Canarias registró el año pasado 820 solicitudes de asilo en España, 470 de ellas tramitadas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha adelantado que en este ejercicio ya son 195 las personas que piden acogerse a esta figura de protección internacional.
Así lo ha dicho este lunes en conferencia de prensa el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, quien ha estado acompañado por la jurista Beatriz Alfonso en la presentación del informe que cada año publica esta entidad sobre el trato que reciben los inmigrantes y solicitantes de asilo.
Lorenzo ha especificado que, de los 470 expedientes tramitados por CEAR, 244 han correspondido a hombres y 226 a mujeres, la mayoría de Venezuela, Sáhara Occidental, Ucrania e Irán.
Entre las registradas en lo que va de 2018, hay 113 peticiones de asilo cursadas por hombres y 82 por mujeres, con mayoría de solicitantes venezolanos, colombianos y marroquíes.
El portavoz de CEAR en Canarias ha subrayado que estas cifras experimentan un notable crecimiento después de tramitar 300 en el año 2016, 126 un año antes, 85 en el 2014 y solo 73 y 35 en los ejercicios de 2013 y 2012, respectivamente, y que por ese motivo la organización volverá a prestar sus servicios de nuevo en Tenerife para, como en Gran Canaria, “dar una primera acogida” al refugiado.
“Buscamos protocolos garantistas, que todos los casos y realidades se analicen con los mismos prismas y que las buenas prácticas se extiendan a todas las llegadas por mar”, ha destacado Lorenzo.
Sin embargo, el portavoz de CEAR ha apuntado que Canarias carece de plazas de acogida humanitaria para las personas que no son devueltas a sus países, unas 38 en Gran Canaria y algunas sueltas en Tenerife, y ha reiterado que los Centros de Internamiento para Extranjeros son “lesivos para los derechos humanos”.
Lorenzo ha dicho que CEAR espera del Gobierno que preside Pedro Sánchez “valentía ” para liderar el “desafío” de una nueva política de asilo en España y la Unión Europea, que “no dé la espalda a las personas refugiadas” como a su juicio ocurre en la actualidad.
Tras los primeros pasos del Ejecutivo en relación con el barco “Aquarius” y las declaraciones de una posible retirada de las concertinas en la frontera con Marruecos, Lorenzo espera que el gabinete de Sánchez asegure el “respeto de los Derechos Humanos” en España “con medidas como la eliminación de las ”devoluciones en caliente“, que en su opinión son ”ilegales“.
También ha solicitado la puesta en marcha de vías seguras, adoptar un protocolo unificado ante las llegadas marítimas y “hacer lo necesario” para mejorar el sistema de asilo.
Lorenzo ha aplaudido los recursos generados en torno a la llegada de los 629 inmigrantes del “Aquarius” a Valencia, pero ha puntualizado que este fin de semana han llegado más de un millar a las costas andaluzas y canarias y que “los protocolos” utilizados no han sido los mismos.
“Si se quiere se puede”, ha subrayado Lorenzo, quien ha demandado que esta forma de actuar con el “Aquarius” se extienda a toda la costa del país, para que se pueda “atender con garantías” a todas las personas que llegan a España.
A su juicio, además de celebrar la decisión de acoger a las personas rescatadas por el “Aquarius” en el Mediterráneo, “el Gobierno tiene que adoptar medidas que permitan afrontar el incremento de solicitudes de asilo y llegadas por mar”.
Juan Carlos Lorenzo ha recordado que en 2017 el número de solicitudes de asilo al Gobierno español fue de 31.120 -“más del doble de un año antes a pesar de que se rechazaron el 65 % de las peticiones”-, y que en este ejercicio más de 17.000 personas han pedido esta protección internacional en España, el 15 por ciento de conjunto de Europa.
Lorenzo ha especificado que solo 595 personas disponen en España del estatuto de refugiado y algo más de 40.000 tienen protección subsidiaria, pero solo uno de cada tres solicitantes la recibe y existen unos 42.000 expedientes pendientes de resolución (en algunos casos tardan más de 400 días para conocerse).
“Hace falta más músculo administrativo en el Ministerio”, ha indicado el coordinador canario de CEAR, quien ha apuntado que un sirio puede tardar nueve meses en conocer el fallo de su expediente y que un iraquí puede esperar hasta 20 meses.