El convenio de dependencia entre el Gobierno canario y los cabildos, caducado desde hace dos meses

“Tiene usted el mérito de ser la primera consejera que no firma el convenio en tiempo y forma”. Así lo afeó el pasado viernes la diputada socialista Elena Máñez a la titular de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en comisión parlamentaria. Se refería a los convenios de dependencia entre el Ejecutivo regional y las corporaciones insulares para la prestación de este servicio básico.

Delgado remarcó que se está trabajando para que esté firmado antes de junio de este año mientras que Elena Máñez la acusó de poner a los cabildos en situación de “inseguridad jurídica”.

La diputada socialista recordó que hubo tres cabildos que se oponían a cambios sustanciales que se querían realizar en ese convenio, entre ellos quitar de la cartera de servicios el servicio de ayuda a domicilio especializado. En concreto, el Cabildo de Gran Canaria mostró su malestar con la decisión. El de El Hierro y el de La Palma también han pedido quedar al margen de la nueva licitación.

“Van a estar los cabildos en un limbo jurídico estos meses, lo último que firmó fue la adenda de 2024”, insistió la diputada socialista. “Ante cualquier incidente, los cabildos no tienen cobertura jurídica”, añadió Máñez, que apuntó que le preguntó a la consejera en octubre y dijo que estaba negociando pero “eran reuniones técnicas”. “La primera reunión fue el 20 de noviembre para negociar el convenio”, puntualizó.

“No voy a hablar en nombre de los cabildos, pero como grupo socialista nos preocupan algunas cuestiones del borrador, como el modelo que se quiere implantar. Estamos de acuerdo en la desinstitucionalización, pero hay distintas formas de hacerlo”, subrayó Elena Máñez, al tiempo que afeó que no se puede “penalizar al cabildo que asume la gestión pública mientras que los que privaticen el modelo van a tener un precio distinto (por plaza de dependencia)”.

La diputada también afirmó que preocupa que la privatización implique distinta gestión, ya que desde la consejería se pretende sacar una macrolicitación. Además, apuntó que parece que se quiere elevar la cofinanciación por parte de los cabildos, poniendo menos dinero el Gobierno de Canarias.

También afeó que no se están actualizando las prestaciones y que “hay personas a las que se está reduciendo gravemente la atención a la dependencia y eso depende de poner los recursos para incrementar las prestaciones vinculadas al servicio y lo tiene que hacer el Gobierno de Canarias no a costa de los cabildos”, insistió.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social dijo que otros convenios también se han firmado fuera de plazo y que será con carácter retroactivo a enero de este año.

Asimismo, Delgado aseguró que “lo que venimos diciendo a los cabildos es que hay servicios que ellos están financiando fuera del convenio de dependencia” y eso supone que se incremente la financiación por parte de los cabildos, “pero es que ya se está haciendo”, afirmó.

Además, aclaró que se ha remitido un informe jurídico a los cabildos donde se recoge que se podía firmar en junio de este año el convenio. “No hay ningún problema ni ninguna cuestión que los cabildos no puedan seguir prestando los servicios porque para eso hicimos los informes jurídicos”, insistió.

En cuanto a la ayuda a domicilio, aseguró que el sistema de ayuda “va a ser igual para todos los canarios independientemente de que lo preste una entidad que licitemos el Gobierno de Canarias o que lo licite el cabildo”.