La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha pedido este viernes a los ayuntamientos que colaboren con el ejecutivo en la agilización de los expedientes para atención de las personas dependientes y que dejen de lado sus reticencias para implicarse.
Esta colaboración “no es a cambio de nada”, sino que el Gobierno ofrece una financiación adicional a los ayuntamientos que colaboren con el ejecutivo.
Lo que les pide el Gobierno a los municipios es que faciliten los informes sociales de las personas solicitantes, en lugar de tener que realizarlos la Consejería, para así poder resolver más rápido el reconocimiento de su dependencia y las ayudas, ha explicado Valido.
La consejera se ha pronunciado así poco antes de reunirse con los concejales de políticas sociales de 61 ayuntamientos de Tenerife y Gran Canaria, los de menos población, municipios con los que el ejecutivo quiere acordar en una primera fase este protocolo de colaboración.
Los ayuntamientos, “no todos, porque algunos colaboran desde el primer día”, temen que el Gobierno intente pasarles la gestión de la dependencia, pero no se trata de eso porque esta es indelegable, explicó Valido en declaraciones a los periodistas.
La solicitud, tramitación y resolución de los expedientes corresponde a la Comunidad Autónoma, y los único que pretende su departamento es que los ayuntamientos, que tienen conocimiento directo de muchas de los solicitantes, se encarguen de realizar el informe social correspondiente, que en muchos casos “ya lo tienen hecho” porque esas personas ya están recibiendo alguna prestación municipal.
La misma implicación va a pedir el Gobierno a los cabildos en relación a los dependientes de grado uno que ya usan prestaciones de los servicios sociales insulares.
“Buscamos un trabajo colaborativo entre las tres administraciones”, conseguir reproducir en Canarias “una estructura que es la que ha permitido a otras comunidades ir más rápido en los reconocimientos y en las prestaciones”, insistió la consejera.
Para ello, este tipo de reuniones persiguen explicar lo que se necesita de los municipios, que es únicamente un informe social, y cómo puede colaborar financieramente el ejecutivo.
Desde aquí a fin de año se podrá analizar cuánto se ha podido agilizar el procedimiento gracias a esa colaboración, agregó.
En la primera fase se ha convocado a los municipios de menos población de Gran Canaria y Tenerife porque al tener menos expedientes es más fácil organizar el trabajo en común, pero en una segunda fase se incorporará a los municipios de mayor población.