La atención a la dependencia no despega en Canarias once años después

El sistema de atención a la dependencia de Canarias es el peor desarrollado de toda España. Lo dicen una y otra vez los dictámenes del Observatorio Estatal, basándose en los datos del Imserso. Según resume José Miguel Ramírez, presidente de la asociación estatal de gerentes y directores sociales, la histórica desidia del Gobierno de Canarias en los años de su implantación, unida a los recortes, son las principales causas. Sin embargo, añade que comunidades con el mismo retraso histórico como Valencia sí que han sabido revertir en los últimos años la situación gracias a la gestión de su Gobierno autonómico. Lo ha logrado “inyectando más presupuesto” y mejorando su gestión al incorporar una estructura organizativa más ágil, explica.

Si tenemos en cuenta los últimos datos publicados por el Imserso, los de julio de 2018, en Canarias hay 10.005 personas que, a pesar de haber sido reconocidas como dependientes de pleno derecho, siguen esperando por esa solicitud. Es cierto que con la llegada de Patricia Hernández (PSOE) a la Consejería de Políticas Sociales se empezó a percibir un cambio de tendencia respecto a su antecesora, Inés Rojas (CC), para lo cual se tuvieron que hacer muchos cambios en cuanto a planificación. De hecho, en el año 2016 se logró la cifra histórica de incorporar 3.000 altas más al sistema.

Para lograrlo, la socialista recuerda que se contrataron a 22 personas más entre administrativos, juristas, trabajadores sociales… a las que se encomendó que agilizaran las cajas que se amontonaban con solicitudes de ayuda a la dependencia que aún no se habían estudiado. Con un poco más de orden en la consejería y la experiencia de esas miles de altas que se atendieron, la consejera Cristina Valido (CC), que tomó el relevo a inicios de 2017 tras la ruptura del pacto autonómico, ha logrado también una mejoría en la lista de espera. La actual consejera suele hablar de altas al sistema cuando proclama una ligera mejoría, pero en realidad se refiere a personas a las que se les ha reconocido su solicitud y que aún no son beneficiarias.

En cualquier caso, desde la asociación estatal de Directores y Gerentes Sociales insisten en que el ritmo es muy lento. La situación que se dibuja está tan alejada del objetivo que Ramírez considera que tiene una difícil solución si no se realiza una fuerte inversión pública y si no se recuperan las partidas que se dejaron de destinar a Políticas Sociales por los recortes. Considera que CC tuvo una oportunidad histórica de conseguir más partidas para dependencia en la negociación de los últimos presupuestos de Mariano Rajoy.

La realidad actual es que Canarias es la comunidad con menos beneficiarios dentro del sistema, con la lista de espera más alta y con menor desarrollo de la dependencia y de los servicios sociales. Esta comunidad tiene el gasto público por habitante en dependencia más bajo de todo el país. Destina solo 54,29 euros por persona y año, frente a los 129,72 euros de media estatal. Un dato que el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales destaca como prueba del considerable retraso de la implantación del sistema de ayuda a la dependencia.

El ritmo para reducir la lista de espera se estanca

Patricia Hernández sostiene que, de haber tenido los recursos con los que cuenta la actual consejera y con las vías que forjó su equipo durante el primer año, ya que “no solo era una cuestión de dinero, es que no había orden”, habría logrado que en 2017 unas 4.000 personas más fueran beneficiarias. En 2015, además existía una disparidad de criterios, no había una instrucción clara. Un ejemplo de ello es la diferencia que había entre islas para conceder el grado de discapacidad a niños con cáncer y hubo que unificar los criterios aplicando el que más beneficioso resultase para el conjunto de la ciudadanía. También se cambió la prioridad para acabar con la lista de espera en dependencia menores de 21 años, aplicando la pauta de edad y gravedad.

Por ello, reprocha que este 2018 con el “mayor presupuesto” de la historia de Canarias, según ha promocionado el Gobierno, no se haya ampliado el ritmo para atajar la lista de espera en dependientes. Así mismo, critica que una parte de los 22 de trabajadores que se contrataron para esta área se hayan derivado al menos durante un período de tiempo a tramitar las ayudas de familia numerosa.

Otro de los puntos en los que la dependencia sigue atascada es en la tramitación de solicitudes y no solo en las personas que a pesar de haber sido reconocidas siguen esperando. Es decir, el mes de julio cierra con 48.543 personas que han presentado la ayuda y, de ellas, 12.958 siguen esperando a que se estudie su caso, también según los datos que se pueden comprobar en el Imserso.

