Canarias está dando los primeros pasos para contar con un catálogo de vestigios regional. Se trata de un objetivo que recogía la ley de memoria democrática del Archipiélago aprobada en 2018 y que se ha convertido en un paso necesario para la retirada de monumentos franquistas. No obstante, el trabajo no habrá que realizarlo desde cero ya que hay ayuntamientos que ya cuentan con sus propios informes al respecto. La Dirección General de Patrimonio ya ha requerido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que remita los estudios y el acuerdo del pleno por el cual se establecía que hay una serie de elementos franquistas en la ciudad, entre ellos la estatua a la victoria, en homenaje al golpe de Estado.
Una vez se incorporen esas investigaciones al catálogo de vestigios, la idea es aprobarlo por fases, de manera que no sea necesario contar con el documento completamente elaborado para poder retirar ese monumento. Así lo ha explicado la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, este viernes después de que se celebrase la segunda Comisión Técnica de Memoria Histórica. El objetivo del catálogo es que posteriormente se proceda a la “inmediata retirada” de estos vestigios. El monumento a Franco ha cobrado actualidad esta semana después de que se derribara la estatua al dictador en Melilla y de que la Junta Republicana de Canarias haya recogido más de 20.000 firmas en defensa de su retirada.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aseguró a este medio hace unos días que “se va a cumplir la ley” y que “se continúa trabajando para tomar una decisión respecto a ese monumento en cuestión”. La presidenta de la Asociación para la Memoria Histórica de Tenerife y nieta del último alcalde republicano de la ciudad Mercedes Pérez Schwartz también ha recordado que el estudio encargado en 2018 a la Universidad de La Laguna, de 26 tomos, ya concluyó que sí que se incumple la ley con este monumento e insiste en que ya ha quedado de manifiesto que tampoco es Bien de Interés Cultural (BIC).
Los acuerdos de la Comisión Técnica de este viernes salieron adelante por unanimidad. Además del catálogo de vestigios se abordó el informe favorable al protocolo de exhumaciones. Tras dicho informe, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dictará la orden correspondiente para su definitiva aprobación, con lo que se cumple el mandato de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.
Vallejo señala a Canarias Ahora que ya se cuenta con un esquema de las fosas que se quieren intervenir como la Sima de Jinámar, la del Barranco de Arucas, la de la Vuelta del Francés, la situada en el Pinar de Fuencaliente de La Palma y las de de San Juan y la Fuente de Cañizares, en el municipio de La Laguna, en Tenerife.
En la reunión participaron la viceconsejera de Justicia y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet, respectivamente, quienes informaron de los contactos mantenidos con el Ministerio de Presidencia y la Dirección General de Memoria Democrática sobre la elaboración del plan cuatrienal de intervención de fosas. También se informó de que el Ministerio cuenta con una partida presupuestaria de 3 millones de euros que se va a repartir entre los distintos territorios con el fin de abordar la prospección y exhumación de todas las fosas que aún quedan sin intervenir.
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