Los conciertos sanitarios adjudicados en la etapa de Coalición Canaria llegan al Tribunal Superior de Justicia

Tras un periplo por diferentes órganos judiciales para dirimir sobre cual de ellos recaía la competencia sobre el asunto, finalmente será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) quien tramite la demanda presentada en julio de 2020 por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública contra el Servicio Canario de Salud (SCS) por los conciertos de hospitalización adjudicados a finales de 2018, con Coalición Canaria (CC) gobernando en minoría en el Archipiélago, para la derivación de pacientes a las clínicas privadas. En un auto notificado a las partes el viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario se declara competente para resolver el litigio y, por tanto, admite la demanda.  

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ASDPC) acudió a los tribunales ante la “inactividad” de la Consejería, al no obtener ninguna respuesta a sus reiteradas solicitudes para suspender o revocar las homologaciones que permitieron suscribir los acuerdos marco con los hospitales privados. Los demandantes sostienen que la administración autonómica prescindió “total y absolutamente” de los procedimientos legales para permitir que las clínicas pudieran contratar con la Consejería de Sanidad sin acreditar el cumplimiento de los requisitos fijados en una orden de homologación que data de 2006, casi doce años antes de la convocatoria del concurso. 

Hay dos protagonistas y dos fechas claves en esta historia. El primero de ellos es José Manuel Baltar, un matemático con amplia experiencia en la gestión sanitaria que en enero de 2017 abandonó el puesto de dirección que ocupaba en uno de los principales grupos hospitalarios privados de Canarias, San Roque, para convertirse en consejero de Sanidad, en sustitución del socialista Jesús Morera, tras la ruptura del pacto de Gobierno que habían suscrito CC y el PSOE después de las elecciones de mayo de 2015. Su nombramiento levantó suspicacias de inmediato. Meses antes de acudir a la llamada del presidente Fernando Clavijo y en medio de una refriega entre nacionalistas y socialistas, aún socios, a cuenta de una presunta desviación presupuestaria en el área, Baltar había manifestado en una emisora de radio que la sanidad privada solo necesitaba 16 millones de euros más para solucionar las elevadas listas de espera en el Archipiélago. 

Su incorporación desde el sector privado obligó al consejero a inhibirse en los asuntos relacionados con la concertación sanitaria. Sin embargo, el 27 de marzo de 2018, apenas 22 días después de que se convocara el concurso, firmó una orden con la que, a juicio de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, vulneró las normas de incompatibilidad. A través de una disposición transitoria única, Baltar concedía a las clínicas privadas un plazo de un año para acreditar dos de los requisitos que debían cumplir desde 2006: disponer de un máximo de dos camas por habitación y de aire acondicionado en todas las estancias. Requisitos que, según los demandantes, los hospitales concertados se han negado a cumplir durante años para “maximizar su beneficio en perjuicio de la calidad asistencial”. “No suponen ningún lujo, sino unas condiciones mínimas en el ingreso hospitalario para los usuarios del sistema público (se trata de camas concertadas) y que ya se cumplen con carácter general en los hospitales públicos”, recoge el escrito. 

El segundo nombre que figura en la demanda es el de Conrado Domínguez. El economista, que ya había trabajado durante ocho años y medio en el área de Recursos Humanos del SCS antes de ser nombrado gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), asumió la dirección del organismo autónomo tras la llegada de Baltar. Abandonó el cargo tras las elecciones de 2019, pero volvió el pasado mes de septiembre en la cuarta remodelación en el seno de la Consejería de Sanidad en apenas un año. Su regreso al puesto de máxima responsabilidad en el SCS provocó la inmediata salida de varios altos cargos socialistas, entre ellos el exconsejero Morera, entonces gerente del Hospital Doctor Negrín.

Domínguez fue quien firmó el 5 de abril de 2019, un día antes de que expirara el plazo que Baltar había concedido a las clínicas privadas para el cumplimiento de las exigencias para la homologación, una “carta-oficio” que, bajo el encabezado “Medidas urgentes por necesidad de camas hospitalarias”, dejaba sin efecto la orden firmada un año antes por el consejero. Es decir, permitía a los hospitales concertados seguir utilizando tres camas por habitación en lugar de las dos que fija la normativa. La Consejería de Sanidad justificó la medida por la “necesidad asistencial urgente”, ante el riesgo de colapso en los centros públicos. 

Para el colectivo presidido por Guillermo de la Barreda, ese escrito de contenido “ambiguo y difuso”, consentía que los centros sanitarios privados siguieran “vulnerando los requisitos” de la orden de 2006 cinco meses después de que fueran adjudicados los contratos de hospitalización de media estancia en un procedimiento que, en sus pliegos, establecía la obligatoriedad de la homologación para poder concertar con la administración pública. La ADSPC remarca en su demanda que el documento del director de SCS no está publicado en ningún boletín oficial y que “no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente” para alterar una orden dictada por el consejero de Sanidad. 

El Decreto 105/2006, de 20 de julio, regula la homologación de los centros sanitarios. En su artículo 12, establece que tendrá una vigencia de cuatro años, pero que su continuidad estará supeditada al cumplimiento de los requisitos que sirvieron de base para su concesión. Si durante su vigencia se constatase el incumplimiento, se deberá suspender de forma provisional durante seis meses y, si no se subsana en los plazos fijados, se revocará. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias sostiene que el SCS ha suscrito conciertos desde hace años al margen de esa regulación. 

En enero de 2020, el nuevo equipo de la Consejería de Sanidad, entonces aún liderado por la socialista Teresa Cruz, abrió un expediente para anular la polémica instrucción dictada por Conrado Domínguez meses antes, que permitía a los hospitales concertados saltarse la limitación de las dos camas como máximo por habitación. Esta actuación requería conceder un trámite de audiencia a los afectados y pedir un informe preceptivo al Consejo Consultivo. Los demandantes afirman que, hasta la fecha, no tienen conocimiento de que se haya aplicado el decreto que insta a revocar la homologación en caso de incumplimiento. 

La ADSPC entiende que, ante la inactividad de la administración frente a los recursos presentados contra los conciertos, opera la figura del silencio positivo, favorable a sus pretensiones. El colectivo insta, en cualquier caso, a garantizar el cumplimiento del decreto de 2006 y, por tanto, a suspender o revocar las homologaciones de aquellas empresas que no hayan acreditado los requisitos. Además, solicita la revisión de oficio del expediente de contratación de los conciertos sanitarios y su “nulidad de pleno derecho” por haber prescindido “total y absolutamente” del procedimiento legal establecido. 

La asociación se reserva también el ejercicio de las acciones civiles, patrimoniales e, incluso, penales que procedan a título personal “contra todos aquellos que hayan participado en los hechos expuestos” en la demanda, por “el perjuicio generado a los usuarios de la sanidad pública a favor de los intereses privados”.