Dos empresas que se presentaron al concurso de ambulancias en Canarias, Acciona-Icot y Atlantic Emergency, han recurrido ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública el procedimiento de licitación, adjudicado desde diciembre del año pasado, al no estar de acuerdo con la exclusión de sus ofertas para optar a prestar este servicio en La Palma, La Gomera y El Hierro. Y, por ello, piden su suspensión “como medida provisional”.
En concreto, Acciona-Icot, que ganó la prestación del servicio en Lanzarote, Fuerteventura y un área de Gran Canaria, critica que su oferta para La Palma, de 16.339.859 millones de euros, fuese excluida. Este lote se adjudicó a Tasisa, que propuso una cantidad de 16.488.507 millones de euros.
En el mismo sentido, Atlantic Emergency, que solo se presentó para La Gomera y El Hierro, está en contra de que se descartara su oferta, de 15.874.830 millones de euros. Tasisa, que ganó el servicio de transporte sanitario en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife y una zona de Gran Canaria, también venció en esta licitación, con 16.383.921 millones de euros.
En principio, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública tiene cinco días de plazo para suspender temporalmente el concurso una vez presentado si recibe un recurso que lo pide, aunque normalmente supera este periodo. Si este órgano determina que se debe actuar en este sentido, las empresas podrán acudir al Contencioso-Administrativo.
Mientras, la decisión de continuar o frenar la adjudicación corresponde a la consejera delegada de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, Blanca Méndez, también directora del Servicio Canario de la Salud.
Un procedimiento recurrido en cinco ocasiones
A los dos recursos de ambas empresas se suman los tres que presentaron la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la empresa Aeromédica, principal adjudicataria del concurso de ambulancias vigente desde desde 2008, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y vencido desde 2015 (prórrogas incluidas), que estimaba que el presupuesto no cubría los coste del servicio. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública los desestimó meses después.
El concurso, que se inició bajo el mandato de Coalición Canaria en enero de 2019, ha seguido adelante hasta su adjudicación, que se ha producido 11 meses después, con el PSOE como titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional del cuatripartito, a pesar de que esta formación, cuando estaba en la oposición, pedía licitar un nuevo procedimiento al estimar que podían existir irregularidades en el que se estaba tramitando.
Durante el año pasado, la Consejería de Sanidad, con José Manuel Baltar al frente, se vio obligada a ampliar la vida útil de las ambulancias de los diez a los doce años para permitir que siguieran circulando vehículos obsoletos.
Los socialistas también apoyaron una enmienda en el Parlamento de Canarias para elaborar un estudio que contemplase la viabilidad de la desprivatización del servicio que fue aprobada por unanimidad. La propia consejera de Sanidad, Teresa Cruz, se reunió con su homóloga del Gobierno balear, Patricia Gómez, para conocer cómo se logró asumir la gestión pública de las ambulancias en las Islas.