El Gobierno canario mantiene un concurso de ambulancias anulado por la justicia y vencido desde 2015
Han pasado cinco meses desde que el Gobierno de Canarias anunciara a bombo y platillo que en el mes de abril iba a sacar concurso la contratación de los servicios de transporte sanitario terrestre en la comunidad autónoma, tanto urgente como no urgente. Cuatro meses después, sigue sin haber fecha. El Ejecutivo mantiene el polémico concurso de 2008, que no solamente fue anulado al completo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012, sino que además debió vencer, con prórrogas incluidas, como máximo en 2015. Desde el gabinete de prensa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 dejan la respuesta en el aire: “La licitación saldrá en breve, es lo único que puedo decir”.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias emitió en marzo un comunicado en el que hacía público que para el nuevo concurso contaba con un incremento presupuestario de 14 millones de euros con respecto al de 2008. La nota divulgaba que las bases incluían una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, al establecer las retribuciones sobre la base de los salarios reales de convenio. Además avisaba de que se tendrían en cuenta “toda las cláusulas sociales y medioambientales recogidas en el acuerdo de Gobierno de Canarias, de 19 de septiembre, y las que marca la nueva Ley de Contratos que entró en vigor en el mes de marzo”.
Sanidad adelantó que se renovaría la flota actual de ambulancias “para poder satisfacer la demanda y mejorar el servicio a la población”. Lo cierto es que, cuatro meses después, aún no ha salido la licitación del concurso y las ambulancias siguen dando quebraderos de cabeza.
El Gobierno no ha dado ninguna explicación oficial al motivo del retraso en la convocatoria del nuevo concurso. Primero anunció que se publicaría en abril. En mayo, a preguntas de Canarias Ahora, aseguró que “estaba a punto de salir”. Tres meses después, sigue sin haber noticias. Si no se publica antes de enero, las islas se quedarán sin transporte no urgente, ya que a partir de 2019 no podrán circular las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al cumplirse los diez años de vida útil de los vehículos.
El problema de las ambulancias trae cola desde hace muchos años y las consecuencias las pagan diariamente los ciudadanos. El mal servicio por parte de algunas empresas hace que ciudadanos que viven en municipios alejados del hospital deban permanecer en el área de Urgencias u Hospitalización, después de recibir el alta, hasta 12 horas esperando por una ambulancia de traslado no urgente. Una situación que se vive casi a diario en Gran Canaria con vecinos de Artenara, Tejeda, La Aldea o Mogán.
A esto hay que sumarle las huelgas, que durante este año han sido convocadas en varias ocasiones. Los sindicatos critican la “inoperancia” tanto del Servicio Canario de Salud (SCS) como de las organizaciones empresariales. “No es sólo un problema del sector de las ambulancias, parece que todo el sector sanitario no está muy de acuerdo con el plan que el consejero Baltar tiene pensado para la Sanidad en Canarias”, explicaba el portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Pedro Moreno, en el mes de mayo tras el cuarto día de huelga. Baltar había dejado clara su postura dos meses atrás: “Yo en lo que no me voy a meter es en negociaciones del convenio que son propias e internas de las empresas. No me corresponde y no creo que sea correcto que lo haga”.
En aquel momento el sindicalista recordó que es el Gobierno de Canarias quien debe rescatar a las concesiones que están en situación de ilegalidad, ya que no respetan los convenios. En este punto señaló que los acuerdos siguen sin aplicarse en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro.
A todo ello se le añade el problema de los falsos autónomos en Gran Canaria. El 1 de enero de este año, las dos ambulancias medicalizadas destinadas para cubrir el sur de Gran Canaria, situadas en Telde y Maspalomas, no contaron con médicos durante sus guardias, una situación ya conocida, ya que el 31 de diciembre y el 24 de octubre ocurrió lo mismo en el municipio de Telde. Es decir, en caso de una emergencia en el sur de la isla, el 1-1-2 tiene que enviar una ambulancia desde uno de los hospitales capitalinos o contratas a ambulancias privadas.
La precariedad laboral que existía en estas dos bases de ambulancias, donde tanto el personal médico como el enfermero operaban bajo la figura del falso autónomo (prestaban servicio y recibían las instrucciones directas del 1-1-2, peros sus remuneraciones se las pagaba San Roque), llevó a que los trabajadores denunciaran la situación en los medios. Así, tras conocerse la noticia en este periódico, el pasado 27 de febrero, la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC) resolvió de manera unilateral el contrato con Hospitales San Roque como concesionaria del servicio. Desde el 1 de marzo la nueva concesionaria es Atlantic Emergency hasta que se conozca la nueva adjudicataria del servicio.
En estos momentos tanto GSC como San Roque están en la vía judicial después de que los trabajadores les hayan denunciado tras la ruptura del contrato.
