Cuando tu apartamento es tu vivienda de toda la vida, pero te multan por no tenerlo en explotación turística

“Todo esto, antes era tierra colorada”, dice Montse mientras señala al exterior de unos apartamentos del sur de Gran Canaria. Se trata de Las Algas, uno de los primeros complejos que se construyeron en los años sesenta, antes de que nadie imaginara que décadas después Playa del Inglés se convertiría en el corazón turístico de la isla. Ella llegó con apenas once años a esta casa donde vive ahora con su marido. Cuando era niña primero venía los fines de semana a ver a su padre, que habitaba en este piso porque era trabajador del conde de La Vega Grande (entonces, Alejandro del Castillo); propietario de gran parte de los terrenos del sur. Olga vive en el piso de al lado y explica que se trata de su casa familiar de toda la vida. Su padre también trabajaba para el conde, que dio la opción de comprar estos pisos para que sus empleados estuvieran cerca de su centro de trabajo, el entonces Hotel Oasis. Los padres de ambas tuvieron el puesto de maître (jefe de comedor) y compraron estos pisos porque entonces no había ni carreteras adecuadas para desplazarse por la isla. 

Olga llegó a esta casa con meses de vida y ahora tiene 54 años. Era 1969 cuando el apartamento, que cuenta con dos habitaciones, baño, salón comedor y balcón, se convirtió en la casa de sus tres hermanos, sus padres y ella. En una habitación amplia se disponían las dos literas y en la otra, el dormitorio de sus padres, que con mucho esfuerzo pagaron los cuatro millones de pesetas que costaba aquel inmueble. A ella y a sus hermanos venía una guagua a recogerlos para ir al colegio, rememora. “No nos han regalado nada”, asegura mientras sostiene incrédula una carta que ha recibido de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. En ella se le comunica que se tramita su expediente por la sanción que se le comunicó previamente de 2.250 euros y que tiene recurrida. “No voy a pagar porque no voy a darles la razón”, apunta. La sanción se le impone porque el suelo ahora es “turístico” y se le indica que debe estar dedicado a esta actividad, de acuerdo a la Ley de renovación y modernización turística de Canarias, de 2013. Pero además, el apartamento no puede ser gestionado por ella misma, sino que tiene que hacerlo un explotador turístico. 

Montse asegura que en su caso ella no piensa ni recoger la sanción. “A mí no me van a echar de mi casa”, insiste. Ambas cuentan anécdotas de los primeros años viviendo en estos pisos y buscan fotografías. “No había nada construido alrededor y se escuchaba mucho el viento”, recuerdan. Desde los inicios, aseguran que había también personas extranjeras en estos apartamentos, pues el turismo en Canarias se caracteriza por ser de larga temporada. Esta modalidad se da sobre todo en invierno, cuando llegan personas del norte de Europa refugiándose del frío. Por ello, no entienden la polémica. Tampoco lo entendió el Defensor del Pueblo, que en una resolución de 2019 (la polémica viene arrastrándose varios años pero las multas llegan ahora) dijo que “en Canarias son frecuentes las estancias de larga duración. Por ello cree que la incompatibilidad entre el uso residencial y el turístico no es tan intensa, o no hay incompatibilidad en absoluto”. 

Desde hace meses está llegando este reguero de multas a familias canarias. Un matrimonio agotó esta Navidad el trámite administrativo tras llegarles los 2.250 euros de multa y se abre ahora el camino en la vía judicial. En la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que tiene su sede al lado de la Comisaría de Playa del Inglés, no dejan de analizar casos, de asesorar y recibir llamadas. Insisten en que no se paguen estas multas y que acudan a asesorarse. “Nos preguntamos dónde vamos a vivir y qué justifica que personas que no son millonarias se les esté sancionando por no tener su propiedad en manos de un explotador turístico con el pretexto del interés general”, subraya la presidenta del colectivo, Maribe Doreste. También añade que “no hay mayor interés general que el de la mayoría, ni función social de la propiedad que pueda estar por encima del derecho a la vivienda y lo que se está produciendo es una expropiación encubierta”, apunta. 

Olga insiste en la idea de que estas personas que tienen apartamentos no son millonarias. “Yo llevo trabajando desde los 17 años”, afirma. Empezó a trabajar en el centro comercial Metro (que de ser referente para el municipio ahora languidece en Playa del Inglés) y después ha seguido trabajando muy vinculada a la hostelería y al turismo. Subraya que siempre vivió en este apartamento de Las Algas, excepto durante unos años en los que su familia probó la experiencia de poner este piso en explotación turística. Una experiencia que en general los propietarios cuentan que no ha sido buena, pues hay meses que no se cobra nada porque el gestor indica que no se ha alquilado lo suficiente o en los que se cobra es muy poco. El matrimonio sancionado en plena Navidad indica que la explotación no era rentable porque solo recibían 200 euros. “¿Pretenden que lo ponga en explotación turística cuando esta es mi única vivienda, con esos 200 euros cómo me alquilo otro piso?” lamenta Olga. 

