Estudiantes de toda España han secundado una huelga durante los últimos días en contra de las políticas adoptadas por el Gobierno central en materia de Educación. En el Archipiélago, la federación Unión de Estudiantes de Canarias ha sido una de las impulsoras de este movimiento, por considerar que se está efectuando una “privatización de la Universidad pública”, según apunta su presidente, Diego Espasa.
El nuevo decreto, promovido por el ministro de Educación José Ignacio Wert, y conocido como 3+2, permitirá modificar la actual estructura de las carreras a aquellas universidades que lo deseen. Los grados de cuatro años, que se complementan con el Máster de un año, podrán pasar a formar grados de tres años y un Máster de dos. “Ya nos modificaron la estructura con la implantación de Bolonia y condensaron las asignaturas y ahora otra vez pretenden cambiarla”, subraya Lulú Hidalgo, estudiante de primero de Filosofía y miembro de la Asociación de Estudiantes Pre-parados. Asegura que sus compañeros temen que “haya que ser ricos para poder estudiar” ya que cursar un Máster de dos años será todavía más caro. Para la estudiante lo único que pretende el Gobierno es crear “mano de obra barata”.
La joven señala que los miembros de la Asociación seguirán luchando porque no quieren “dejar la carrera a medias”, ya que el acceso a las becas es cada vez más difícil. En la misma línea se muestra Javier Santana, está bastante preocupado porque el próximo año le gustaría acceder a la Universidad y las tasas cada vez se encarecen más. Ambos coinciden en que para una familia con pocos recursos es casi un privilegio permitirse unos estudios superiores. “Que la gente tenga sus sueños y que no los puedan llevar a cabo no se puede tolerar”, resalta Santana.
El precio de las matrículas no es lo único que ha aumentado para los universitarios. El presidente de Unión de Estudiantes de Canarias afirma que la vida del estudiante también “ha encarecido enormemente”. Para una persona que haya salido a estudiar fuera de su domicilio, se le suma que debe pagar el piso, la comida y sus gastos, algo que puntualiza que está ya al alcance de unos pocos. “¿Qué pretenden que las familias se hipotequen?”, se cuestiona Diego Espasa. Además, muestra su total rechazo hacia las declaraciones la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, que llegó a asegurar en los medios que el sistema universitario español “no es sostenible”. El joven insiste en que la Universidad la están sosteniendo los propios alumnos con el precio “cada vez más caro” de sus matrículas.
Ambas representaciones estudiantiles advierten de que la lucha por sus derechos continúa y que no se sienten representados por los sindicatos de estudiantes, “que buscan el voto político”.
Los miembros de Estudiantes Pre-parados ya adelantan que pronto convocarán manifestaciones y distintas acciones. Asimismo, el presidente de Unión de Estudiantes de Canarias asegura que están trabajando en distintos proyectos “nos hemos reunido con la Viceconsejería de Educación, con diversos directores de centros...”. Señala que tienen distintas propuestas como: la creación de la figura del Defensor del Estudiante, la modificación de los estatutos, fomentar el pensamiento crítico en las escuelas... Todo ello con el objetivo de debatir, llegar a acuerdos y que cada vez se sume más participación estudiantil en Canarias.
Otros frentes abiertos en Educación
Las reformas en materia de Educación no sólo afectan a los estudios universitarios, la polémica LOMCE -Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa- llegará a las aulas de Secundaria de Canarias el próximo curso académico. Ni las asociaciones estudiantiles ni los sindicatos se han mostrado conformes con ella. Para Silvia Rodríguez, portavoz del sindicato STEC “el sistema 3+2 va relacionado con la LOMCE”. Según expone se trata de medidas que lo que pretenden es “segregar al alumnado” y que la Educación se convierta en una “carrera de obstáculos”. También insiste en que las tasas universitarias son insostenibles “se ha producido una reducción del número de becas” y considera que las cuantías de los Máster, que oscilan entre 4.000 y 6.000 euros, “son muy altas como para ampliarlos en un año más”.
Otro de los puntos más controvertidos de los cambios en la Educación radican en la asignatura de Religión. En el mes de febrero se publicó en el BOE el currículo de la enseñanza de la Religión Católica. Para la portavoz de STEC “prácticamente ya no se trata de una opción del alumno”, ya que se oferta en dos bloques diferentes - aparece en la modalidad de asignaturas específicas y en la modalidad de optativas- por lo que “es más difícil no elegirla”. Además, apunta que al ser una asignatura que se debe ofertar obligatoriamente en todos los centros, los profesores de otras optativas se encuentran preocupados con lo que pasará con la especialidad que enseñan. Tampoco están de acuerdo desde el sindicato con el hecho de que sea la Conferencia Episcopal quien haya redactado el programa educativo ni en que eligan el libro de texto. Los profesores se cuestionan qué pasará con los alumnos de otras religiones y desde el STEC consideran que debería ofertarse una asignatura como “Historia de las religiones”, en la que no sólo se dé importancia a la Católica.
Silvia Rodríguez también expone que diversos estudios han demostrado que los resultados académicos están relacionados con el sistema económico y cultural de las familias y que desde el Ministerio “en vez de buscar un análisis sobre qué es mejor para el alumnado” han realizado cambios “de la noche a la mañana”. Puntualiza que deberían haber hecho un diagnóstico de la evolución profundo y haber abierto un debate con los agentes implicados en el ámbito educativo, “lo que no se puede es ir con la política de imposición por delante”, sentencia.