La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mantiene en vigor conciertos que el extinto Instituto Nacional de Salud firmó con clínicas privadas en los años setenta, antes de la promulgación de la Constitución. Estos contratos sobrevivieron a la transferencia de competencias sanitarias a las comunidades autónomas en 1986 y se han ido renovando hasta la fecha a través de las denominadas cláusulas, que revisan las tarifas cada año. Esta fórmula, perpetuada en el Archipiélago en las últimas décadas, se sitúa al margen de la Ley de Contratos del Sector Público, que limita las prórrogas, estipula que su duración no podrá ser superior a la fijada en el contrato inicial y obliga a justificar su idoneidad.
Así lo reconoce el propio Servicio Canario de Salud (SCS), que este mes creará un grupo técnico para “revisar los conciertos y adaptarlos a la Ley de Contratos”. Según fuentes oficiales de este organismo, la comisión dará prioridad a los conciertos de hospitalización por ser “los más numerosos y costosos”. Además, siguiendo las directrices del Comisionado de la Transparencia del Gobierno regional, la Consejería de Sanidad prevé publicar a finales de febrero en su web el listado completo de los contratos con las clínicas privadas.
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), fundación que agrupa a aseguradoras y hospitales de titularidad privada, elabora cada año un análisis de situación. En su último informe, presentado en 2015 con datos de años anteriores, IDIS estima que los conciertos representaron aproximadamente un 8% del gasto sanitario total en Canarias en 2012 (253 millones de euros sobre 3.340), frente al 68% público y el 24% exclusivamente privado. La fundación destaca que, de los 43 hospitales del Archipiélago, el 51% (22) pertenece al sector privado, que cuenta, sin embargo, con el 35% de las camas en las Islas. De esos 22 centros, 16 mantienen conciertos con la Consejería de Sanidad.
Guillermo de la Barreda, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias (ADSPC), considera “necesario y urgente” modificar los conciertos mediante una fórmula de contratación flexible que actúe “a demanda de lo que requiera el SCS” y complete la oferta pública. Para ello, el ex jefe de servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Universitario de Canarias (HUC) propone revisar la cartera de patologías a concertar y buscar el mejor rendimiento para “ahorrar dinero y evitar dejar tirados a pacientes hasta tres y cuatro días en los pasillos” en los centros sanitarios.
“A las clínicas privadas les interesan las patologías y pruebas diagnósticas que dan bastante dinero, van a hacer negocio. No hay que olvidar que detrás de estos hospitales hay empresas de capital de riesgo, en su mayoría extranjeras”, explica De La Barreda, que remarca que el Gobierno de Canarias está gastando grandes cantidades en concertar intervenciones “muy caras”. Por ejemplo, en la implantación de prótesis de cadera: “Un solo enfermo está ocupando una cama en la clínica privada durante cinco o seis días. Si en vez de esto, derivas patologías menores, que requieren un ingreso mínimo, por el mismo precio te solucionan entre cinco y seis casos que reducen la lista de espera”.
Según el portavoz de la ADSPC, se da “la paradoja” de que el Hospital Universitario de Canarias realiza menos intervenciones de prótesis de cadera o de rodilla de las que se derivan a una clínica privada y, sin embargo, después tiene que “asumir los errores de la concertación” porque el SCS “no tiene un grupo de inspectores suficientes” para garantizar la calidad de estos centros. “Algunas clínicas no concertadas tienen igual o mejor capacidad que algunas a las que se les prorrogan los conciertos indefinidamente”, sostiene.
De la Barreda recuerda que, según las cifras que se manejan en el conjunto del Estado, el 70% de las intervenciones quirúrgicas se soluciona con cirugía mayor ambulatoria, que no requiere ingreso hospitalario o lo reduce a pocas horas. El traumatólogo, ya jubilado, plantea un modelo que permita concertar entre el 10 y el 15% de estas operaciones para agilizar las listas de espera. “¿El problema? Que no es tanto negocio para las privadas, porque tienen que abrir el quirófano cinco veces cuando antes lo hacían una”.
Dentro del concepto de flexibilidad que defiende para la concertación, aboga por un sistema que se ha implantado en otras comunidades autónomas y que también está funcionando en la provincia de Las Palmas y que pretende evitar que los cirujanos se vean obligados a permanecer “con los brazos cruzados porque no tienen camas” cuando las urgencias de los hospitales públicos se colapsan. “Se trata de que en su horario, sin coste laboral adicional para las arcas públicas, el cirujano vaya a operar a la concertada a pacientes de la lista de espera y que, por ello, se le pague a la privada con una reducción de tarifa del 15%”, explica.
De la Barreda añade otro déficit al sistema sanitario canario: la falta de camas de media y larga estancia. “Si un paciente ingresa por neumonía y pasa la fase aguda, sólo necesita estar controlado en una cama y con medicación y dieta. En ese caso, lo conveniente sería sacarlo del hospital público, que ha asumido el mayor volumen de gasto en este tratamiento agudo, y llevarlo al concertado”, asevera el traumatólogo, que considera que Canarias es de las regiones más privatizadas en Sanidad porque “las infraestructuras del SCS no han crecido al mismo ritmo que la población” y los hospitales, “con excepción del Doctor Negrín”, se han hecho “sin proyección de futuro”. La solución, en su opinión, pasa por construir hospitales de mediana estancia o los denominados centros de alta resolución.
¿Es más barata la sanidad privada?
¿Es más barata la sanidad privada?Para Manuel Vílchez, director general de la Fundación IDIS en España, el debate sobre los conciertos sanitarios ha adquirido tintes demagógicos. “El enfoque no es cuánto cuesta, sino cuánto ahorra”, precisa. Y es que el también director del Hospital NISA Pardo de Aravaca defiende que la sanidad privada es “mucho más barata” que la pública porque está sometida a competencia, por lo que los mecanismos están “más ajustados” y hay más incentivos. Vílchez alude a un estudio comparativo que concluye que, con las mismas unidades de referencia, en algunos casos la diferencia de precio es de hasta el 50%.
El representante de las empresas aseguradoras y las clínicas privadas mantiene que la reducción de los conciertos conllevaría riesgos para los propios proveedores, ya que pondría en peligro puestos de trabajo, y generaría “un retraso en la asistencia a los pacientes que lo necesitan y a los que la Sanidad pública no tiene capacidad de llegar”.
Vílchez pone el ejemplo de las resonancias. Más del 70% de estas pruebas se realiza en centros de titularidad privada. “Si esperamos a que la pública tenga acceso a estas tecnologías, las listas de espera se irían al infinito; la privada es mucho más rápida y accesible, porque cuantos más centros, más fácil será que te puedan tratar cerca de tu domicilio”, afirma.
Aunque no hay datos publicados, el director general de IDIS estima que el volumen de facturación procedente de recursos públicos en las clínicas privadas se sitúa en torno al 25% de media, aunque puede llegar al 35%. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias desconfía de estos datos. “A las clínicas privadas no les interesa que se sepa la dependencia que tienen de la Sanidad pública, pero si en una clínica con 200 camas, 100 o 150 proceden del SCS, prácticamente el 50 o el 60% del presupuesto lo paga la pública”, subraya De la Barreda.
Sobre las prórrogas indefinidas de los conciertos, Vílchez asegura desconocer la situación exacta de Canarias, pero le resulta “extraño” porque, en su opinión, “es muy difícil mantener un contrato durante tanto tiempo, incluso cambiando de firmante”. De la Barreda, en cambio, sostiene que la Consejería de Sanidad ha silenciado durante todo este tiempo a las clínicas privadas sin conciertos otorgándoles “contratos especiales por razones de urgencia”.