Destituidos dos altos cargos socialistas enfrentados al nuevo director del Servicio Canario de Salud

Con una semana de retraso sobre la fecha inicialmente prevista, el Gobierno canario ha anunciado que en las próximas horas se formalizará la destitución de dos altos cargos de Sanidad que habían mostrado sus discrepancias ideológicas con el nuevo director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, que ha regresado a un puesto que ya ocupó con Coalición Canaria (CC) en el poder durante la segunda mitad de la pasada legislatura. Se trata de los socialistas Jesús Morera, hasta ahora gerente del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, y Ricardo Redondas, que en este último año ha ejercido como máximo responsable de la Atención Primaria en la isla. Al primero lo sustituirá eventualmente la directora médica del complejo, Josefa Afonso. El segundo, a quien el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ya le había anunciado el pasado viernes, en una conversación telefónica, su decisión de cesarlo por motivos “políticos” ajenos a la gestión de la pandemia, será reemplazado por Carlos Jorge Acosta, su predecesor en el cargo.

Aunque estas salidas estaban programadas de forma simultánea a la designación de Domínguez, la negativa del director saliente del SCS, Alberto Pazos, a presentar las propuestas de cese, un trámite preceptivo, retrasó la medida hasta este jueves. También abandona el Ejecutivo regional, como anunció este miércoles Canarias Ahora, el director de Recursos Humanos del SCS, Francisco Artiles. Su puesto lo ocupará Avelina Díaz, funcionaria de carrera que ha ejercido como jefa de personal de la Universidad de la Laguna y que también cuenta con experiencia en gestión en el ámbito sanitario, en concreto en la isla de El Hierro.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Morera manifestó al presidente Ángel Víctor Torres su deseo de abandonar la gerencia del Hospital Negrín. Lo hizo después de que se confirmase la vuelta de Domínguez, con quien mantiene un público y notorio enfrentamiento desde la anterior legislatura. El nuevo director del SCS, el cuarto en poco más de un año, accedió por primera vez al cargo a principios de 2017, tras la ruptura del pacto que habían suscrito tras las elecciones de mayo de 2015 el PSOE y CC y la salida del Gobierno de los cuatro consejeros socialistas, entre ellos el propio Morera, titular de la cartera de Sanidad. El entonces presidente Fernando Clavijo decidió sustituir al neurocirujano por José Manuel Baltar, un matemático que procedía de la sanidad privada (era gerente de Hospitales San Roque y vicepresidente de la patronal del sector) y que meses antes, en plena disputa entre los socios de gobierno a cuenta de una supuesta desviación presupuestaria en el área, había manifestado que el problema de las listas de espera en el Archipiélago, de las más altas de España, se resolvía aumentando en 16 millones de euros la partida destinada a la actividad concertada.

A partir de ese momento, se inició una escalada de tensión entre ambos partidos a propósito de la gestión sanitaria. Desde el PSOE se acusaba a Baltar y a Domínguez, su mano derecha, de beneficiar los intereses de las clínicas privadas y de torpedear las acciones que los socialistas habían emprendido para reducir el peso de la concertación sanitaria o para devolver a manos públicas la gestión del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín, que aún explota una empresa privada (Dimec, filial de Hospitales San Roque) merced a un contrato que expiró en 2015 y que se renueva periódicamente mediante una fórmula que la ley solo contempla para situaciones excepcionales. Durante su época como consejero, Morera había presentado un informe que concluía que la internalización del servicio supondría un ahorro a las arcas públicas de unos 800.000 euros. Frente a este estudio, el equipo de Baltar blandió otro que defendía que era más económico el modelo privatizado del Negrín que el público de La Candelaria, en Tenerife, con una metodología que fue duramente cuestionada. A su llegada a la Consejería de Sanidad, la socialista Teresa Cruz anunció , para resolver la discrepancia, el encargo de un tercer informe para resolver la discrepancia del que sigue sin haber noticias.

Entre otras actuaciones durante su última etapa como gerente del Hospital Doctor Negrín y antes de que estallara la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, Morera acabó con la polémica política de derivaciones a la sanidad privada de pacientes del servicio de Oncología Radioterápica, una fórmula que se inició durante la etapa de Brígida Mendoza (CC) como consejera y que tuvo como protagonista a un jefe de servicio, Pedro Lara, que acabó pidiendo una excedencia de dos años en el verano de 2018 después de que se descubriera que trabajaba a la vez para el sector público y para Hospitales San Roque, la clínica a la que se derivaban por sistema cinco pacientes a la semana con independencia de la lista de espera o del número de aceleradores lineales de los que dispusiera el Doctor Negrín en cada momento. La incorporación de un nuevo equipo, el año pasado, y la ampliación de la actividad asistencial a los sábados permitió poner fin a estas derivaciones, reducir el número de pacientes en espera y el tiempo de demora en el servicio y, además, reducir costes.

Este jueves también se ha confirmado la anunciada marcha de Ricardo Redondas de la gerencia de Atención Primaria en Gran Canaria. El dirigente socialista, médico de familia y técnico de Salud Pública, había sido designado para el puesto por Teresa Cruz después de haberse erigido en uno de los portavoces de la Marea Blanca de Gran Canaria, un colectivo que se movilizó durante los últimos compases del último gobierno de Coalición Canaria para detener la “ola privatizadora” en la Consejería de Sanidad, precisamente con el “negocio de la Medicina Nuclear” como máximo exponente. Redondas había ostentado un puesto de responsabilidad en la administración autonómica al principio de la anterior legislatura. Morera confió en el médico teldense para llevar las riendas de la Dirección General de Salud Pública, un cargo en el que permaneció “por lealtad institucional” hasta finales de enero de 2017, fecha en la que presentó a Baltar una carta de dimisión en la que expresaba su desacuerdo con el proyecto que el exgerente de Clínicas San Roque abanderaba.