Los plenos celebrados en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el 22 de marzo de 1993 y el 26 de octubre de 2001 marcan dos hitos fundamentales para comprender las turbulencias que han sacudido Emalsa recientemente y que han alcanzado el mayor pico de inestabilidad con la denuncia interpuesta el pasado 15 de octubre por la Fiscalía de Las Palmas por presuntos delitos societarios vinculados a operaciones de Saur y Valoriza-Sacyr, los socios privados de la empresa de aguas de la capital, y con el posterior anuncio de intervención administrativa de la empresa realizado por el alcalde Cardona. De aquellos polvos, estos lodos.
La privatización parcial de Emalsa se maquinó durante la época del time sharing, el experimento político de la alcaldía compartida que lideró José Carlos Mauricio
 y que unió tras las elecciones de 1991 a su formación, ICAN (cinco concejales), con ocho tránsfugas del PP y los cinco ediles del CCI, la marca canaria del CDS.
Sin embargo, la venta a partes iguales del 66% de las acciones 
de Emalsa a la empresa francesa Saur y a la española Unelco (ahora Endesa) por 3.102 millones de pesetas se produjo con el socialista Emilio Mayoral de alcalde. En ese pleno del 22 de marzo de 1993 tan solo se registró un voto en contra, el de Pepa Luzardo, concejal del PP y alcaldesa una década después, que vio “muchas sombras” en aquella operación. Dos ediles del PSOE, Agustín López y Pedro La Cámera, no votaron por incompatibilidad, ya que eran empleados de Unelco, empresa que posteriormente transmitiría su participación en Emalsa a Valoriza Agua (Sacyr).
La venta de acciones de la empresa de aguas se cocinó en la época del 'time sharing', el experimento de alcaldía compartida liderado por José Carlos Mauricio
Con este acuerdo plenario, la ciudad perdía el control de la compañía y el Ayuntamiento se quedaba en minoría en el Consejo de Administración con el 34% de las acciones, aunque mantenía la potestad de fijar la tarifa del agua. Cuatro meses después de esta adjudicación, Aquagest, la empresa que competía con Saur-Unelco en el concurso para participar en la gestión del ciclo integral del agua en la capital, presentó un recurso contencioso- administrativo contra la decisión del pleno al considerar que su oferta era la más beneficiosa para el interés público municipal.
En 1996, el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (TSJC) dio la 
razón a Aquagest por la omisión en el procedimiento del preceptivo informe
 de Intervención. El Tribunal Supremo declaró firme la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en el año 2000 al desestimar los recursos de casación presentados por Unelco-Saur.
Incumplimiento electoral de Soria
Sin embargo, menos de un año después, el 26 de octubre de 2001, el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el respaldo de los 19 representantes del PP (entre ellos, el de Pepa Luzardo, que ocho años antes había votado en contra), los 5 del PSOE y los 4 de CC, y el rechazo de la concejal Rosario Chesa, del Partido de Gran Canaria, volvía a adjudicar el 66% de las acciones a Saur y Unelco, consolidando así la adjudicación originaria de 1993 y marcando un punto de inflexión en el caso Emalsa.
José Manuel Soria, entonces 
alcalde capitalino, consumaba así el incumplimiento de la promesa que realizó en la campaña electoral de 1995, cuando aseguró que recuperaría en cuanto pudiera la titularidad pública de la compañía de aguas.
 La victoria judicial de Aquagest tras la sentencia del Supremo parecía la ocasión propicia para devolver a la ciudad el control de Emalsa y acabar con siete años de continuas reclamaciones y denuncias. Pero Soria prefirió dibujar un enrevesado laberinto político que le llevó al punto
 de partida, a 1993, a la venta del 66% de las acciones y, por tanto, a ratificar una operación que había criticado hasta la saciedad.
Lo primero que hizo fue encargar una auditoría sobre la privatización de Emalsa a la consultora Deloitte, que había presentado la oferta más cara de entre 
las empresas concurrentes (3 millones
 de pesetas frente a los 2,3 de Cooper y 
los 1,8 de Cabrera y Morales). A pesar 
de su elevado coste, el informe externo nunca vio la luz y ni siquiera se encuentra en el extenso expediente municipal o
 en el sumario que custodió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Para la oposición, la desaparición del dictamen demostraba dos cosas. Por un lado, que Soria pretendía justificar con un informe externo su cambio de postura con respecto a la privatización parcial de Emalsa y, por lo tanto, el incumplimiento de su promesa electoral. Y, por el otro, que el tiro le había salido por la culata, que las conclusiones de la consultora eran contrarias a la tesis de renunciar a la recuperación del control público de la sociedad.
