El enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria acusado de asesinar a su mujer suministrándole talio radiactivo y otras sustancias ha reiterado este lunes que se declara inocente, al inicio de un juicio ante Jurado que la familia de la víctima espera que ponga fin a su “agonía prolongada”.
Los padres de la fallecida, Laura A.G., muerta el 11 de julio de 2011, desean “poder empezar a recuperar la paz en la vida” cerrando con una condena del que consideran homicida de su hija los más de tres años de espera que han pasado desde el suceso, según ha declarado antes del comienzo de la vista oral del caso el letrado que les representa como acusación particular, Acenk Galván.
El letrado de la familia de la víctima y las otras dos acusaciones personadas en el juicio -la Fiscalía y el Instituto Canario de Igualdad- han insistido en la culpabilidad de Iván R.A., frente a la tesis de su abogado defensor, José Álvarez, quien se ha manifestado “absolutamente convencido” de su inocencia.
Antes de comparecer en la Audiencia de Las Palmas ante el Jurado que deberá decidir sobre si su representado es culpable o no, en el primer día de un proceso para el que se han programado 19 sesiones de vista oral, desde este lunes hasta el 18 de febrero, Álvarez ha sostenido que el hecho de que su defendido haya llegado a juicio es “un fracaso del Estado de Derecho”.
Prueba de ello es que, pese a los numerosos escritos que se han generado durante la instrucción del proceso contra Iván R.A., “no consta en la causa ningún motivo de la muerte” que sea achacable al acusado, ha afirmado el defensor.
Su parecer no ha sido compartido, en todo caso, por los letrados que actúan como acusadores en esta vista oral, que han coincidido en solicitar 25 años de cárcel por un presunto asesinato para el imputado, así como que se le aparte del hijo que tuvo con la víctima, que contaba dos años cuando falleció.
En concreto, en sus escritos iniciales, leídos por la secretaria del tribunal al inicio de la vista, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros del niño durante 35 años, mientras que la acusación particular y la popular han ido más allá, coincidiendo en pedir que se le retire la patria potestad sobre él.
Además, todas esas partes han reclamado que se condene al encausado a pagar indemnizaciones que, en el caso de las de mayor cuantía -las solicitadas por la acusación particular- se elevan a las cantidades de 250.000 euros para los padres de la víctima y de 500.000 para su hijo, para el que se pide además una pensión mensual de 1.000 euros.
Todo ello, desde la convicción de que, “por supuesto”, existen pruebas suficientes para demostrar fehacientemente que la muerte de Laura A.G., que también era enfermera, fue obra del procesado, según ha afirmado Acenk Galván.
El representante de la acusación particular ha querido, en todo caso, limitar sus declaraciones previas a la vista oral en la primera sesión del que ha destacado que será “un juicio largo”, como prueba el hecho de que en su jornada inicial solo ha dado tiempo a seleccionar al Jurado y dar lectura a los escritos de acusación.
De hecho, se han pospuesto para este martes las exposiciones iniciales de acusadores y defensor y el interrogatorio del acusado, que estaban programados, en un primer momento, para este lunes.
Casi ochenta testigos, entre peritos, familiares, policías y otros, deberán prestar declaración en este juicio.
El Ministerio Fiscal sostiene, en su escrito de cargos, que Iván R.A. “decidió acabar con la vida” de su esposa y, para ello, “empleó sus conocimientos de medicina”, ya que había trabajado en unidades de radiología, medicina interna, neurología, cirugía torácica, obstetricia y ginecología.
“Tenía amplios conocimientos de los tratamientos a dispensar” en esas especialidades y en el “manejo y efectos de los medicamentos que se utilizaban” en ellas, que comenzó a suministrarle a la fallecida meses antes de su muerte, al sentirse “agobiado por las deudas y las discusiones frecuentes” que tenía con su pareja, se añade en el texto.