“Igual el problema no es del Gobierno, ni de los gestores y acaba llevándose por delante a los profesionales, imagino que lo habrán medido”. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha respondido así a la denuncia que los 23 médicos de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria han interpuesto ante la Fiscalía por la “desidia” e “inoperancia” de la administración para resolver el colapso que sufre el servicio desde hace años. Una acción judicial que ya ha sido apoyada por el Colegio de Médicos de Las Palmas, un hecho “histórico” en palabras de los denunciantes, y por la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios y no sanitarios que conforman la plantilla de Urgencias del complejo, 184 de los 192 trabajadores.
Clavijo no solo ha sugerido responsabilidades de los profesionales sanitarios en el caos del servicio, sino que, además, aprecia en la denuncia un trasfondo político. “Podrían haberlo hecho hace un año y medio o hace dos años y medio, pero lo hacen a un mes de las elecciones”, ha manifestado el presidente del Gobierno regional en una entrevista concedida a Cope Canarias.
El dirigente de Coalición Canaria (CC) ha querido sacudir a su Ejecutivo de responsabilidades y ha señalado directamente a los cabildos. “El problema de las urgencias no son las urgencias en sí. Es un problema de que no tenemos capacidad de drenar los pacientes por la escasez de plazas sociosanitarias en las Islas. Y eso tiene nombres y apellidos: los cabildos insulares y, en el caso de Gran Canaria, el que preside Antonio Morales”, ha dicho.
Según Clavijo, el problema de Urgencias “no tiene solución a corto plazo”. “Incluso los propios médicos hablan de que esta situación lleva más de 21 años (en realidad, las primeras denuncias son de 2001). Vamos a poner los instrumentos, pero pegarte contra una pared (en relación a las denuncias de los profesionales) es estéril, no creo que la Fiscalía vaya a resolverlo”. El presidente canario sostiene que no es un problema de recursos (“hemos puesto 400 millones más en los presupuestos de Sanidad”), sino de “ver soluciones viables, un plan”.
En relación con las plazas sociosanitarias, ha defendido que el Gobierno de Canarias ha firmado con los cabildos un plan para la creación de camas por un montante de 160 millones de euros. Clavijo ha manifestado que una cama de Urgencias cuesta en torno a los 1.000 euros al día, mientras que una sociosanitaria puede llegar a alcanzar los 200 euros, según sus números. “Nos costaría mucho menos”, ha recalcado el dirigente de CC, que ha exculpado del colapso asistencial al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. “Solo lleva dos años y poco en el cargo”.
“Gestionamos pacientes, no recursos”
Los denunciantes, que han formado un grupo de trabajo, han expresado su intención de mantenerse al margen de las declaraciones políticas, de no entrar en “un juego de dimes y diretes” y dejar que sea la justicia quien se pronuncie. “Nosotros nos dedicamos a la medicina, no gestionamos camas, ni centros concertados, ni dinero, ni recursos. Gestionamos pacientes”, ha manifestado a este periódico uno de los profesionales sanitarios de este grupo, que ha incidido en que “no hay nadie, ni sindicatos ni partidos, detrás” de este movimiento “espontáneo”.
“No hemos elegido la época” de la denuncia, remarcan las mismas fuentes, que explican que la fecha se explica por las amenazas que aseguran haber recibido en las redes sociales “durante los meses de febrero y marzo”, mensajes en los que se les responsabiliza del colapso en el servicio. Los profesionales advierten de que su integridad física está en riesgo como consecuencia del desbordamiento asistencial en el Hospital Insular.
Los médicos de Urgencias recomiendan a los gestores que lean las reclamaciones y denuncias, con sugerencias incluidas, que han presentado desde 2001. En el escrito presentado en la Fiscalía, lamentan “la penosa situación” de pacientes “hacinados en pasillos, en condiciones no aptas para su salud, inmovilizados en camilla, prácticamente encerrados sin luz solar ni aire natural”, a la espera de una cama a la que poder ser derivado. Una situación que se puede extender, de media, dos o tres meses, aunque en algún caso ha llegado a alcanzar los ocho.
“Al vernos desbordados, existe una alta probabilidad de errores en la cadena asistencial”, advierten en su denuncia.
Morales acusa a Clavijo de mentir
Las palabras de Clavijo también han sido refutadas por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que ha acusado a un presidente “investigado (en el denominado caso Grúas) por, entre otras cosas, mentir” de “insistir en la mentira” para “ocultar su mala gestión” en materia sanitaria tras la denuncia interpuesta por los médicos de Urgencias del Hospital Insular.
Morales ha desmentido a Clavijo. “No es cierto que las camas sociosanitarias dependan de los cabildos, dependen del Gobierno de Canarias, que es quien tiene que financiarlas”, ha manifestado el presidente de la institución insular, que ha precisado que el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias acordado con el Ejecutivo prevé una inversión en Gran Canaria de 95 millones de euros para 1.453 camas.
“La competencia es del Gobierno, que debe financiar las camas y que las está financiando muy mal”, ha redundado Morales, que ha recordado que los cabildos han reivindicado al Ejecutivo que aporte los recursos necesarios para “sostener adecuadamente” esos servicios. “No culpe a nadie de su dejación, de su falta de respuesta ante una demanda extraordinaria de la sociedad canaria, las urgencias hospitalarias. Los déficits de la sanidad pública canaria son solo de su competencia”, ha concluido.