Canarias admite que cinco políticos y un obispo se colaron en la vacunación y culpa a residencias, cabildos y ayuntamientos

Un informe firmado por el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, y por la directora de Programas Asistenciales del organismo autónomo, Elizabeth Hernández, descarga en las direcciones de los centros sociosanitarios o en las entidades que los gestionan, es decir, los cabildos y los ayuntamientos, la responsabilidad de las “disfunciones detectadas” en el inicio de la campaña de vacunación frente a la COVID-19. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias admite que se le administró la primera dosis a seis personas que no se ajustaban a los criterios fijados en la estrategia nacional elaborada en el marco del Consejo Interterritorial de Salud a finales de diciembre. 

Entre esas seis personas figura el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, que fue vacunado tras ser incluido en una lista como interno de la Residencia Sacerdotal San Juan de Ávila, en la que no vive. También la consejera de Sanidad de La Palma, Susana Machín (PSOE), que fue incorporada a la agenda por indicación verbal del director médico del Hospital Nuestra Señora de Los Dolores, con el que no mantiene una relación laboral. El director de este centro remitió un escrito justificativo a la Consejería de Sanidad aduciendo que esa decisión estaba basada en “la actividad” de la consejera dentro del centro. 

Las otras cuatro personas que, según el SCS, se saltaron el protocolo de vacunación son concejales de Arafo (Virginia Rodríguez -CC-), Garachico (Elvis de León -CC-), Puntallana (María Eugenia Rodríguez -PSOE-) y Puntagorda (Mercedes Candelario -PSOE-). Todos ellos figuraban como trabajadores de residencias en los listados que fueron remitidos a la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS por los centros. 

El informe del SCS explica la forma en la que se elaboraron los listados. Los datos se obtuvieron de las residencias o de los organismos que las gestionan. En el caso de las públicas, los cabildos o ayuntamientos. Los listados debían incluir los datos de las personas a vacunar (tanto residentes como trabajadores, incluidos en el grupo I de prioridad): nombre, apellidos y DNI. Sanidad defiende que solicitó archivos actualizados con el censo de centros públicos y privados. Los listados “se admitieron según se recibieron” y se volcaron de forma automática en el sistema Drago para generar la agenda de vacunación. 

La administración autonómica señala que asumió los listados facilitados por residencias, cabildos y ayuntamientos como “un acuerdo de confianza”. “Evidentemente no se solicitaba la relación de residentes ni los contratos de trabajo, ya que son extremos comprobables posteriormente y la premura de acometer la vacunación, que es el objetivo prioritario, no admitía dilaciones”, exponen los responsables del SCS en el informe. 

“Es evidente que la inclusión en la vacunación de las personas señaladas en el presente informe no se ajusta a los criterios establecidos y que les fueron oportunamente comunicados”, concluye el escrito remitido este viernes a los grupos parlamentario. 

Una estrategia “modulada e interpretada”

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, señaló este viernes en comisión parlamentaria que el protocolo y la estrategia de vacunación se han modulado, perfeccionado e interpretado desde que se aprobó el 2 de diciembre del pasado año hasta el 9 de febrero.

De esa manera, ha sido preciso interpretarlo para incluir algunos grupos como los de podólogos y policía portuaria, y ha agregado que una cosa es el grupo 1 (residentes y trabajadores de centros de mayores) y otra los 2 (profesionales del Servicio Canario de la Salud) y 3, el último de los cuales incluso se ha subdividido.