Más de 200 ambulancias esquivan el desguace con una resolución ‘in extremis’
La empresa pública Gestión de Servicios para la Seguridad y la Salud de Canarias (GSC) ha otorgado a los vehículos de las empresas de transporte sanitario que prestan este servicio, mediante una resolución, la ampliación de la vigencia de la certificación técnico-sanitaria para un total de 273 ambulancias hasta el 31 de diciembre de 2019. A lo largo de la primera mitad del año, el 40% de la flota cumpliría los diez años de matriculación, el límite hasta el que pueden circular.
GSC ya ha comunicado a los empresarios afectados dicha resolución y, al momento de redactar esta información, la página web del registro de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario reza el siguiente mensaje: “Estamos realizando actualizaciones sobre el aplicativo, hasta su finalización, el acceso ha sido desactivado para que no haya confusión con los datos proporcionados. Disculpen las molestias”.
Con esta medida, la empresa pública permite que casi mitad de las ambulancias de Canarias puedan seguir circulando mientras se tramita la modificación del decreto 154/2002 para la ampliación del plazo de antigüedad máximo de los vehículos, de 10 a 12 años. El nuevo decreto, que comenzó a gestarse cuando el consejero de Sanidad del Gobierno canario publicó el 18 de febrero la orden que declaraba la urgencia del proyecto, continúa en fase desarrollo, pues en una sesión celebrada el 18 de marzo el Ejecutivo regional solicitó al Consejo Consultivo un dictamen urgente sobre esta medida.
Pero la publicación de este decreto no significa que al día siguiente las ambulancias que han superado los diez años de antigüedad puedan continuar prestando el servicio, puesto que necesitarán el certificado técnico-sanitario correspondiente, es decir, un documento que habilita al vehículo para poder circular con los requisitos exigidos y, además, la tarjeta de transporte sanitario que expide el cabildo correspondiente. En resumen, una vez salga a la luz el nuevo decreto, pueden pasar hasta dos meses para que una de las ambulancias caducadas pueda volver a circular.
Concurso corregido
En la Plataforma de Contratación del Sector Público ya aparece de nuevo publicado el concurso, que fue anulado por la empresa pública Gestión de Servicios para la Seguridad y la Salud de Canarias el pasado 26 de marzo con la finalidad de rectificar unos “errores” en las bases. En comparación al anuncio de licitación publicado en enero, refleja con precisión el presupuesto total, al trasladar el comienzo del contrato a 2020. El montante total del procedimiento así como los criterios de adjudicación permanecen iguales.
El concurso vigente, de 2008, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y, además, debió haber vencido en 2015, con prórrogas incluidas. El 28 de enero de este año se publicaron las bases de la licitación del nuevo procedimiento para renovar la flota, dividido en tres lotes, y el plazo de presentación de ofertas se ha ampliado ya en dos ocasiones. Primero del 6 al 26 de marzo, al reconocer el Ejecutivo regional su imposibilidad de contestar en tiempo y forma las solicitudes de aclaración formuladas por los licitadores. Esta vez, el plazo de amplía hasta el 6 de mayo.
Además, el concurso ha sido recurrido por Aeromédica una empresa que lleva más de dos décadas prestando este servicio, y el sindicato UGT. La empresa especializada en transporte sanitario incluso ha presentado una denuncia contra el presidente del Consejo de Administración de GSC, José Manuel Baltar, por un presunto delito de revelación secretos, al situarla en una situación de desventaja frente a sus competidores en el procedimiento.
Ante esta situación, el consejero socialista Marcos Hernández, pidió a Baltar que paralizara el concurso y se comenzara desde cero en la siguiente legislatura, a lo que el consejero de Sanidad se negó alegando que no quería dejar “un lastre”.
También se ha planteado la deprivatización de este servicio en un debate parlamentario a iniciativa de UGT, y presentado en la Cámara por el PSOE, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera pero, al no alcanzar un acuerdo, Nueva Canarias presentó una enmienda para estudiar la viabilidad económica jurídica de esta medida, que fue aprobada por unanimidad.
