La Comunidad Autónoma de Canarias no hace nada en la lucha contra el cambio climático ni cosa que se le parezca. La desidia e inacción del Gobierno que preside el nacionalista Fernando Clavijo (CC) es total y absoluta. De manera consciente o por la ignorancia de sus responsables en Política Territorial y Medio Ambiente. Así de crudo lo expone el excoordinador del ya desaparecido Observatorio Canario de Cambio Climático, Ezequiel Navío Vasseur, en un informe dirigido a quien fuera su superior política directa, la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez.
“Canarias está desprotegida frente a la emergencia social del cambio climático por la inacción del Gobierno Autónomo de Canarias”, alerta el experto naturalista en ese informe final sobre su frustrante paso por el Observatorio. Navío, impulsor de este organismo autónomo desde el Cabildo de Lanzarote en junio de 2015, a raíz de su activa participación contra las prospecciones petrolíferas al frente de la Oficina de Acción Global de la isla de los volcanes, no pudo llevar a cabo casi nada de lo previsto, después de 27 meses de espera y otros seis de inoperatividad.
Y los culpables, como se desprende a lo largo de las 18 páginas de su contundente análisis remitido al Gobierno al final de su mandato, en diciembre de 2017, y al que ha tenido acceso este diario a través del portal de transparencia, tienen nombres, apellidos y cargos: desde el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, hasta su viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, pasando por la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto.
“Como coordinador del Observatorio desde abril hasta septiembre de 2017, y como impulsor de la propuesta de creación del Observatorio desde junio de 2015, se me ha apartado inexplicable y deliberadamente de cuestiones fundamentales y no he recibido respuesta alguna a las diversas acciones que he propuesto para activar el organismo en todos los frentes posibles y necesarios”, denuncia Navío en su dossier a la viceconsejera Blanca Pérez, que nunca respondió a sus propuestas.
“Tras dos años y medio involucrado en tratar de impulsar políticas climáticas con el Gobierno de Canarias, puedo afirmar sin ningún género de duda que no existe voluntad política alguna para trabajar sobre este asunto”, sostiene el naturalista radicado en Lanzarote desde que en 1997 abriera la delegación de WWF/Adena.
“Lejos de progresar en una evolución positiva tras constituir el Observatorio (abril de 2017) y a pesar de la reiterada y comprometida implicación del diputado David de la Hoz y del presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés [de CC] –a los que extiendo mi reconocimiento y gratitud por su esfuerzo- para que el Ejecutivo diera pasos efectivos a fin de activar el Observatorio, éste se encuentra aún en peor escenario que en su punto de partida (julio de 2015)”, indica.
Incumplimiento de los acuerdos generales
“Ninguno de los acuerdos comprometidos en el marco general del Observatorio, bien sobre las Comisiones técnicas, bien con el Cabildo de Lanzarote o con el Gobierno de España, se han valorado positivamente o cumplido eficazmente hasta la fecha de hoy” [15 de diciembre de 2017, fecha del informe], incide el que iba a coordinar una política global canaria contra el cambio climático.
“Si el Ejecutivo no tiene la convicción de que este asunto es de la máxima importancia para la sociedad canaria y sus intereses estratégicos presentes y futuros, y si no facilita en la práctica una mínima estructura que pueda operar con agilidad e independencia, el proyecto del Observatorio o de un Comisionado no tiene ningún sentido como es notorio hasta hoy en la práctica”, denuncia Navío.
El científico expone en su informe al Ejecutivo de Fernando Clavijo que “Canarias debe velar por los intereses de su población y, paralelamente, ubicarse en un punto de referencia internacional en la lucha contra el cambio climático por tratarse de un archipiélago de gran relevancia geoestratégica”.
Y aclara: “Pero para alcanzar esos retos decisivos, el Ejecutivo debe acometer con urgencia un giro radical de 180 grados en su concepción de la sostenibilidad ambiental y trabajar de forma independiente y comprometida en la defensa de los intereses canarios amenazados por el fenómeno climático (adaptación), promoviendo al tiempo acciones para reducir sin paliativos las ingentes emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que las islas generan por la combustión de hidrocarburos (mitigación)”.
Una cuestión que nunca se ha abordado por parte de las autoridades canarias, ya que “en contraposición a los esfuerzos que otras comunidades autónomas efectúan para tratar de proteger su territorio frente a los efectos climáticos, diseñando y activando estrategias de adaptación y de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Canarias promueve un contraproducente inmovilismo que refleja en primer lugar el no reconocimiento tácito de la amenaza y, en segundo término, el absoluto desinterés para trabajar de manera independiente y cohesionada con la sociedad, la comunidad científica, la industria y las administraciones locales a fin de hacer frente a las importantes, múltiples y potenciales vulnerabilidades que el archipiélago experimenta y experimentará por el fenómeno climático”.