La Asociación Canarias de Mujeres de la Comunicación, Vivas, ha expresado este lunes “su más decidido apoyo a la trabajadora que ha denunciado un presunto acoso laboral y sexual del que habría sido objeto en la empresa Etiazul que gestiona la televisión, radio y medios de comunicación digitales del Ayuntamiento de Mogán”. En concreto, hace referencia a la denuncia de una trabajadora al director de esta televisión, Gregorio Guerra el pasado 16 de abril. Además, las comunicadoras han exigido a la empresa y al consistorio que abra una investigación.
Como profesionales de la comunicación, la asociación quiere llamar la atención sobre el “enorme deterioro de las condiciones laborales” que afecta al periodismo desde ya muchos años, lo cual se traduce no solo en precariedad laboral, sino en un aumento de los casos de acoso laboral, hostigamiento psicológico o ‘mobbing’.
Como señalan Antonio López Hidalgo y María José Ufarte Ruiz, de la Universidad de Sevilla, en el trabajo de investigación El mobbing en la profesión periodística: “Existe una tendencia a que determinados cargos de las redacciones informativas sometan a los periodistas a una presión e intimidación o les traten con violencia, lanzándoles invectivas e insultándoles, negándoles, en cualquier caso, todo tipo de respeto”.
La asociación alerta además de la normalización de este tipo de conductas. Como ha señalado el estudio Women in News, el 30% de los más de 2.000 profesionales de medios de comunicación encuestados entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021 reconocieron haber sido víctimas de acoso sexual verbal y/o físico en el trabajo. La mayor parte de las víctimas, lamentablemente, no denuncia, pues solo uno de cada cinco casos de acoso sexual se notifica formal o informalmente dentro de las propias organizaciones.
Recuerdan las comunicadoras que todas las empresas están obligadas a contar con un protocolo de prevención y actuación por acoso laboral y que la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en su artículo 48.1. y 48.2 establece la obligatoriedad de proteger a los trabajadores y a las trabajadoras de situaciones de acoso sexual mediante la elaboración de un protocolo de acoso y posterior sensibilización del acoso sexual y por razón de sexo con medidas negociadas con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras.
Por ello, y con independencia de la vía judicial que tome el caso, el colectivo de mujeres de la comunicación insta a la empresa Etiazul a abrir actuaciones al respecto, lo mismo que al Ayuntamiento de Mogán, al ser esta entidad pública, en última instancia, la responsable de la televisión, radio y medios de comunicación digitales del consistorio.
Las profesionales de la comunicación exigen entornos de trabajo seguros en los que se vele por el respeto los derechos de los y las profesionales de la comunicación.