BRASILIA, 12 (Reuters/EP)
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha ordenado al sistema público de salud y a las compañías de seguros sanitarios que costeen las operaciones para retirar las prótesis rotas de silicona de la empresa francesa PIP, incluso si las intervenciones se realizaron por razones estéticas.
Diferentes medios de comunicación informaron en diciembre que varias mujeres con prótesis de la empresa francesa PIP, que entró en bancarrota en 2010, sufrieron fuertes dolores de pecho e irritación después de que estos implantes se rompiesen debido a la utilización de silicona industrial.
La mayoría de los países europeos ha recomendado a las mujeres con estos implantes que acudan al médico, aunque solo Francia anunció que costeará la retirada de estos productos tanto si se implantaron por razones médicas como estéticas.
La Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANVISA) de Brasil explicó que Rousseff tomó dicha decisión el miércoles, cambiando la postura oficial del Ejecutivo adoptada anteriormente.
“Entendemos que la ruptura de un implante requiere cirugía que puede realizar el sistema nacional de salud y si se necesita, la prótesis será reemplazada”, explicó el director de ANVISA, Dirceu Barbano.
El organismo indicó en su página web que controlará a todas las mujeres con estos implantes por si se detecta cualquier señal de ruptura. Se calcula que unas 25.000 mujeres brasileñas tienen implantes PIP y en el mundo podrían llegar hasta las 300.000.
ANVISA explicó además que ha recogido muestras de los implantes y que ha decidido comenzar un registro de todos los implantes de pecho del país.
La Oficina de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió en 2000 de que los implantes PIP no eran seguros después de visitar una planta de producción en Francia. Se desconoce el paradero de Jean Claude Mas, fundador y presidente de la empresa.
Su exsocio en Estados Unidos, Donald McGhan, un pionero en la industria de los implantes de silicona, se ha enfrentado a numerosos problemas legales y actualmente cumple una condena de diez años de prisión en Estados Unidos.