El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto por el que se fijan los precios de los servicios universitarios para el curso 2018-2019 para las universidades públicas, en el que se ha incluido, por segundo año consecutivo, una reducción en el coste de las matrículas.
Para el próximo curso 2018/2019, la reducción de los precios públicos será de un 10% para los estudios de grado y de un 17,5% para los de Máster, informa el Gobierno regional, que indica que de esta forma, y teniendo en cuenta los precios actuales de las universidades pública en el resto del Estado, sólo en Galicia sería más económico acceder a una carrera universitaria que en Canarias.
Aunque depende del nivel de experimentalidad de los diferentes estudios, el precio más barato de un crédito universitario quedará fijado en 10,18 euros, de manera que en Canarias se podrá cursar un año académico completo de los estudios de grado universitarios a partir de 611 euros.
En el caso de los másteres habilitantes, el precio mínimo por crédito se sitúa en 17,26 euros y, en los no habilitantes, en 19,92.
Estos precios públicos se alcanzan en el segundo de los tres años de reducción de precios en las universidades públicas, de los tres previstos por el Gobierno para situarlas como las más económicas del Estado para las familias.
Para que la minoración de un 8% en la matrícula de los estudios de grado y de un 15% en los másteres realizada el curso pasado no repercutiese en la calidad que pueden ofrecer al alumnado, el Gobierno compensó a las universidades con 3,5 millones de euros adicionales.
Con esta nueva rebaja de la parte del coste de matrícula que recae sobre las familias, la previsión del Gobierno es incrementar su financiación en torno a cuatro millones de euros.
La finalidad de esta medidas es fomentar las matriculaciones en las universidades canarias y, ante todo, lograr “que ninguna persona con talento, aptitudes y deseo de cursar estudios superiores tenga que renunciar a ellos por motivos económicos”.
El decreto aprobado este lunes regula también la gratuidad o descuento de los estudios por haber obtenido permiso, como matrículas de honor, premios extraordinarios de Bachillerato o de fin de carrera y otros, pero, además, otorga la aplicación de estas minoraciones económicas a colectivos concretos.
Por ejemplo, las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, quedarán exentas del pago de los precios públicos establecidos en el decreto, así como las personas que hayan sido víctimas de bandas armadas o de actos de terrorismo, así como sus cónyuges y descendientes en primer grado.
Por motivo de violencia de género, estarán exentas las mujeres, sus hijos menores y los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, que tengan la condición de víctimas de la violencia a la que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Las personas que sufran lesiones invalidantes comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, así como a sus descendientes en primer grado y cónyuges de las personas fallecidas, en su caso, estarán exentas del pago de los precios públicos establecidos en el decreto.
Y, por último, se establece exención para los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50% para los de categoría general.