Jubilaciones que se retrasan, una web poco intuitiva, personas que no tienen los recursos o la formación digital necesaria…Realizar una gestión en la Seguridad Social genera frustración en la ciudadanía y en la plantilla, que no puede hacer frente al volumen de trabajo con rapidez ni ofrecer un trato presencial como el que existía hace algunos años. Conseguir una cita en cualquier oficina de Canarias, en especial en la provincia de Las Palmas, ya era difícil antes de la pandemia, pero ahora es una misión imposible. “Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado”, es el mensaje que se repite día tras otro. Los propios empleados afirman que es muy complicado concertarla. Como opciones, queda el teléfono (que no permite gestionar todos los trámites), la web y un buzón o correo que genera incertidumbre ante la demora en la contestación. “Hay personas que llaman porque después de dos semanas aún no saben si su solicitud ha sido recibida, mientras que antes el ciudadano se quedaba más tranquilo porque de forma presencial le ponían un sello”, señala Gustavo Martín, secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT en Gran Canaria.
Tanto este sindicato como CCOO llevan años reclamando más personal y una solución al problema de las citas, de manera que al menos se cambie el modelo y se pueda concertar aunque sea para el siguiente mes. La situación se repite en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde también se han vivido colapsos del buzón o atrasos en los trámites. En ambas provincias se ha venido denunciando esa infradotación de la plantilla y según datos del Ministerio publicados por eldiario.es, un 33% de las sedes de la provincia occidental están en riesgo de desaparecer y un 29% de las de Las Palmas precisamente por la merma de personal. Desde hace años se ha intentado cerrar, por ejemplo, la del municipio grancanario de Arucas (37.600 habitantes), pero la oficina sigue resistiendo por la presión sindical, del alcalde, Juan Jesús Facundo (PSOE), y la de los municipios colindantes, cuyos residentes se acercan precisamente a esta sede.
La imagen de las colas en las puertas de las oficinas que se apreciaban el pasado verano ya no se ven tan a menudo, al menos en el principal Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Las Palmas de Gran Canaria. Esto es porque “la gente se ha cansado”, señala Hortensia Rodríguez, trabajadora de este servicio de atención y miembro del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que añade que en las oficinas más pequeñas sí que se continúa acudiendo a las puertas ante la desesperación. Quienes se ven en la tesitura de tener que aclarar a los usuarios que no pueden ser atendidos son los vigilantes de seguridad, afirma Gustavo Martín. Además, recuerda que la propia web insiste y trata de llevar por otros caminos para que “no se pida hora”. La situación, remarca que está llevando a mucho estrés a la plantilla, porque se siente con el remordimiento de que no se llega a las personas y no las pueden atender.
Hortensia Rodríguez destaca que la imposibilidad de realizar los trámites aboca a algunas personas a tener que pagar para que una asesoría los realice. “Ya es una privatización que no está oculta”, lamenta. Muchos seguros ya incorporan la gestión de viudedad entre otras. También se detectan errores entre quienes los gestionan de esta manera o por sí mismos, por ejemplo, a la hora de solicitar la incapacidad, ya que un técnico de la Seguridad Social conoce qué tiene que marcar el usuario para que se le conceda la cantidad que le corresponde. Explica, como caso habitual que hay personas que no marcan en el trámite que no van a realizar actividades futuras y que no tienen posibilidades por su edad de formarse y, por ese detalle, les puede resultar una cuantía diferente a la que les corresponde. “Ya no podemos reconocernos como servicio público, cuando hemos pasado a una automatización”, subraya. Gustavo Martín, por su parte, considera que “se está generando un negocio a costa de la necesidad y el fracaso en la gestión de la Seguridad Social”, que es una manera “de externalizar también el servicio”.
El pasado año, esta administración copó gran parte de las quejas en la Diputación del Común de Canarias, según se recoge en el informe anual de esta institución. Con respecto al año 2019 se incrementaron en un 34%. Los principales problemas a los que aludían los ciudadanos era el cierre de las oficinas, la imposibilidad de conseguir cita previa y la tardanza en gestionar trámites como el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones. Además, se llevó al Defensor del Pueblo varias cuestiones relacionadas, entre ellas una información publicada en Canarias Ahora titulada Oficinas cerradas y viejas carencias para pedir cita en la Seguridad Social de Las Palmas complican la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Los sindicatos recuerdan que estas quejas no son nuevas y que en 2019 ya las oficinas de Las Palmas era la segunda con el mayor número de quejas del país.
Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social han señalado a esta redacción que no han detectado un “problema extraordinario” en las últimas semanas en Canarias, pero sí admiten que esta administración ha experimentado en todo el Estado una fuerte reducción de personal en la última década. De hecho, dispone actualmente de una plantilla de alrededor de 25.000 personas; un 20% menos de la que contaba en el año 2011. Otro dato relevante es que un gran porcentaje de la plantilla se acerca a la edad de jubilación. Además, afirman que se está trabajando “con mucho empeño en paliar esta situación, pero su capacidad de acción es limitada” y se estudia la posibilidad de “incorporar soluciones temporales para intentar evitar mayor perjuicio a los ciudadanos”.
Una de las sobrecargas de trabajo que tuvo la Seguridad Social fue el Ingreso Mínimo Vital, una gestión que sí que se ha reforzado con personal interino. Los sindicatos calculan que unos 30 por cada provincia canaria, aunque algunas personas ya se han empezado a marchar a otros puestos por haber aprobado las oposiciones. Así mismo, Hortensia Rodríguez recuerda que para formar parte de este cuerpo administrativo se necesita una formación que se adquiere con los años, ya que se tramitan hasta 36 prestaciones diferentes con unas especificidades cada una de ellas. Gustavo Martín añade que el camino hacia el que se está avanzando es hacia una “gestión única” en toda España, de manera que una persona que presente una solicitud en Las Palmas, por ejemplo, esta pueda ser gestionada en otro punto del país que esté menos colapsado. “Un cambio organizativo que convendría tratar con las organizaciones sindicales”, añade. No obstante, ambos sindicatos insisten en que aunque se produzcan estos cambios organizativos, las oficinas tienen que comenzar a atender a más personas para mejorar la calidad de este servicio y que siga siendo público.
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