Un estudio elaborado por expertos en economía de la salud de las dos universidades públicas canarias ha cuantificado el impacto de la COVID-19 sobre el sistema sanitario del Archipiélago. Durante el primer semestre de 2020, periodo en el que se produjo la primera ola de contagios, los costes directos para hacer frente a la pandemia de coronavirus ascendieron a 149 millones de euros, casi el 11% del gasto del Servicio Canario de Salud (SCS), que fue de 1.362 millones, un 9% más que en el mismo intervalo del año precedente (1.250). Es decir, los recursos destinados a paliar los efectos de la enfermedad producida por el virus SARS CoV-2 superaron en 37 millones de euros el aumento global en toda la administración autonómica, una diferencia que se explica por el descenso de la actividad asistencial no urgente para pacientes con otras patologías y de los conciertos con las clínicas privadas a lo largo de esta etapa.
Esas cantidades figuran en un artículo publicado en el último número de la revista Hacienda Canaria, firmado por los catedráticos Ignacio Abásolo (Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna) y Beatriz González López Valcárcel (Métodos Cuantitativos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y por la médica especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva Silvia Rodríguez Mireles, estudiante de doctorado. Los autores cifran en 60.102 euros el coste sanitario directo por cada paciente infectado con COVID-19 en la primera ola, resultado de dividir esos 149 millones de euros entre los 2.481 casos diagnosticados hasta el 30 de junio.
Abásolo precisa que ese dato, por sí solo, “no dice nada”. “Aún no sabemos si es mucho o poco, pero nos va a servir para compararlo con la segunda ola y con otras comunidades. Si hay diferencias, habrá que estudiar a qué es debido”, explica el catedrático de la ULL, que espera que en el segundo semestre ese coste medio por paciente COVID disminuya dado el notable aumento de positivos confirmados (más de 16.000) en el Archipiélago como consecuencia del incremento de la capacidad diagnóstica. “En economía de la salud no es tan importante medir lo que cuesta cada caso detectado. Lo que de verdad aporta información es la salud obtenida”, que se concreta en una unidad que valora las intervenciones médicas en función de los años de vida ganados (duración) ajustados con el estado de salud de los pacientes (calidad).
Los cerca de 150 millones de euros dedicados a combatir la pandemia durante el primer semestre en el SCS (y, por tanto, el coste medio por paciente) solo contemplan los gastos sanitarios directos. La partida más elevada (57 millones) se ha destinado a la adquisición de material (equipos de protección individual, mascarillas, guantes, geles, pruebas de detección de la enfermedad...) En refuerzos de personal y pago de jornadas extraordinarias el SCS desembolsó en la primera ola 52 millones. A estos conceptos se le suman la compra de medicamentos (5 millones) y de equipamientos como respiradores y monitores (3,5), además de las obras de ampliación para la dotación de camas (3,5) o la implementación de la aplicación informática donde se cuelgan a diario los datos epidemiológicos (cerca de 120.000 euros). Los restantes 25 millones corresponden a otros gastos en atención hospitalaria y primaria.
De ese cálculo han quedado fuera los costes directos no sanitarios, como el transporte de enfermos COVID o la atención sociosanitaria; los indirectos, como la pérdida de productividad en el trabajo derivado de la enfermedad, y los intangibles, entre los que el estudio menciona, entre otros, “el dolor, el sufrimiento, la ansiedad o el impacto sobre la calidad de vida”.
Al margen de los gastos directos provocados por la pandemia, el artículo alude a un concepto, el de “coste de oportunidad”, que no figura en la contabilidad del SCS. “Mide lo que hemos tenido que dejar de hacer para abordar la pandemia. Ha habido una caída de la actividad sanitaria no urgente de los pacientes con patologías diferentes a la COVID por dos razones. Por un lado, por la oferta, porque el propio sistema ha considerado necesario suspender muchas de las actuaciones programadas. Por otro, por la demanda, porque los ciudadanos no se han acercado a los hospitales o a los centros de salud por miedo al contagio”, apunta Abásolo.
El propio SCS, a través de la Dirección General de Recursos Económicos, realizó una estimación de ese coste de oportunidad y cuantificó el descenso de la actividad en consultas externas, ingresos hospitalarios y urgencias en 136 millones de euros, una cantidad “casi tan alta” como el gasto sanitario directo COVID. El catedrático de la ULL matiza que ese cálculo solo contempla la actividad presencial y que parte de esa bajada se compensó con la atención telefónica.