Sobre la polémica suscitada en las últimas semanas por la fórmula de copago en las residencias, la exconsejera Patricia Hernández recuerda que el decreto de 2014, que obliga a pagar en función de la renta es un objetivo por el que debe trabajar la actual consejera, aunque su aplicación sea difícil en este momento. “Inaplicable era cuando yo llegué”, destaca. En este sentido, sostiene que durante el período en el que se ocupó de esta consejería se facilitó el camino para llegar a aplicar este decreto.

Actualmente, las personas en situación de dependencia aportan el 75% de su pensión a las residencias y el 40% a los centros de día, según un decreto de 1998. En 2014, se optó porque pagaran en función de su renta pero se dejó de aplicar hasta que el Gobierno de Canarias pueda asumirlo. La oposición, en general, no recriminó esta medida a la consejera en una última comisión parlamentaria ya que consideran que es una decisión que se aplica como transición. No obstante, Hernández sí que reprocha las excusas de Valido, que llegó a decir que este tema debe llevarse “con discreción”, ya que “hay gente muy enfadada porque pagaría menos de lo que está pagando” si se aplicara el decreto de 2014. A juicio de la socialista, la consejera debe explicar qué se está haciendo para llegar a ese objetivo más que excusarse.

Mal punto de partida y recortes

La consejera Inés Rojas dejó el listón muy bajo en este asunto. La asociación de directores y gerentes sociales recriminaba una y otra vez durante su mandato la desidia de la política de Coalición Canaria. Una situación heredada tanto por Patricia Hernández como por Cristina Valido pero que según José Miguel Ramírez se puede revertir si hay voluntad política y se destinan unas partidas acordes. El último Observatorio Estatal para la dependencia suspendía al Archipiélago con una puntuación de 1,8, frente al 9,3 que tiene la comunidad mejor valorada, Castilla y León.

También es cierto que el Archipiélago ha dejado de recibir 71 millones de euros en los últimos seis años como consecuencia de los recortes estatales. El Gobierno regional aporta actualmente el 80% de la financiación pública. La asociación estima que con los 12,5 millones de euros que Canarias ha dejado de recibir en 2017 como consecuencia del recorte del Gobierno del PP, se podrían atender a casi 2.000 nuevos dependientes y crear más de 400 nuevos empleos.

Actualmente, la dependencia genera en Canarias 4.385 empleos directos. El incremento de servicios en 2017 permitió la creación de 732 nuevos empleos. Sin embargo, la capacidad de creación de empleo relacionado con este sistema en las Islas, con 33 empleos directos por cada millón de euros invertidos, está por debajo de la media estatal, que es de 36.

Un dato positivo es la aprobación por parte del Gobierno de Canarias del gasto plurianual de 2018 a 2021 de los convenios con los cabildos insulares para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia o discapacidad, que asciende a 448,3 millones de euros. No obstante, un dato negativo es que a menos de un año de que acabe la legislatura aún no hay una Ley de Servicios Sociales con una ficha financiera, una promesa que había hecho el Ejecutivo de Clavijo al inicio del mandato.

Los trabajadores sociales piden más planificación

Ismael de la Fe, vicepresidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas, destaca que uno de los grandes problemas a la hora de aplicar la ley de dependencia es la falta de planificación. El colectivo echa en falta sobre todo esa necesaria ley de Servicios Sociales que blinde tanto este derecho como todos los que están englobados en esta área. Reclama que la norma además estipule las ratios y el volumen de trabajo del personal que atiende a personas dependientes.

Señala que, para ello, es necesario hacer un análisis profundo de cuál es la situación en Canarias municipio a municipio. Al no estar regulado, hay veces en que, dependiendo de la localidad donde residas, los consistorios te dan una respuesta más o menos rápida, por lo que se está dando un trato desigual a los usuarios. Considera que se trata de un área en la que existe un profundo atraso de investigación y que los políticos no han sido conscientes de que se trata de una necesidad más como lo es la Sanidad o la Educación.

Canarias, dentro de la Ley de Dependencia, también es la más atrasada en cuanto a la ayuda a domicilio, sobre la que el Observatorio concluyó que es “preocupante” que no crezca este servicio. Precisamente, esta es una de las áreas en las que existen diferencias dependiendo del municipio, ya que hay ayuntamientos que prestan esta ayuda pero fuera de la ley de dependencia.

Ismael De la Fe sostiene que los problemas con la dependencia en Canarias se derivan, además de una falta de dotación de recursos, de personal y sobre todo de prevención. Cree que deben gestionarse mejor los recursos creando red con los ayuntamientos, reordenando los servicios... Además, teniendo en cuenta que el envejecimiento de la población se va a acelerando, se necesita incidir en una mayor planificación.