El exilio forzado de las juezas amenazadas y de las niñas que ya no pueden ni estudiar en Afganistán

“Echo de menos mi colegio, todas las noches me duermo pensando en él, en la maestra y en mis compañeros. Me despierto también pensando en ellos”. Así se expresaba este viernes Marjan Ahmadi, una niña de 11 años que tuvo que emigrar con sus padres de Afganistán tras la toma del poder de los Talibanes. Le gusta mucho la pintura y sueña con poder regresar algún día a su país y ayudar a otras niñas. Tiene muy claro que ella debe contar con los mismos derechos que su hermano, y por tanto, debe tener acceso a la educación, algo de lo que se está privando a las niñas afganas. Por ello, insistió en que cuando sea mayor no permitirá “que se violen sus derechos”. La menor ha sido una de las participantes en las jornadas Afganistán, la guerra silenciosa contra mujeres y niñas, organizadas por el Colegio de Abogacía de Las Palmas de Gran Canaria y que ha contado con la experiencia de cuatro de las juezas forzadas a abandonar sus ciudades de origen por ser amenazadas. 

Las mujeres han ido retrocediendo en derechos que costó mucho conseguir y sobre ello han ahondado este viernes en una mesa específica las magistradas Gulalai Hotak, Safia Jan Mohammad y Suraya Ahmadyar. Lograron labrarse su carrera de magistrada lidiando muchas veces contra prejuicios y con sus familias. No obstante, el pasado año se contabilizaban un total de 270 juezas en el país, símbolo de avance. Durante el ejercicio de su profesión juzgaron violaciones, asesinatos machistas y algunas de ellas dictaron sentencias contra talibanes. Sin embargo, el derrocamiento del Gobierno de Ashraf Ghani hace justo un año hizo saltar las alarmas. Entonces, se produjo un llamamiento por parte de las asociaciones de juezas de la comunidad internacional (entre ellas españolas que han trabajado en estas ponencias) para que las magistradas pudieran salir del país. Es lo que la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, calificó de “redes de mujeres salvando a mujeres”. La fiscala Inés Herreros recordó que no existe democracia sin personas que velen por el cumplimiento del Estado de Derecho, y por ello creyeron urgente proteger a estas mujeres.

Suraya Ahmadyar aportó datos sobre la situación de mujeres y niñas a lo largo de la historia en su país. Las menores no tuvieron derecho a entrar en las escuelas en el primer período talibán, pero después, la mitad de las niñas afganas estuvieron escolarizadas en escuelas primarias, y poco a poco se incorporaron a las universidades escogiendo sus profesiones a pesar del peso de esa “sociedad patriarcal”. En 2003 el Gobierno afgano firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Además de las 270 juezas, antes de la vuelta de los talibanes había mujeres en el Gobierno y en alcaldías. Pero “todo se perdió en un día y en una noche”, lamenta la magistrada exiliada, que añade que “las mujeres están viviendo un retroceso” hasta el punto de no poder trabajar y ser condenadas a la mendicidad o a vender sus cuerpos para mantener a sus familias. Hizo referencia a que los talibanes no creen en la igualdad y que sitúan la sola presencia de las mujeres como culpables de la corrupción de los hombres.

Ahora, hay un aumento de mujeres y niñas en las calles, con más de 35 millones de personas en la pobreza. Miles de jóvenes asesinados y soldados decapitados, otros tantos exiliados. “Los talibanes de hoy, son peores que los de ayer”, dijo Ahmadyar. Sobre el aumento de la violencia hacia las mujeres se pronunció también Gulalai Hotak, que añadió que afecta a varios niveles y entre ellos el acceso a la salud y a la justicia, pues los castigos más severos son ahora para ellas como la lapidación y la ejecución “a niveles extremos”. La Organización Mundial de La Salud ya ha alertado de que Afganistán presenta la tasa más alta de mortalidad materna de Asia. Mujeres, bebés y menores embarazadas que mueren durante los partos.

Safia Jan Mohammad ejercía como jueza de violencia contra la mujer en Afganistán y apuntó que durante el ejercicio de su profesión ha lidiado con vulneraciones de derechos que ahora se han incrementado para las mujeres como violaciones en grupo, venta de mujeres y niños, lesiones, matrimonios forzados, la tradición de obligar a casarse a una mujer de una familia en la que un hombre ha cometido un asesinato para reconciliarse con la familia de la víctima... “Los talibanes convierten a niños en víctimas de sus objetivos y los usan en atentados suicidas”. “El dominio de este grupo es un peligro en Afganistán y en el mundo”, insistió.

