La cultura de la violación se perpetúa en Canarias en 2021, el año con más condenas por delitos contra la libertad sexual

Han pasado seis años desde que la violación grupal a una joven en Pamplona recorrió el país e hizo salir a miles de personas a las calles. El caso de La Manada enseñó las costuras del sistema judicial, revictimizó a la mujer agredida y señaló los errores del periodismo ante los casos de violencia sexual. Después del Me too (A mí también, en español), el movimiento feminista llenó las ciudades y copó el debate público. Pero, ¿cómo han avanzado las agresiones sexuales en Canarias desde entonces? Y, ¿cuál es la respuesta de las instituciones?

Hace una semana El Xokas, un youtuber español con más de 200.000 suscriptores, habló de cómo tenía amigos que no bebían en las fiestas para poder llevarse a la cama a mujeres borrachas con las que no ligarían en otras situaciones. Estas declaraciones se engloban dentro del concepto cultura de la violación.

La cultura de la violación se conoce también como cultura bro por el término del inglés brother, hermano. El concepto cultura de la violación es una importación de contextos anglosajones que habla de cómo a través de las redes sociales se ha vendido el discurso, sobre todo por parte de grupos misóginos, de que por culpa del feminismo y las mujeres ellos no tienen un acceso a la sexualidad, explica la catedrática en Filosofía Moral de la Universidad de La Laguna María José Guerra. Este tipo de mensajes ya han llegado también a la población más joven.

2021 fue el año en el que más sentencias firmes por delitos contra la libertad sexual se dictaron en Canarias, según los datos a los que ha podido acceder Canarias Ahora. En total, 200 personas mayores de edad fueron condenadas por este delito. La provincia de Las Palmas registró 128 casos, mientras que la de Santa Cruz de Tenerife, 72. Además, en 2021 se declaró culpable a 10 menores en Canarias por haber abusado sexualmente de otras personas.

En cuanto al año en curso, a fecha del 6 de abril de 2022, el Ministerio de Justicia ha recabado 42 sentencias firmes por crímenes de esta naturaleza; 31, en Gran Canaria y 11, en Tenerife. A eso se le suman otros seis delitos llevados a cabo por menores de edad. La cartera dirigida por Pilar Llop no desglosa estos datos por sexos ni nacionalidades. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogió que el 98,9% de los condenados por delitos sexuales durante el año 2020 fueron hombres.

“Hay una gran reacción patriarcal y misógina contra los logros que el feminismo ha impulsado de forma política y cultural”, añade la catedrática. Al tiempo en el que el movimiento de emancipación femenina cosecha logros, los movimientos reactivos ligan a la mujer con la feminidad arraigada y con la maternidad.

Una sentencia con perspectiva de género

María y Ana (nombres ficticios) eran compañeras de trabajo en una empresa de electrodomésticos de Las Palmas de Gran Canaria. Desde 2017 comenzaron a sufrir acoso sexual por parte de su jefe, según una sentencia emitida el 10 de febrero de 2022 por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Ana* “viéndose cada día más afectada, avergonzada y atemorizada, buscó el apoyo de una amiga a la que le contó la situación, diciéndole esta que tenía que denunciar”.

Compró una videocámara para grabar en su puesto de trabajo los momentos en los que “se quedaba a solas y su jefe aprovechaba para agredirla sexualmente”. Tras la denuncia, un tribunal condenó al acusado a una pena de prisión de cuatro meses y a la inhabilitación especial para el sufragio pasivo por el acoso de María y Ana*. Como hechos probados, la sentencia afirmaba que el acusado “buscaba cualquier excusa para acercarse a ambas y tocar sus cuerpos, darle besos en las mejillas acercándose a la comisura de los labios”. Tras ello, Ana* presentó otra denuncia por reparación de daños morales.

