La Asamblea Socio-Sanitaria, en una nota de prensa, ha advertido del abandono de “cientos” de personas discapacitadas mayores de 20 años a las que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife “han dejado fuera del sistema público de enseñanza y servicios sociales”.
La “caótica” actuación de las consejerías de Educación y Bienestar Social y del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), según la Asamblea, “ha obligado a familias con escasos recursos a pasar por el calvario de la desesperación y la vida en precario”, ya que las administraciones “abandonan a los discapacitados, privándoles de la escasa protección que han recibido hasta ahora”.
Estas familias, continúa diciendo la Asamblea, “sufren a diario la problemática sangrante de cuidar a un familiar discapacitado, impotentes y aislados, ante las decisiones de políticos sin escrúpulos que, por supuesto, nunca se verían en el mismo caso porque tendrían dinero y medios para pagar atención especializada para sus familiares si la necesitaran”.
“Por desgracia, este problema no es nuevo porque sucede año tras año; más bien se podría decir que es eterno, injusto y condenatorio para los más indefensos y vulnerables”, recalcó la Asamblea, para añadir que lo que sí es nuevo es que “una organización ciudadana los defienda incondicionalmente”.
Para la Asamblea, “estas familias son víctimas de maltrato psicológico por parte de la administración pública y, en algunos casos, hasta sufren agresiones inevitables por parte de sus hijos discapacitados, en su mayoría dependientes absolutos y que presentan en diversas ocasiones graves episodios de violencia y agresividad”.
La organización ciudadana ha advertido que algunas madres llevan solicitando a los organismos competentes que les proporcionen plazas en centros adecuados para sus hijos desde que ellos tenían 15 años. “Ahora van a cumplir 21 y después de falsas promesas, se enfrentan al falta desenlace de que no hay centros y de que no tienen plazas”, remarcó.
A un discapacitado que necesita educación especial en régimen de residencia, según la Asamblea, “se le margina y desprotege apartándolo del camino social-educativo con la excusa y el absurdo motivo de que han cumplido los 21 años, o incluso antes de cumplirlos”. “Estos ciudadanos, con derechos que no se respetan, nunca llegarán a ser mayores de edad en la práctica porque, desgraciadamente, lejos de mejorar empeoran y siempre necesitarán ayuda especial para vivir dignamente”.
Asamblea Socio-Sanitaria ha criticado que las instituciones canarias digan a estas familias que “deben esperar a que hayan plazas vacantes que nunca han existido y que, ahora con los salvajes recortes presupuestarios, serán aún menos”. “La administración pública canaria debe asumir de una vez su responsabilidad; los organismos competentes deben prever con anterioridad las plazas necesarias para los discapacitados cada curso escolar”, incidió.
Por todo ello, Asamblea ha pedido el apoyo para las reivindicaciones por los derechos de los discapacitados y de sus familias, y la colaboración en las acciones que van a llevar a cabo si no se pone solución a esta problemática.