El Ayuntamiento no tendrá que pagar a los socios privados de Emalsa los 88,7 millones que reclamaban desde 1993

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tendrá que pagar los 88,7 millones de euros que reclamaba la parte privada de la empresa mixta de aguas Emalsa desde el año 1993, tras el proceso de privatización del 66% de la empresa. El juzgado de lo contencioso administrativo número seis de Las Palmas rechaza así esta pretensión de los socios privados.

En una sentencia adelantada este jueves por el periódico La Provincia, la jueza rechaza además la exigencia de Saur y Valoriza de obligar al Consistorio a subir el precio del agua para que se pudieran abonar esos 88,7 millones de euros que reclamaban.

La Justicia concluye que no se ha incumplido el contrato de compra-venta por el hecho de no repartir esos dividendos ya que en el pliego de la privatización no venía recogida esa obligación. Así mismo, subraya que en ningún caso puede ser justificación para una subida de tarifa a los vecinos garantizar que los socios obtengan beneficios.

El fallo también señala que no es cierto que la venta en el año 2005 de Unelco a Valoriza no generara una retribución a la parte privada ya que casi se sextuplicó el valor de las acciones de la empresa.

Esta sentencia llega en un momento clave en Emalsa. La compra por parte de la empresa francesa Saur del 33% de las acciones de Valoriza se ha producido después de negociaciones para que la compañía gala sea adquirida por un fondo sueco propiedad de una de las familias más poderosas del mundo.

Se trata de una operación que puede provocar que la empresa pase a manos públicas, si no en su totalidad, al menos mayoritariamente, porque en los estatutos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas que rigen la empresa se deja bastante claro que la compañía no puede estar participada por un solo socio privado en un porcentaje superior al 49%.