Las trabajadoras “vienen sufriendo actuaciones de carácter sexual por parte del titular de la empresa, consistentes en acercamiento hacia ellas, susurros indicándoles que le besaran en los labios, besos, mordiscos, tocamientos en las nalgas y otras partes del cuerpo e incluso llegando a abordar el interior de sus prendas íntimas para acceder a sus zonas genitales”. La magistrada Gloria Poyatos actuó como ponente en esta última sentencia en la que la perspectiva de género devolvió el derecho a Ana* de recibir una indemnización de 150.000 euros por daños morales.

¿Qué hay que hacer para denunciar una violación?

No existe un patrón que ayude a identificar a los agresores sexuales. “El único factor común es que son hombres y han crecido en una sociedad patriarcal, no importa ni tiene que ver la cultura o el nivel adquisitivo”, explica la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero. En comparación con el año 2020, las denuncias por violencia sexual aumentaron en 2021. Sin embargo, Fumero se muestra escéptica con este dato por la cantidad de mujeres violentadas que no llegaron a denunciar durante el confinamiento y otras que se pierden en los enredos del sistema.

“Nuestro cuerpo es la primera prueba”, señala Fumero. Por tanto, al sufrir una agresión lo primero que hay que hacer es acudir a un centro sanitario para ser exploradas. Esta prueba junto al testimonio de la víctima serán fundamentales durante el juicio. En este proceso “que la víctima tenga que dar su versión una, dos o hasta tres veces se debe evitar”, explica Auxiliadora Díaz, jueza del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Las Palmas. El hecho de que una persona que puede haber sufrido abusos repita una y otra vez lo que ha ocurrido puede revictimizarla.

“No existe ningún procedimiento especial para este tipo de violencia”, contextualiza Díaz. La violencia sexual, al no estar aún recogida como violencia de género, se juzga en el juzgado de instrucción. “La competencia de todos los actos contra la mujer deberían ser competencia de juzgados especializados”, añade Díaz. En ese camino, para la jueza es fundamental aplicar la perspectiva de género como ya ocurrió en la sentencia de Ana*.

“Por el mero hecho de ser mujer estás expuesta a una posible agresión sexual. Si a parte de ser mujer tienes alguna condición especial pues puedes ser aún más objeto de violencia sexual”, explica Fumero. Uno de los ejemplos más claros del Archipiélago en aras de violencia sexual es la trata de personas y el riesgo que corren las mujeres migrantes que llegan en patera a Canarias. “Las víctimas de trata con fines de explotación sexual no solo tienen la barrera del idioma, sino que son engañadas y eso les hace desconfiar del sistema judicial”, añade Auxiliadora Díaz.

Alertas en los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas

“Es un problema educativo muy grave porque ni las escuelas ni las familias pueden contener esta ola de misoginia que va por otras vías”, narra María José Guerra. El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) recoge los datos de las alertas activadas en los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) en Canarias. Durante el año del confinamiento, el Archipiélago registró el mayor número de alertas activadas desde que se comenzaron a agrupar los datos en 2011. Ese año, 3.423 mujeres fueron hostigadas, acosadas de forma física, psíquica o sexual. Entre ellas, 203 fueron amenazadas de muerte. “No hay datos específicos sobre la violencia sexual, es fundamental que se recaben y se hagan públicos y a partir de ellos poder actuar”, explica la jueza.

Para contactar con los DEMA es necesario llamar al 112, donde hay un servicio permanente y disponible las 24 horas para mujeres víctimas de violencia de género que hayan sufrido una agresión o estén en riesgo. En este punto, no es la víctima la que necesariamente tiene que hacer la llamada, sino que puede hacerla cualquier persona conocedora de la situación.

A pesar de los avances y de la incorporación paulatina de la perspectiva de género en el espacio judicial, queda mucho camino por andar. “Hay que integrar en el ordenamiento jurídico español el concepto amplio de violencia de género donde se incluya la violencia sexual”, señala la jueza del Juzgado de Violencia de Género. Al mismo tiempo, hace referencia al trámite parlamentario de la incorporación de la violencia sexual como violencia de género a través de la Ley Orgánica de Garantías contra la Violencia Sexual.