pero, además, se considera necesario delimitar, a partir del perímeto citado, la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental “con anchura de 200 millas náuticas” y, en su caso, “ampliar esta última hasta 350 millas náuticas”, teniendo en cuenta las correspondientes medianas provisionales con Madeira, Marruecos y Sahara Occidental “hasta tanto se delimiten de forma definitiva mediante acuerdos entre las partes o resoluciones de tribunales internacionales”.
En definitiva: “ejercer las plenas competencias sobre nuestro Mar Territorial y Aguas Archipelágicas; y los derechos de soberanía y jurisdicción sobre los recursos naturales, animales, hidrocarburos y minerales de nuestra Plataforma Continental y Zona Económica Exclusiva, decidiendo de forma exclusiva sobre su gestión”.
Para los promotores de la iniciativa popular, es “un anacronismo injustificable” que la delimitación de los espacios marítimos entre Canarias, Madeira y Marruecos continúen “sin resolverse más de tres décadas después de que la comunidad internacional culminara el proceso del Derecho Marítimo vigente” al firmarse en 1982 en Jamaica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Esa “Constitución de los océanos” entró en vigor en 1994, aunque España no la ratificó hasta 1997.
40 intentos
A raiz de la entrada en vigor de la Convemar, en 1995, el ya fallecido senador nacionalista Miguel Ángel Barbuzano presentó la primera propuesta sobre la delimitación de las aguas canarias y, la última, la defendió Alfredo Belda en 2010.
Que el asunto era de vital importancia lo demuestran las más de 40 iniciativas parlamentarias presentadas sobre la delimitación de las aguas canarias; desde preguntas escritas y orales a comparecencias, mociones, interpelaciones, en su mayoría impulsadas por Barbuzano y Victoriano Ríos que, incluso, presentó la primera de las dos Proposiciones de Ley sobre este mismo tema en el año 2003.
Y el argumento siempre era el mismo: los canarios tienen derecho a que las aguas estén claramente perfiladas por razones de seguridad, protección medioambiental y recursos de dichas aguas.
Y, como justificación de la demanda se blandían los artículos 132 y 147 de la Constitución, amén del artículo segundo del Estatuto de Autonomía.
Así, el artículo 132.2 de la Carta Magna considera bien de dominio público estatal tanto al mar territorial como a los recursos naturales de la zona económica exclusiva, lo que viene a significar la competencia del Estado para su delimitación, de acuerdo con las normas de Derecho Internacional que regulan la materia.
A su vez, el artículo 147.2.b de la Constitución establece como contenido necesario de los Estatutos de Autonomía la delimitación del territorio de la Comunidad Autónoma, ya que éste será el límite a la eficacia de sus normas y al ejercicio de sus competencias.
Por su parte, el artículo 2 del vigente Estatuto de Autonomía de 1996 asegura que el “ámbito territorial de la Comunidad Autónoma comprende el Archipiélago Canario, integrado por las siete islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como las islas de Alegranza, La Graciosa, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste”.
Según los nacionalistas, ese ámbito territorial estaba incompleto sin la delimitación de las aguas incluidas en el concepto archipelágico que introduce el Estatuto de Autonomía, que engloba los espacios terrestres y marítimos de Canarias.
Fue con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando el Ejecutivo central llegó al compromiso y aceptó que las aguas que circundan las islas, que están en su perímetro, serían Aguas Canarias (y españolas) y no internacionales como lo eran hasta ese momento, emulando lo que Portugal había hecho con Azores o Dinamarca con sus Islas.
Ese año, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado dio luz verde, con el voto en contra del PP, a la Ley de aguas canarias, uno de los puntos centrales del pacto entre Zapatero y el presidente canario, Paulino Rivero, para que CC apoyara los Presupuestos Generales del Estado de 2011.
Tras la aprobación, el senador Ríos afirmó que el texto “es el reconocimiento de que no somos meras islas, sino un Archipiélago, formado por los espacios terrestres, las islas, pero también por el mar que nos separa, pero que también nos une”.
La senadora del PP Almudena Montserrat justificó el voto en contra porque la proposición de ley tenía “un gran título” pero “poco contenido”.
Por lo que ha pasado con las prospecciones petrolíferas, y a tenor de la iniciativa popular que pretende ir más allá que la vigente Ley, la senadora tenía razón, pues las aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura nunca estuvieron más turbulentas.
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