La readjudicación de las acciones a Saur y Unelco aparece también vinculada a un nombre, el de Francisco Fernández Roca, concejal de Hacienda y mano derecha de Soria, y a las negociaciones in extremis en la víspera del pleno en su despacho de la calle Malteses de la capital grancanaria, con conexiones telefónicas con Chile, donde ejercía de jefe de Endesa (antes Unelco) Pablo Casado, ahora director de la compañía eléctrica en Canarias. Finalmente, el grupo de gobierno municipal logró subsanar todas las deficiencias que había apreciado el TSJC primero y el Supremo después y certificó la semiprivatización de Emalsa con el acuerdo en la sesión plenaria celebrada en otoño de 2001.
Dos sentencias contradictorias
Aquagest (ahora Canaragua) volvió
 a acudir a la Justicia para recurrir la readjudicación del concurso y la Sala
 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidida por Francisco José Gómez Cáceres, le dio de nuevo la razón en una sentencia fechada el 7 de noviembre de 2008. Lo hizo en base a los informes de dos peritos que contradecían al
 ya fallecido Luis Verge del Castillo,
un ingeniero que trabajaba para el Ayuntamiento y que había elaborado
 un dictamen que resultó decisivo en la adjudicación originaria de las acciones de la compañía.
Soria prometió en 1995 que recuperaría la titularidad pública de Emalsa. En 2001 volvió a vender las acciones a Saur y Unelco (luego Sacyr-Valoriza)
Verge del Castillo, que en su momento reconoció que no era un técnico competente para emitir ese informe, desempeñó un papel crucial para que la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Saur y Unelco ganara el concurso. El ingeniero valoró aspectos que no figuraban en el pliego del concurso, como el binomio agua-
energía o la experiencia en África. Los dictámenes periciales de la ingeniera técnica Berta Flores y el catedrático de Economía Juan García Boza echaron por tierra el informe del técnico municipal. La resolución judicial de 2008 concluyó que la oferta presentada por Saur y Unelco “no solo no era la más ventajosa para los intereses públicos, sino que era manifiestamente perjudicial para los intereses generales, todo lo contrario de lo que los peritos predican de la oferta presentada por Aquagest”.
Y es que uno de estos dictámenes sostenía que la oferta de Saur-Unelco generaba un déficit para el Consistorio de 1.400 millones
 de pesetas dejando en manos públicas solo el 34% de las acciones, mientras que la de Aquagest implicaba un superávit inmediato de 1.134 millones y, además, mantenía como principal accionista 
al Ayuntamiento, con el 51% de las participaciones de la sociedad municipal.
Sin embargo, el caso daría otra vuelta de tuerca en abril de 2010 con una polémica sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJC, formada por Gómez Cáceres, Jaime Borrás y Alfonso Rincón, que sustituyó a Javier Varona, el magistrado que había dirigido la práctica de pruebas en el procedimiento que concluyó con la anulación de la privatización parcial en 2008.
Saur y Valoriza habían recurrido el auto de 2008 y reclamado la nulidad de las actuaciones al percatarse de que la resolución judicial no hacía mención a un tercer dictamen pericial firmado por el ingeniero industrial José Miguel Veza, un informe que resultaría determinante para dar un giro de 180 grados al
 caso y cambiar de forma radical el pronunciamiento de la Sala, que al final bendijo la readjudicación de las acciones de Emalsa rubricada en 2001.
El juez Gómez Cáceres firmó en 2010 una polémica sentencia que cambiaba radicalmente el sentido del auto de 2008 en el que dio la razón a Aquagest
Gómez Cáceres, el mismo magistrado que había alabado en 2008 “el detalle
 y lujo de datos” del dictamen de la ingeniera Berta Flores y el del “reputado perito” García Boza, desacreditó en 2010 el trabajo de ambos. En el primer caso, porque era ingeniera técnica y no industrial y, en el segundo, porque no estaba dado de alta en el Colegio de Economistas. El informe de Flores lo califica de “parcial”; el de Boza, de “sospechoso y contundente”.