El estudio recoge datos llamativos. La tasa de ocupación de las camas hospitalarias públicas en abril, en pleno periodo de vigencia de las condiciones más restrictivas de movilidad tras la declaración del estado de alarma, se situó en torno al 60%, casi veinte puntos menos que en el mismo periodo del año anterior. También en abril las consultas de Atención Primaria se redujeron cerca de un 40% y las citas con los especialistas en la isla de Tenerife, la más castigada durante la primera ola de la pandemia, hasta casi un 60%. El número de urgencias por 100.000 habitantes cayó a la mitad, una circunstancia que los autores del artículo achacan no solo a la “aversión al contagio” en el medio hospitalario, sino también a factores como el descenso en el número de accidentes de tráfico y laborales como consecuencia del confinamiento. Los profesionales advierten, no obstante, de que las emergencias por infartos, ictus y otras causas no accidentales también menguaron en esta época, lo que se interpreta como una “pérdida de acceso efectivo a los servicios médicos urgentes”.
El análisis de los especialistas pone el foco en las consecuencias de haber centrado los esfuerzos sanitarios en la contención de la pandemia. “Esa paralización de la actividad programada provocará un deterioro de la salud y el bienestar de todos esos pacientes no COVID. Si pudiésemos medir la pérdida de salud de estas personas como consecuencia de esta situación de emergencia, estaríamos calculando correctamente el coste de oportunidad”, sostiene Abásolo. Si bien es cierto que el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) solo ha detectado a lo largo de la pandemia un exceso de fallecidos sobre los esperados en Canarias (131 entre el 23 de marzo y el 5 de abril) y que las Islas presentan la tasa más baja de morbimortalidad por COVID de toda España, el catedrático de la ULL recalca que “la salud no son solo años de vida, sino también calidad de vida que se puede haber deteriorado”, en especial en pacientes crónicos y en pacientes cuya atención no puede realizarse vía telefónica.
El estudio también concluye que las listas de espera son “un mal indicador” en tiempos de pandemia. La dificultad de acceso al sistema sanitario impide que aflore la “demanda latente”. Los últimos datos del Gobierno de Canarias, correspondientes al primer semestre, señalaban que el número de personas que esperaban por una intervención quirúrgica en las Islas prácticamente no había variado con respecto a finales de 2019, aunque el tiempo medio de demora sí que se había incrementado en un mes. Abásolo afirma que lo previsible es que las listas aumenten a final de año debido a la reanudación de la actividad hospitalaria.
La pandemia también ha traído consigo cambios organizativos en el sistema sanitario canario que han venido “para quedarse”. “Espontáneamente se soltaron algunos corsés y resulta que a lo mejor viene bien para el futuro, no solo para situaciones de crisis, sino también para el funcionamiento habitual de los centros”, mantiene el catedrático de la ULL. La lucha contra la COVID-19 logró romper “la rigídez” de las estructuras y de los servicios. Las plantas reservadas a pacientes con esta enfermedad fueron atendidos por profesionales de distintas especialidades, “olvidándose de la división tradicional y jerárquica”, de los “compartimentos estancos”, para centrarse en “los procesos”. “Son varios especialistas tratando una enfermedad concreta, no cada enfermo con su especialista. Ha sido excepcional, necesario y positivo”, dice Abásolo.
El estudio también valora las posibilidades que para determinadas actuaciones concede la teleasistencia, que consiguió “reconducir” parte de la actividad presencial congelada para focalizar los esfuerzos en contener la propagación del virus. Además, se crearon “con éxito” circuitos diferenciados de pacientes en los centros sanitarios (uno para infectados o sospechosos y otro para el resto de pacientes), una experiencia que puede servir para futuras pandemias con la finalidad de reducir los contagios; se asignaron camas con respirador fuera de las Unidades Cuidados Intensivos (UCI), un hecho “también novedoso” y “una mejora”; se produjo un trasvase de la actividad hospitalaria (consultas y cirugía) al turno de tarde, menos congestionado, o se decretó la gestión pública de una clínica privada “por necesidad”.
Abásolo también aboga por dar continuidad a otras actuaciones decididas durante la pandemia, como la suspensión de parte de la actividad asistencial “poco costo-efectiva”, como las consultas para repetición de prescripciones (se habilitó una versión simplificada del sistema de receta electrónica privada), para recibir el resultado de pruebas diagnósticas o para revisión.
“Hay que evaluar y ver qué podemos aprender de cara a futuros brotes, como el que estamos sufriendo, que se puede recrudecer. Qué podemos corregir o mejorar a la luz de los resultados que hemos obtenido en el primer semestre, eso es lo que hay que analizar y tomar decisiones”, subraya el catedrático de Economía Aplicada. “Los recursos públicos son limitados. Tenemos que saber cuál es el objetivo de la sanidad pública: mejorar la salud de todos los ciudadanos, independientemente de su patología. Entonces podremos medir mejor costes y oportunidades”.
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