La vida en el exilio

Las magistradas ponentes viven ahora como refugiadas con la ayuda de organizaciones como CEAR, aunque reconocen que es muy difícil vivir alejadas de su país. Gulalai Hotak explicó que lleva ocho meses en España, pero es muy complejo aprender el idioma y aquí no puede ejercer su profesión, pero necesitan trabajar para salir adelante. De Afganistán huyó a Turquía con ayuda de su hermano y después con la Asociación de Mujeres Juezas de España pudo llegar a este país.

La presidenta de dicha asociación, la magistrada Gloria Poyatos, referente en los derechos de las mujeres, explicó que trabajando de la mano con la Asociación Internacional de Juezas (de la que eran miembros las magistradas afganas) se ha conseguido ir sacando a las juezas de ese país, que en 2021 empezaron a recibir amenazas por “haberse atrevido a juzgar a un hombre siendo una mujer”. Recordó que en enero de 2021 dos juezas “fueron asesinadas a golpe de pistola cuando entraban en el Tribunal Supremo”.

Ayudar a que las mujeres se exiliaran ha sido complejo ya que los talibanes les embargaron las cuentas y sus bienes. Se vieron sin dinero y con sus familias a cuesta. Desde el exterior, las asociaciones de juezas gestionaban sus visados, y mientras tanto han ido pasando por distintos pisos donde no podían permanecer demasiado tiempo para no levantar sospechas. Muchas se trasladaban a Pakistán (donde recientemente Herreros se ha reunido con 30 fiscalas para conocer su situación) y de ahí a otros países, pero aún quedan 70 en Afganistán “están ocultas y amenazadas”.

Además de juezas, las fiscalas y abogadas también viven bajo amenaza. La delegada del Gobierno contra la violencia de género insistió en este encuentro en que “los derechos humanos son universales o no son” y que todo se puede venir abajo de un momento a otro, por ello es tan importante garantizar los derechos y respetar los convenios internacionales. Durante su intervención, detalló las acciones que lleva a cabo el Ministerio de Igualdad para las mujeres en situación de violencia de género que viven en el exterior y las víctimas de trata. En este sentido, Inés Herreros recordó que muchas de las situaciones que cuentan estas mujeres afganas se vivieron en España durante el franquismo. Cabe recordar, que entonces las mujeres españolas no tenían acceso a muchos puestos de trabajo, a estudios universitarios o a una cuenta bancaria en solitario.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, inauguró las jornadas instando a no olvidarse de este país y apuntó que muchas de las mujeres que lograron huir están siendo ahora amenazadas por los maridos que dejaron allí con no volver a ver a sus hijos. “No podemos consentir este fracaso de la comunidad internacional ante el silencio cómplice de nuestros organismos”, remarcó.

Los sueños de los niños

Marjan Ahmadi no fue la única menor que participó en una mesa moderada por la viceconsejera de Justicia Carla Vallejo. Ahmad Muzamel Ismail Khil también tiene 11 años y comentó lo mucho que echa de menos a su abuela, su barrio, la cancha donde jugaba con sus amigos. Le gusta mucho el fútbol y espera que sus padres puedan tener pronto un trabajo. “A la gente que viene de Afganistán se la ayuda, pero no lo suficiente. Tenemos problemas con el idioma” y reivindicó que se ayude a los niños a estudiar. En el encuentro estuvieron presentes dos niñas que estudian en colegios canarios, Inés Sánchez (15 años) y Cristina Martínez (14), que pidieron que la situación de las mujeres y niñas de este país deje de ser invisible en España y no solo porque podría ocurrir aquí sino porque “basta con que pase en un solo país para que todas luchemos”. Y es que, “los Derechos Humanos o son universales o no son derechos”, dijo Vallejo recordando las palabras de Victoria Rosell.

La jornada que fue inaugurada por el consejero de Administraciones Públicas y Justicia, Julio Pérez y la diputada del Colegio de Abogados de Las Palmas Pino de la Nuez, ha finalizado con la mesa Refugio, Impactos de Género, Infancia y Adolescencia. La Urgente Modificación de la Convención de Ginebra para Integrar el Sexo, Género y Edad como Causas Autónomas de Persecución, donde participaron la magistrada Gloria Poyatos, Noor Ammar Lamarty, de WomanbyWoman e Ignacio Rodríguez Tucho, de la asociación 14Lawyersy. También contó con las intervenciones finales de la magistrada afgana Friba Quraishi y la niña Marjan Ahmadi para cerrar.