El Consejo Escolar de Canarias no es partidario de la “prohibición absoluta” del uso del móvil en los centros educativos

El Consejo Escolar de Canarias no es partidario de la “prohibición absoluta” del uso del móvil en los centros educativos, aunque sí aboga por un marco que lo regule y que la decisión sea consensuada. El organismo cree que su uso debe concretarse según los niveles educativos, las edades y la madurez del alumnado, así como situaciones personales particulares que aconsejen y justifiquen la tenencia del dispositivo personal durante el horario lectivo y complementario y siempre que “no supongan un menoscabo de la participación y la convivencia”. 

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias esperaba por este informe del Consejo Escolar, que ha sido publicado este viernes, para decidir sobre la regulación del uso de este dispositivo, que hasta ahora ha venido siendo competencia de los centros: algunos prohiben su uso y otros, no.

“Es necesario que la Consejería de Educación dote a los centros educativos de infraestructuras, conexión y dispositivos, para su uso exclusivamente pedagógico, a fin de generar de manera segura, controlada y supervisada por el centro, la necesaria competencia digital del alumnado en el uso responsable, crítico y seguro de las TIC que exige la sociedad global actual”, detalla el Consejo.

El documento también refleja que, teniendo en cuenta que la mayor incidencia del uso abusivo del móvil se corresponde de manera exponencial con los niveles más altos de educación secundaria, “la regulación debe establecerse por igual en los niveles de educación primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional (CIFP)”. 

Así mismo, defiende que “en beneficio de un clima académico en el que se minimicen las potenciales distracciones, situaciones de riesgo y conflictos expuestos en este informe”, se dote a los centros de asesoramiento para establecer una regulación.

El Consejo Escolar realiza una última propuesta que es la de dotar a los centros de mobiliario que sirva para “almacenamiento seguro” de los dispositivos personales si el alumnado los porta a su llegada al centro, “a fin de que puedan entregarlos y recuperarlos al final de la jornada lectiva y complementaria”.

“Es preciso fortalecer y confiar en la capacidad de participación efectiva gestión democrática y decisión de las comunidades educativas a través de los consejos escolares y sociales (CIFP) de centro, garantizando la concreción y desarrollo de medidas en las NOF y Planes de Convivencia del centro educativo que garanticen buenas prácticas, en este caso relacionadas con la competencia digital”, subraya el Consejo.

Todo ello, “en base a los principios rectores dictaminados para la Competencia Digital del Alumnado recogido en la LOMLOE, los cuales garantizarán la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales”. 

La polémica por el uso del móvil en los centros educativos se ha producido en los últimos meses en toda España, donde hay comunidades que han agobado por prohibirlos y otras que no.

Desde Anpe, Pedro Crespo ya había señalado a este periódico que “no comparte” la “prohibición absoluta” “salvo que la comunidad educativa lo decida”. “Abogamos por la autonomía del centro”, insistió Crespo, que sí que apuesta porque el uso del móvil sea “exclusivamente educativo”.

Gerardo Rodríguez, del sindicato STEC-IC, también apuntó la palabra “regular” cuando fue preguntado por este asunto por este periódico. “El uso del móvil hay que regularlo y puede ser debidamente supervisado y bajo vigilancia un instrumento útil para hacer actividades”, apuntó.