La familia de Olga compró otra casa en San Fernando, pero en 2009 cuando su padre falleció se mudó de nuevo a Las Algas a vivir en el apartamento que había sido toda la vida de su familia. Cuando su madre murió, en 2016, compró la parte del apartamento a sus otros tres hermanos y se quedó a vivir ahí. En sus años de vida ha estado empadronada la mayor parte del tiempo en Playa del Inglés, después en San Fernando y cuando se volvió a empadronar en Las Algas (en 2016) el Ayuntamiento nunca le puso ningún impedimento por residir ahí. Además, insiste en que paga sus impuestos como cualquier otro inmueble. 

La multa de Olga no se sostiene porque la Ley del Suelo de Canarias, de 2017, ya recogió que  las personas que residían en esos complejos antes de ese año y lo probaran como “derecho consolidado” podrían seguir haciendo uso de estos apartamentos como residencia, aunque esto no sería posible si se produce un cambio de propietarios, por tanto, ni siquiera contempla a los herederos, que tendrán (según la norma) que entregarlo en un futuro a un explotador. El apartamento de Olga siempre ha sido de su familia, ella está empadronada en él desde antes de esas fechas y es de su propiedad, con lo que cumple con todos los requisitos. 

Montse recalca que ella nunca ha tenido el apartamento en explotación turística. Siempre lo ha visto como la casa de sus padres y después como su casa, la de su marido y que será de su hijo. “Cuando lo compramos no nos dijeron nada de esto” y “no nos pusieron estas condiciones”, remarca. Además, ambas explican que son hijas de los trabajadores que levantaron el sur de Gran Canaria, que empujaron y trabajaron duro en el bum del turismo y que siempre se han adaptado ellos al turista. Por ejemplo, cuando en Playa del Inglés se comenzó con la remodelación de los apartamentos de las zonas pensando en la imagen del turismo, ellas pagaron la derrama correspondiente para adaptar su complejo y modernizarlo, algo para lo que afirman que nunca han recibido subvenciones y que lo han pagado con su nómina de trabajadoras. 

Olga y Montse muestran cómo en estos complejos se vive con normalidad y está interiorizada la convivencia con extranjeros, que en su mayoría vienen por largas temporadas de seis meses. Además, funcionan como cualquier comunidad de vecinos, con sus juntas, sus normas y sus derramas. En los pasillos personas de distintas nacionalidades y circunstancias se saludan y se ayudan en lo que pueden. También son parte de la comunidad los gatos, que entran y salen de los apartamentos como uno más de la familia. 

Una cuestión que no entienden es por qué se multa a unos apartamentos sí y a otros no. Por qué a unas zonas y calles sí ya otras no y cómo es que la sociedad canaria no sale a la calle en contra de estas medidas que ven injustas. “No quieren a los canarios en el sur”, es una de las frases más escuchadas, que también pronuncian desde la Plataforma de Afectados por la Ley  Turística. El colectivo calcula que de las 53.000 personas que residen en San Bartolomé de Tirajana, un 29% lo hacen en zonas consideradas turísticas, es decir, hay unas 16.900 residentes. Se trata de personas susceptibles de ser multadas, pero pueden verse afectadas hasta 40.000 en toda Canarias, si las sanciones avanzan por otros municipios con propietarios de apartamentos, sobre todo de Fuerteventura o el sur de Tenerife. 

“¿Que me multan por vivir en mi propia casa? Yo no me voy a ir de aquí”, dice Montse. Asegura que no se piensa preocupar y que es su casa “punto final”, zanja. Olga también asegura que no baraja marcharse y confía en que estas sanciones no tengan recorrido, pero sí reconoce sentirse angustiada y que es un tema que le preocupa. Tener que lidiar con el papeleo, buscar abogados, asesorarse… “Somos de la época en la que se pasó del tomate al turismo, ahora que no nos vengan con esa ley”, dice Montse, que añade que “venimos de levantar el turismo aquí, esto era tierra colorada”. Ambas recuerdan que sus padres trabajaron y lucharon mucho, incluso en épocas en las que había movilizaciones por la reducción de jornadas y los derechos de los trabajadores, se quedaban en el hotel porque tenían la condición de jefes de comedor. “Íbamos a ver incluso en Navidad a nuestros padres al hotel cuando no podían salir”, recuerdan. Eran tiempos donde el trabajo en la hostelería era aún más exigente y la gente se deslomaba para salvaguardar sus puestos. 

“Esta situación da rabia e impotencia”, insiste Montse. Ambas creen que sus familias han vivido y luchado mucho para que ahora se les diga que no pueden residir en su barrio de toda la vida porque se ha convertido en el punto turístico que es hoy, que no es más que el fruto del trabajo de tantos que como sus familias se sacrificaron. “Desde las instituciones nunca se nos ha facilitado nada, hemos sido nosotras las que nos hemos adaptado al turismo”, dicen ambas. Recuerdan que nunca han pedido ni se han quejado por no tener centro de salud u otros servicios, pues saben que tienen que desplazarse a San Fernando para ello y lo aceptan. Lo dicen a modo de ejemplo de que nunca han supuesto un problema para el Ayuntamiento. “Esta ley va en contra de la libertad y no se puede aplicar con carácter retroactivo porque nunca firmamos estas condiciones”, aseguran.