Tras este varapalo judicial, Aquagest llevó el caso al Tribunal Constitucional, donde presentó un recurso de amparo por considerar que sus derechos habían sido vulnerados en el dilatado
 proceso administrativo y 
judicial abierto a raíz de
 la privatización parcial
 de Emalsa.
El Alto
Tribunal desestimó
 el recurso el pasado
 mes de junio al
considerar que
 los motivos que 
llevaron al TSJC 
a adoptar esa 
resolución fueron 
razonables y que
 Aquagest no había
 acreditado que su oferta
 era más ventajosa para las arcas municipales que la de Saur y Unelco.
 La sentencia del Constitucional cerraba una etapa y convalidaba de forma definitiva la privatización parcial de Emalsa. Meses antes, sin embargo, una trifulca en el seno de Saur Internacional había destapado las alcantarillas de la empresa de agua de Las Palmas de Gran Canaria, las cuando menos extrañas operaciones que durante años gestaron los socios privados de Emalsa, que ahora vuelven a estar bajo la lupa de la Justicia.
Denuncia en Francia y recortes de prensa
Y es que el magistrado Luis Galván, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, 
abrió diligencias para investigar 
una serie de operaciones en la empresa 
de aguas de la capital grancanaria tras la denuncia por presuntos delitos societarios interpuesta por la coordinadora de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Eva Ríos. Las pesquisas se ciñen al periodo comprendido entre 2007 y 2011 y se inician a raíz de un escrito remitido por Juan José Cardona con las informaciones publicadas en prensa durante diciembre de 2012.
Este último episodio del caso Emalsa nace en Francia, con la denuncia presentada por Jöel Séché, expresidente de Saur Internacional, uno de los socios privados de la empresa de
 aguas. En marzo de 2012 Jean Pierre Versini, abogado de Séché, acusó a dos exconsejeros de Emalsa de malversación y conspiración financiera por firmar 
una opción de compra de 2,8 millones
de euros por una nave situada en el polígono de Los Tarahales, propiedad de Seguridad Integral Canaria y valorada
 en 5, 3 millones. Versini incorporó posteriormente a la causa dos periciales que tasaban el edificio en 800.000 y 950.000 euros, la sexta parte de su precio.
La denuncia iba dirigida contra José Luis Rubio Díaz de Tudenco, exrepresentante de Saur en el Consejo de Administración de Emalsa, y Pablo Abril Martorell, exconsejero por la parte del otro socio privado, Valoriza, del grupo Sacyr. Ambos pertenecieron al Comité de Gerencia. Poco después se supo que Emalsa había transferido a Sercanarias, participada en un 50% por Saur y Sacyr, 1,3 millones de euros (la mitad de lo comprometido en la opción de compra), el 21 de abril de 2010, tan solo un día después de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que avalaba la venta del 66% de las acciones a la parte privada tras el largo proceso que se inició en 1993 con el recurso de Aquagest, una de las empresas que concurrieron al concurso.
Emalsa abonó los 1,3 millones a Sercanarias como adelanto para uno de los socios privados, Valoriza-Sacyr, que no disponía de esa cantidad para efectuar el pago. El otro socio, Saur, aportó la misma cifra un día después. Con el 5% del IGIC, la señal para la compra del inmueble ascendió finalmente a 2,8 millones. Sin embargo, Sercanarias no ejecutó la opción en los plazos marcados y perdió esa cantidad de dinero. Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, siempre defendió
 la legalidad de una operación que, sin embargo, ha cuestionado Rafael González Bravo de Laguna, ex director general de Sercanarias.
Subcontrataciones y gastos sin justificar
A la acción judicial en Francia por el presunto fraude en la opción de compra de la nave de Los Tarahales se le sumó con posterioridad la denuncia pública del Comité de Empresa de Emalsa, que puso en tela de juicio una serie de operaciones oscuras que, a juicio de los representantes de los trabajadores, perjudicaron a la sociedad municipal y beneficiaron a los socios privados a través de la red de empresas filiales que tejieron y mediante la cual se habrían inflado facturas y externalizado servicios que no podían ser subcontratados.
