En 2020, el primer año de la pandemia, varios municipios canarios destinaron menos dinero que en 2019 en ayudas sociales. Así lo confirman los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que recoge las cifras, por un lado, del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, una herramienta coordinada por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), y, por otro, las estadísticas de la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria del Archipiélago en cuanto a prestaciones, usuarios, gastos y recursos económicos y humanos destinados, tanto a nivel de islas como de ayuntamientos.
Lo normal hubiera sido que aumentase el gasto. Lo normal hubiera sido que, en medio de la crisis sanitaria más grave del último siglo, los ayuntamientos canarios desplegaran un escudo social sin precedentes. Sin embargo, en algunos casos no fue así. La inversión en prestaciones sociales en 2020 se redujo en los consistorios de El Pinar de El Hierro (-43,96%), Haría (-33,95%), Valleseco (-22,19%), Fuencaliente (-18,97%), El Rosario (-15,76%), Vega de San Mateo (-15,46%), San Juan de La Rambla (-12,96%), San Bartolomé de Tirajana (-12,14%), Valle Gran Rey (-7,6%), Vallehermoso (-7,58%), etc. Así hasta 25 municipios.
Los que más incrementaron el gasto fueron Arona (146,98%), Arrecife (126,83%), Alajeró (121,43%), Icod de Los Vinos (70,16%), Antigua (53,44%), Frontera (52,55%), Puerto del Rosario (47,04%), Tías (45,7%), Santa Brígida (44,23%) y El Paso (41,45%). El subidón en el presupuesto es importante. Y tiene sentido. Según el último informe de FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Canarias, cerca de 425.000 personas están en riesgo de exclusión social en las Islas. El ISTAC también señala cuánto han aumentado los usuarios de los servicios sociales en cada municipio. En donde más, en Fasnia (234,93%), San Miguel (190,68%), Gáldar (135,12%), Valleseco (114,44%) y San Bartolomé (77,75%). En toda Canarias, crecieron en un 11,11%.
Esta subida de la precariedad tendría que haber tenido como respuesta un mayor número de técnicos sociales en los ayuntamientos. En Arrecife, por ejemplo, pasaron de tener un personal de 38 trabajadores en los centros sociales a 61 en 2020. En Las Palmas de Gran Canaria, de 209 a 282. Pero en Güímar hubo un descenso (de 49 a 34), al igual que en Betancuria (de seis a cuatro), Hermigua (16 a 12), Valverde (ocho a seis) o Los Silos (diez a ocho). Además, los datos reflejan que no existe una relación entre el aumento de demandantes de prestaciones sociales con el incremento del gasto en ayudas. Un caso: en Valleseco, el número de solicitantes se disparó un 114%, pero el gasto se redujo en un -22,19%.
El informe de FOESSA no hace hincapié solamente en las tasas de paro o cuántas personas se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad social. También pretende anticiparse a la realidad que podría llegar a Canarias si las crisis se alargan en el tiempo. Según resalta la investigación, algo más de 630.000 canarios se hallan en una “desventaja importante” si los escenarios más catastrofistas tomaran forma.
Clasificación de las ayudas
Las cifras que ha publicado el ISTAC presentan una distribución de las prestaciones sociales según los sectores poblaciones beneficiados y los diferentes tipos. Podemos ver cuánto ha crecido el gasto en ayudas a domicilio, prevención e inserción social y prestaciones económicas. También quién ha incrementado la partida en familia, discapacidad y enfermedad, infancia, juventud, mayores y mujer.
Hay varios datos a destacar. El importe en ayudas a domicilio en Frontera escaló un 1109% el primer año de la pandemia; en donde menos creció fue en El Pinar de Hierro (-53,36%). En prevención e inserción social, donde más se incrementó el gasto fue en Adeje (254%); donde menos, Vallehermoso (-100%). Y en prestaciones económicos, lidera la tabla Betancuria (842,99%); y la cierra San Bartolomé de Tirajana (-100%).
Con respecto a los sectores poblacionales, resalta el caso de Mogán, que pinta de rojo casi todos los campos: discapacidad y enfermedad (-11,54%), familia (-0,89%), infancia (-48,76%), juventud (-61,19%), mayores (1,76%), mujer (-61,67%) y otras situaciones (1060,87%). Ningún municipio ha reforzado tanto una partida social como Mogán con este último caso, para el que no hay especificación ni detalle.