Los empleados públicos temporales de Canarias agradecen que el Gobierno aparque las OPE pero anuncian que “se mantienen las movilizaciones”

El comité de huelga de los empleados públicos de Canarias que se consideran “en fraude de ley” aplauden que el consejero de Administraciones Públicas del Gobierno autonómico, Julio Pérez, se haya comprometido a “aparcar las OPE” por las que podrían perder sus empleos para buscar una solución negociada a este conflicto. Así lo han valorado los huelguistas en un comunicado en el que, no obstante, han informado que secundarán las propuestas callejeras organizadas para este jueves a las 18.00 horas en las dos capitales canarias, en demanda del fin del “abuso de temporalidad” que les afecta desde hace más de veinte años.

Tras reunirse este miércoles con Pérez, en lo que supuso el primer encuentro con el Gobierno de Canarias tras el inicio del conflicto, el comité de huelga constató que la Administración “mantiene la postura de decir que no es legal la propuesta de mantener en sus puestos de trabajo al personal que se encuentra en situación de abuso de temporalidad”. “Nos reconocen el abuso de temporalidad, pero no aportan una solución al problema que ha generado la propia Administración”, señala el comité, que volverá a reunirse con el Ejecutivo este mes de febrero.

Como la reunión de este miércoles no les ha “aportado nada nuevo, se mantienen las movilizaciones”, si bien el comité valora “la disposición del consejero Julio Pérez, al manifestar su voluntad política de llegar a un acuerdo”. “Entendemos que si es cierta esta voluntad política se encontrará una solución consensuada al conflicto”, agregan los huelguistas, que han informado de que Pérez ha manifestado su intención de abordar este asunto con el nuevo ministro de Administraciones Públicas, Miguel Iceta, para valorar posibles soluciones en la misma línea que adopte el Gobierno de España.

Con todo, el comité de huelga valora como un “avance” que el consejero canario de Administraciones Públicas haya garantizado que “las OPE quedan aparcadas mientras se buscan soluciones que no vayan contra los derechos de los trabajadores”, al entender que, de esta forma, la Administración “reconoce implícitamente que conculcaría y vulneraría gravemente a 27.000 trabajadores públicos, que se verían despedidos injustamente sin indemnización alguna tras 20 años de servicio”.