La Fiscalía de Las Palmas ha centrado sus pesquisas en el periodo 2007-2011 y ha puesto el foco en los contratos con Sercanarias, la filial de Saur y Sacyr
Tanto la auditoría externa encargada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a Auren como la denuncia de la Fiscalía sitúan a Sercanarias y Satocan en el ojo del huracán. El Ministerio Público analizó 19 contratos entre Emalsa y Sercanarias por un valor global de 22 millones de euros en los que apreció falta de control y justificación y un “perjuicio económicamente evaluable” para la compañía municipal de titularidad mixta. Entre estos contratos se encuentra el de mantenimiento y limpieza de las redes de alcantarillado, con el que Sercanarias facturó a Emalsa 13,7 millones de euros en cuatro años (de 2008 a 2012), con considerables incremento anuales sin justificar. Este servicio fue adjudicado directamente a la filial de Saur y Sacyr sin haber sido sometido a concurso público y sin haber solicitado previamente ofertas a otros contratistas. A pesar de ello, el Consejo de Administración de la entidad avaló esta operación, que fue rechazada por el Ayuntamiento, entonces regido por el PSOE. Los representantes de los trabajadores se abstuvieron en la votación.
La Fiscalía de Delitos Económicos también ha reflejado en su denuncia otras adjudicaciones realizadas a empresas filiales de los socios privados de Emalsa sin respetar los procedimientos legales 
de contratación ni los internos de la compañía de aguas. Tal es el caso de
 seis contratos firmados con Sadyt,
 una empresa participada al 100% por Valoriza, y con Gestagua, controlada 
por Saur Internacional. Ésta última constituyó además sendas UTE (Unión Temporal de Empresas) con Valoriza (Sacyr) y con Satocan, propiedad de Juan Miguel Sanjuán, representante de Sacyr en el Consejo de Administración de Emalsa.
Sanjuán es, por otra parte, dueño de las tres plantas del Centro Comercial Las Ramblas (una de ellas sin ocupar) donde se ubica la sede de Emalsa. El contrato de alquiler, con una vigencia de 35 años, se firmó en 2008 por un precio inicial de 90.000 euros y contiene una cláusula por la que Emalsa deberá pagar una cantidad equivalente a 20 años de renta, unos 18 millones de euros, si quiere cancelar este vínculo. La empresa municipal no usó
 el edificio durante los dos primeros años y el grupo de gobierno entonces liderado por Jerónimo Saavedra negoció con la empresa tres meses después de la firma para reducir el coste del arrendamiento hasta los 75.000 euros anuales. La subida del Índice de Precios al Consumo lo ha elevado hasta los 79.000 euros.
El consejo de administración de Emalsa acordó a finales de noviembre, a propuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, denunciar ante los tribunales el contrato de alquiler de la sede social de la entidad, por considerarlo abusivo.
Prestaciones especiales
Otra de las presuntas irregularidades puestas de manifiesto en el escrito de la fiscal Eva Ríos es la que hace referencia a las retribuciones complementarias que percibían los gestores de Emalsa, siempre bajo la órbita de Saur y Sacyr-Valoriza. En su denuncia, la Fiscalía explica
 que la retribución de los gestores (seis durante el periodo analizado) se dividía en dos partes. Por un lado, percibían una prestación básica por las tareas de asesoramiento que se correspondía con 
el 2% de la cifra de negocio de Emalsa. Al mismo tiempo, sin embargo, cada socio privado recibía para los gestores una prestación específica que ascendía a los 450.000 euros anuales. (900.000 entre los dos). Para Ríos, este complemento se incluyó de manera injustificada en los contratos suscritos entre Emalsa y sus socios privados.
La valoración del posible quebranto a las arcas de la sociedad municipal por los gastos sin control (se habla de más de 36 millones de euros), las operaciones de dudosa legalidad, 
las remuneraciones injustificadas a directivos de los socios privados o la aplicación de precios superiores a los medios de mercado será clave en la investigación judicial que deberá determinar si se han producido delitos societarios en
 una empresa por la que parecen seguir circulando, veinte años después de su privatización parcial, aguas muy turbias.
Tras las quince imputaciones de empresarios y directivos de la compañía, Cardona ha anunciado la intervención temporal para reforzar la fiscalización
Con los resultados del estudio, el Consejo de Administración de Emalsa adoptó una serie de medidas que se tradujeron en la creación de un Comité de Auditoría para el control de las operaciones de la empresa y
 la figura de un auditor interno (empleado de Emalsa) que reporta directamente a este Comité de Auditoría, además de la imposición de instrucciones para mejorar la eficiencia en la contratación.