Tras la destitución de la socialista Teresa Cruz como consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, materializada el pasado miércoles en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo regional ha anunciado este viernes por la tarde el cese de su número dos, la hasta ahora directora del Servicio Canario de Salud (SCS) Blanca Méndez. Su lugar lo ocupará de forma interina el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, una persona de la máxima confianza de Ángel Víctor Torres, que nada más asumir la Presidencia lo situó en un cargo transversal para controlar y fiscalizar la actividad de todas las consejerías del Gobierno de progreso en las islas, formado por la alianza del PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (AGS).
La destitución de Blanca Méndez y la designación de Olivera como su sustituto han sido publicadas este viernes por la tarde en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), en una edición extraordinaria.
No ha sido el único movimiento de piezas en el seno de la Consejería de Sanidad, ahora en manos -también de forma interina- de Julio Pérez, titular del área de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia. Además se ha decretado el cese de la directora general de Salud Pública, la lanzaroteña Concepción Gil, que asumió el cargo el pasado mes de agosto en sustitución de Juan José Alemán, la persona en la que ahora vuelve a confiar el Gobierno de Canarias para asumir la responsabilidad en el área.
Ambos relevos fueron propuestos por el nuevo consejero de Sanidad, Julio Pérez, durante el Consejo de Gobierno celebrado este jueves.
El cambio de timón en la sanidad canaria se produce en plena crisis para frenar la extensión del coronavirus. El Archipiélago es, hasta la fecha, la comunidad con el menor índice de pacientes diagnosticados con la enfermedad por población, con 39,5 casos por cada 100.000 habitantes. El número de contagiados se acerca ya al millar y hasta la fecha han fallecido en Islas 27 personas como consecuencia del virus. Uno de los datos más preocupantes que está dejando la pandemia en las Islas es el elevado índice de afección entre los profesionales sanitarios, con un porcentaje cercano al 25% de los positivos por COVID-19 en todo el Archipiélago.
Tensiones internas
Las tensiones internas en el grupo de gobierno por la gestión de la consejera de Sanidad en esta emergencia sanitaria estallaron la pasada semana. Las discrepancias por la política de comunicación o por la “falta de liderazgo” de Teresa Cruz llevaron al presidente a aceptar las propuestas elevadas por dos de sus consejeros, Román Rodríguez (Nueva Canarias) y Sebastián Franquis (PSOE), y reclutar para el Comité de Gestión de la Emergencia a dos veteranos gestores sanitarios: José Julián Isturiz y Conrado Domínguez.
Isturiz fue responsable de Seguridad y Emergencias durante la etapa de Román Rodríguez como presidente del Gobierno canario (1999-2003) y se le considera uno de los artífices del Servicio de Urgencias de Canarias (SUC), el 1-1-2. Es el actual director general de Patrimonio del Ejecutivo regional, cargo al que accedió tras abandonar su actividad como gerente en el mayor grupo hospitalario privado de Gran Canaria, Clínicas San Roque, empresa en la que precisamente sustituyó a José Manuel Baltar, consejero de Sanidad con Fernando Clavijo (Coalición Canaria) entre enero de 2017 y mayo de 2019.
Conrado Domínguez, por su parte, fue director del Servicio Canario de Salud (SCS) durante esos últimos dos años y medio de la anterior legislatura, tras la ruptura del pacto de gobierno entre el PSOE y CC. En la actualidad ocupa la secretaría general técnica de la Consejería de Obras Públicas que dirige el socialista Sebastián Franquis.
Torres nombró a Domínguez el pasado lunes coordinador del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria, una decisión que no sentó nada bien a un sector de su propio partido, sobre todo en Tenerife, que veía tras la defenestración de Cruz la mano negra de las clínicas privadas a las que la consejera había decidido cerrar el grifo.
El Parlamento de Canarias fue escenario durante los últimos años de la anterior legislatura de un duro enfrentamiento entre CC, el partido que gobernaba en minoría, y el PSOE a cuenta de las derivaciones a las clínicas privadas. Los socialistas fueron entonces muy críticos con el aumento de los conciertos sanitarios, una política de la que responsabilizaban a Baltar, ex vicepresidente de la patronal de clínicas privadas, y a su número dos, el propio Domínguez. En esas sesiones, los portavoces del PSOE defendian el modelo que propuso el antecesor de Baltar, Jesús Morera, actual gerente del Hospital Doctor Negrín y persona próxima a Teresa Cruz, que trató de devolver a manos públicas servicios privatizados y reducir el porcentaje de concertaciones en el Archipiélago.
Con ese escenario de fondo, unas declaraciones de Cruz en el periódico El Día precipitaron su caída. La entonces consejera de Sanidad dijo en esa entrevista que el papel reservado a Conrado Domínguez en ese Comité de Gestión era el de asesor, pero que las decisiones le correspondían a ella. La socialista ya había manifestado con anterioridad su malestar y había reconocido sentirse víctima de una campaña de desgaste. Un día después, Torres comunicaba su cese aduciendo razones de “interés general”.