La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias ha realizado 6.000 evaluaciones de personas desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, de las cuales 1.113 son grandes dependientes, según anunció en comisión parlamentaria la titular del departamento, Inés Rojas.
Canarias es la cuarta comunidad de España en número de evaluaciones realizadas, dijo Rojas para desmentir la acusación del grupo Socialista sobre el retraso de la puesta en marcha en las islas de la Ley de Dependencia.
La consejera aseguró que su Gobierno “cree en la ley de Dependencia”, y “no ha echado la culpa” al Ejecutivo central por el retraso de su puesta en marcha, a pesar de que todas las comunidades advirtieron de que “no era el momento” para implementar esta norma.
Por el momento, dijo la consejera, su departamento se ha concentrado en crear la unidad administrativa necesaria para la aplicación de la Ley de Dependencia y en contratar a 64 evaluadores, que han llevado a cabo las mencionadas 6.000 valoraciones.
Consideró que antes de poner el marcha esta Ley, el Estado debería haber aclarado cómo se iba a compatibilizar con los planes previos que tenía acordado el Ejecutivo canario con los cabildos, ayuntamientos y asociaciones para atender a las personas dependientes.
Recordó que la Administración central aún no ha aprobado los reglamentos necesarios para el desarrollo de la Ley, pese a lo cual Canarias ha avanzado en su aplicación y ha presupuestado 117 millones de euros, mientras que la contribución del Estado es de siete millones.
“Si cree tanto en esta ley, el Estado debería haber puesto la financiación suficiente”, dijo Inés Rojas, e insistió en que su departamento está dando prioridad a la puesta en marcha de los servicios, las plazas y la contratación de profesionales.
Para los socialistas, dijo la consejera, la prioridad es la paga de 400 euros para los familiares que cuidan a personas dependientes, pero para el Gobierno de Canarias es prioritaria la contratación de profesionales, para lo que dedica 2.000 euros mensuales por plaza.
“Descoordinación e improvisación” en la aplicación, según el PSC
La diputada socialista Rosa Guadalupe Jerez afirmó que desde 2006 el Gobierno de Canarias recibe dinero del Estado para atención especializada, pero las asociaciones e instituciones que prestan los servicios “sobreviven malamente durante todo el año”.
“No han cumplido con La Ley de Dependencia”, dijo la diputada socialista a la consejera, y también acusó al Gobierno de Canarias de no haber atendido a las personas dependientes que solicitan las ayudas previstas en la Ley ni a las asociaciones e instituciones que los atienden.
“Se ha dado alguna subvención”, admitió Rosa Guadalupe Jerez, “pero hay una gran descoordinación e improvisación” en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Afirmó que la Consejería no tiene en cuenta “ni la realidad social, ni los recursos existentes, ni su organización”.
Acusó a la consejera de la escasa repercusión de la Ley de Dependencia “en las personas y familias que viven la situación de dependencia” por “el escaso calado técnico, la baja calidad y el deficiente desarrollo” de la atención a los dependientes.