El expresidente del TSJC reduce la mediación de Batllori por Dimas Martín a una consulta sobre el tercer grado
Antonio Castro Feliciano, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha asegurado este jueves, durante la séptima sesión del juicio que se sigue en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas por la pieza número ocho del caso Unión, que el abogado y exconsejero de Empleo Francisco Rodríguez Batllori, uno de los principales acusados, se reunió en diversas ocasiones con él en 2009, pero “nunca” para hacer gestiones sobre la situación del fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, que ya entonces se encontraba en prisión por otro caso de corrupción.
El expresidente del TSJC ha reconocido, no obstante, que Batllori le consultó sobre el criterio que seguía la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas para otorgar el tercer grado penitenciario (régimen abierto que permite al preso solo pernoctar en la cárcel). Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Batllori facturó entre 2008 y 2009 unos 43.000 euros al Ayuntamiento de Arrecife y a la compañía de aguas de Lanzarote, Inalsa, por unos trabajos que no realizó para la administración, sino en favor de Dimas Martín precisamente para que al político le concedieran el tercer grado que le habían retirado.
“No le di esa información porque no la tenía”, declaró Castro Feliciano, que restó importancia a la pregunta del abogado: “Para mí fue una cosa intrascendente”. El expresidente del TSJC manifestó que, en todos los encuentros que mantuvo con Batllori, el exconsejero de Empleo se presentaba como asesor de la Cámara de Comercio.
“Que yo sepa no era el abogado de Dimas Martín. Supuse en aquel momento que tenía alguna relación de amistad o profesional con el señor Martín”, afirmó.
En su turno de preguntas, el fiscal Javier Ródenas pidió escuchar en la sala una de las conversaciones grabadas durante la investigación en la que Batllori y Martín hablaban sobre Castro Feliciano, con el objetivo de que el expresidente del TSJC identificara las voces, ya que ambos acusados no se han reconocido en las mismas. Sin embargo, los magistrados han rechazado la petición del representante del Ministerio Público al considerar que el testigo no era interlocutor en ese diálogo.
“No soy responsable de lo que dos personas hayan hablado en mi nombre”, concluyó Castro Feliciano.
Las facturas de Inalsa
Adrián Mendoza, director general de Energía del Gobierno de Canarias en la época de los hechos denunciados (2008-2009), manifestó este jueves que se reunió en dos ocasiones con Batllori –una en su despacho y otra en una cafetería- para abordar la abultada deuda que la empresa insular de aguas, Inalsa, mantenía con Unelco-Endesa. En este encuentro, Mendoza le planteó la necesidad de que la compañía “acudiera al mercado libre” para reducir los costes, ya que, por entonces, estar fuera del mismo se penalizaba con un 20% en la factura eléctrica.
El ex director general del Ejecutivo regional admitió que su labor en ese momento fue la de asesorar a alguien que venía en calidad de asesor de la empresa y ponerle en contacto con Pablo Casado, director general de Endesa en Canarias. Mendoza dijo no recordar si el abogado llevó algún documento a esta reunión, pero sí que le dio instrucciones sobre cómo presentar un concurso de suministro eléctrico.
Por su parte, Casado explicó que se citó con Batllori el 15 de mayo de 2008 a petición del letrado, que le indicó que “le habían encargado negociar con los acreedores de Inalsa”. “No me dijo que venía de parte de Dimas Martín”, contestó a preguntas del fiscal. El representante de Endesa sentenció que la reunión, de unos 20 minutos, fue “infructuosa” y que en ella le planteó una única solución: que la empresa pagara la deuda corriente para establecer una negociación sobre la deuda anterior.
Otro de los testigos a los que se tomó declaración en la sesión de este jueves fue Antonio Tomás Monroy, que ejerció como abogado del Ayuntamiento de Arrecife de junio de 2008 a febrero de 2009. El letrado firmó un contrato de arrendamiento de servicio por cuatro meses (prorrogable por otros cuatro meses) para trabajar en el área de personal que por entonces lideraba Luisa Blanco. Además, representaba al Consistorio –mediante decretos- en los procedimientos judiciales. La Fiscalía solicitó esta comparecencia para demostrar que el Ayuntamiento contrataba a los asesores por escrito y no verbalmente, como supuestamente había ocurrido con Rodríguez Batllori.
Los dos principales imputados en esta pieza, Dimas Martín y Rodríguez Batllori, se enfrentan, respectivamente, a posibles condenas de seis y ocho años de cárcel por varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.
